La sociedad no sale de su asombro luego de enterarse de que la jueza del Tribunal Oral de San Isidro Julieta Makintach decidió participar, si no acaso producir, un documental-miniserie sobre sí misma, para lo cual introdujo un camarógrafo en una audiencia que ella debía tomar en el juicio por la muerte de Diego Maradona donde se debía garantizar el debido proceso para establecer las reales causas de su fallecimiento. Infringió así las reglas de su propio tribunal e hizo actuar como involuntarios “extras” a sus colegas, a los abogados y a los parientes del futbolista. Para colmo de males, el proceso puede, por ese motivo, declararse nulo con el dolor que ello significará para familiares y testigos, con el dolor que ello significará para familiares y testigos que deberán exponerse nuevamente.
El episodio implicó la descarada utilización de recursos públicos (que a la postre fueron además derrochados), y sobre todo de un drama humano, para un ejercicio de promoción personal tan vergonzoso como inconcebible en una magistrada.
Descubierto el proceder de la jueza, su primera reacción fue negar estar al tanto del proyecto audiovisual. “Lo puedo decir de corazón, por mis hijos. No conocía este material. Sé que no me van a creer. Desconocía todo, incluso el guion. Espero que el juicio pueda seguir sin mí”, afirmó. Su pretendida defensa sobrevino a la difusión del documental durante la audiencia de anteayer, presentado por el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari como prueba para fundamentar el pedido de recusación de Makintach. La jueza fue apartada, pero el profundo daño ya había sido hecho.
La filmación, cuyo primer capítulo lleva por título “La Justicia y los lugares”, comienza con Makintach ingresando en los Tribunales de San Isidro. Las imágenes habrían sido tomadas 48 horas antes de que comenzara el juicio por la muerte de Maradona. La producción continúa con el audio de la llamada al 911 en el que se solicita una ambulancia para un barrio privado, destinada a atenderlo. En la audiencia de anteayer, Makintach volvió a negar su participación.
Sin embargo, esas pruebas presentadas por el Ministerio Público incluían imágenes donde la magistrada explicaba los motivos que la llevaron a participar del film. “Cuando me vinieron a preguntar si estaba interesada o con ganas de hacer un documental vinculado a este juicio me pareció raro. No es un ámbito mío. Pero me pareció que, porque la sociedad lo iba a esperar, merecía que el Poder Judicial le rindiera cuentas de su trabajo. Nada mejor que nosotros, que somos los seres humanos que estamos detrás de este juicio, para darle explicaciones a la sociedad de cómo la Justicia lo resuelve. Me parece que es un servicio público”, explicaba Makintach.
A esta altura de los hechos no parecen quedar dudas de que la magistrada pretendía homenajearse en lugar de garantizar el servicio de justicia sin tomar en cuenta siquiera el dolor al que exponía a familiares y testigos. Se ve claramente que el objetivo de la producción era reflejar sus intervenciones, empezando por un movimiento tan rutinario como su viaje en auto hasta el lugar donde trabaja, algo que carecería de toda relevancia para el público si el argumento no se relacionara con la triste historia de uno de los máximos ídolos deportivos del mundo, de cuyo atractivo mediático la “jueza-actriz” estaba decidida a apropiarse.
El caso es tan grosero que no merece mayor evaluación. No hay ninguna justificación tampoco para una jueza que, descubierta en su frivolidad y en su exhibicionismo casi adolescente, intentó una defensa en lugar de renunciar a su cargo de inmediato y dejar de cobrar su salario, solventado con el dinero de los impuestos que deben pagar los contribuyentes.
Además del apartamiento del juicio y la impuesta suspensión del dictado de clases como docente universitaria, Makintach podría enfrentar cargos por incumplimiento de deberes, prevaricato, negociaciones incompatibles con su función y asociación ilícita. Ya se han presentado varios pedidos de juicio político en su contra ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales bonaerenses, y la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia de ese distrito también le inició un sumario.
Lo importante ahora es para qué sirve este nefasto episodio, las lecciones que deja y, sobre todo, cómo reacciona finalmente para gestionarlo el sistema de justicia, que no se caracteriza precisamente por su capacidad de autodepuración ni velocidad.
La pregunta de fondo –aunque no la única– es si se trató de un episodio aislado o de un síntoma y debe servir como recordatorio a los políticos de que, para nombrar gente a cargo de los tribunales, primero hay que definir el perfil técnico y los requisitos éticos y de madurez de los candidatos, según rigurosos y exclusivos criterios de mérito. Ello llevará a nombrar al más adecuado y no al revés, como lamentablemente ocurre.
No hay efecto sin causa. Ningún sistema es mejor que las personas que lo hacen funcionar. La Argentina, para vergüenza local y mundial, no se ha tomado en serio todo lo que debería a la hora de definir a quién encarga resolver sobre la libertad, la propiedad y el honor de los ciudadanos, tal vez la más delicada de las tareas que los seres humanos pueden encomendar a un semejante.
