ROSARIO.- Cuando los narcos apelan a la crueldad extrema es porque algo se rompió en el tejido que les da contención. No es solo saña: un crimen con este nivel de alevosía, como la que usaron para torturar y asesinar a Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, sirve para demarcar el poder que encarna el líder mafioso.
La exposición del triple homicidio, transmitido por redes sociales, excede el terror que irradia en el entorno de las víctimas y en la zona: es un mensaje que va más arriba, hacia sus rivales e, incluso, hacia la policía y el poder político. Es una cara terrible del conurbano, que cada tanto ajusta cuentas con víctimas, en muchos casos, vulnerables. Los narcos no se enfrentan entre ellos ni con la policía para exhibir su poder: siembran cadáveres y, como en este caso, con tres chicas asesinadas de manera cruel.
Los gestores de esa crueldad creen necesario dejar a la vista que la venganza que termina en la muerte no alcanza, porque buscan implantar el terror para dejar en claro al resto que nadie puede traicionar ni robarle al jefe narco, como se sospecha que sucedió en este caso: que una de las jóvenes se quedó con un paquete de droga ajeno.
Es un aleccionamiento para el resto de la comunidad, para quienes viven de los engranajes mafiosos que mueve el narcotráfico y para quienes dudan en romper las lealtades de ese submundo que tiene reglas propias. Si la víctima es mujer, esa crueldad es mayor, como lo advierte un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) de 2022.
“Es un desquiciado. Decidió disciplinar a sus lugartenientes mostrando lo que es capaz de hacer para construir autoridad”, explicó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sobre Pequeño J., el joven peruano que tiene su base de operaciones en la villa 21-24, en el límite entre los barrios porteños de Barracas y Nueva Pompeya, y está sospechado de planear el triple asesinato.
Pequeño J. transmitió a través de una red social las torturas a las que sometieron a las tres jóvenes. Ese “espectáculo” morboso lo vieron entre 40 y 45 personas, y nadie denunció lo que mostraba la pantalla. Esa pequeña comunidad era parte del esquema mafioso y también el destinatario directo del mensaje.
El informe preliminar de las autopsias señala que a Lara, de 15 años, le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja antes de cortarle el cuello. Sobre ella, los asesinos aplicaron la mayor saña. A Brenda le asestaron varios puntazos en el cuello para torturarla, la golpearon en la cara y la asesinaron de un fuerte golpe que le provocó aplastamiento del macizo facial. Después de matarla, le abrieron el abdomen.
“La lógica de la crueldad no es una acción aislada, sino una forma de operación articulada. Es racional y planificada hasta sus últimas consecuencias. En este terreno, el horror está justificado y calculado”, ensaya Concepción Delgado Parra, investigadora de México, un país que enfrenta un problema endémico con la violencia narco.
Esa crueldad no se inscribe en un ataque de ira, como advirtió el ministro de Seguridad bonaerense, sino que es algo más profundo: una alerta de que el problema puede escalar porque el dominio es diferente.
El 18 de septiembre de 2020, la Gendarmería detuvo, a la altura de la localidad bonaerense de San Pedro, un colectivo que había salido esa mañana del barrio de Once. Una chica de 15 años iba acompañada por una pareja peruana que la había raptado en la villa 31, de Retiro. La adolescente declaró luego que Joseth Escriba Morales y Elba Marilú Escriba la llevaban a Perú para convertirla en “mula” para pasar cocaína.
A la chica la violaban desde los 12 años en el barrio, donde estaba sometida a un sistema de trata sexual.
A diferencia de lo que sucedió en Rosario, donde la violencia narco se transformó en un problema social y político durante más de una década, el conurbano expone desde hace dos décadas un “crimen autorizado”, término que usó la periodista mexicana Marcela Turati en su libro San Fernando. Última parada.
No hay bandas poderosas como las que crecieron en Rosario desde la extrema marginalidad, como Los Monos, cuyo principal activo para crecer en el narcotráfico fue un uso extremo de la violencia, que servía para sostener el negocio.
Esteban Alvarado y Ariel “Guille” Cantero, presos bajo un régimen de aislamiento en el penal de Marcos Paz, quedaron expuestos por los crímenes que se transformaron en situaciones cotidianas y aterradoras, que rompían las complicidades con la policía.
Se convirtieron en un problema político cuando la población empezó a cambiar su forma de vivir, sus rituales y a vengarse en las urnas ante el fracaso.
La Gendarmería desembarcó 14 veces en Rosario bajo distintos programas de seguridad, y la tasa de homicidios llegó, en 2022 a 22,24 por cada 100.000 habitantes.
En el último año, los crímenes bajaron un 65%, pero la violencia no desapareció, sino que se hizo selectiva, al estilo del conurbano, donde las estadísticas muestran otra película. A lo largo del tiempo, los homicidios se redujeron en la provincia de Buenos Aires, al pasar de 11,8 víctimas por cada 100.000 habitantes en 2001 a 4,6 en 2023, alcanzando un mínimo histórico en 2024.
Durante ese año, según un informe de la Superintendencia de Análisis Criminal, se produjeron 811 asesinatos en esa provincia. De ese total, la mayoría fue en ocasión de robo (el 21,9 %) y la segunda causa fue lo que denominan de manera general “ajuste de cuentas”, con el 20,8%.
Los registros oficiales están en una dimensión distinta de la que se vive en un territorio donde el poder del narcotráfico eclosiona a veces con un uso de la violencia extrema, pero en la vida cotidiana se expresa en una jerga en la que ese “orden clandestino” se sostiene con supuestas complicidades.
