A partir del 1° de enero de 2026, Texas se convertirá en el tercer estado de Estados Unidos en contar con una legislación integral para regular la inteligencia artificial (IA) en el ámbito laboral y empresarial. La nueva norma, denominada Texas Responsible Artificial Intelligence Governance Act (TRAIGA), fue firmada por el gobernador Greg Abbott el 22 de junio de 2025 y busca establecer un marco jurídico que promueva la innovación sin descuidar la protección de derechos y la transparencia en el uso de esta tecnología.

Qué establece la nueva ley sobre IA en el ámbito laboral y empresarial de Texas

El Texas Responsible Artificial Intelligence Governance Act sentará las bases para regular el desarrollo y la implementación de sistemas de IA en empresas y organismos públicos que operen dentro del estado. A diferencia de otros marcos legales, la norma texana fue diseñada para fomentar la innovación tecnológica, con un enfoque más flexible en materia de cumplimiento y un alto estándar de prueba para demostrar discriminación algorítmica.

Una vez que entre en vigor, la ley impondrá obligaciones tanto a los desarrolladores como a los usuarios de sistemas de IA, prohibirá el uso de herramientas que generen sesgos o discriminación, y creará un entorno de experimentación regulada en EE.UU.

Según la firma DLA Piper, Texas “busca un equilibrio entre el fomento de la competitividad tecnológica y la prevención de abusos”, con medidas que alcanzarán tanto al sector privado como a entidades gubernamentales.

Uso de la IA en Texas: principales obligaciones y restricciones de la nueva ley

El nuevo marco legal afectará a todas las personas y empresas que realicen negocios en Texas o que ofrezcan productos o servicios basados en IA a residentes del estado. La definición de “sistema de inteligencia artificial” abarca cualquier tecnología capaz de generar resultados que influyan en entornos físicos o virtuales, lo que incluye desde modelos generativos hasta sistemas biométricos.

Entre las obligaciones más relevantes que fija la ley se encuentran:

• Transparencia ante los usuarios: las entidades gubernamentales deberán informar cuando una persona esté interactuando con un sistema de IA. El aviso deberá ser claro, visible y redactado en lenguaje simple.
• Prohibición de manipulación del comportamiento humano: ni los desarrolladores ni los usuarios podrán utilizar inteligencia artificial con el fin de promover la violencia, el daño personal o actividades delictivas.
• Veto al “puntaje social”: como en el modelo europeo, Texas impedirá que organismos públicos empleen algoritmos para clasificar personas en función de su comportamiento social o económico, cuando esto derive en tratos perjudiciales o desproporcionados.
• Protección de datos biométricos: se prohíbe el uso de IA para identificar individuos mediante información biométrica obtenida de fuentes públicas, salvo con consentimiento previo.
• Respeto a los derechos constitucionales: no podrán desarrollarse ni aplicarse sistemas de IA cuyo objetivo sea limitar derechos amparados por la Constitución estadounidense o texana.
• Contenidos sexuales con menores: se prohíbe expresamente el uso de inteligencia artificial para generar, distribuir o asistir en la creación de material sexual que involucre menores de edad, incluso mediante deepfakes.

Una característica singular de esta ley es que solo considerará sancionable la discriminación o vulneración de derechos cuando exista “intención” de cometerla. Es decir, no bastará con que un algoritmo produzca un impacto desigual, sino que deberá demostrarse que el desarrollador o usuario actuó con propósito discriminatorio.

Innovación regulada con inteligencia artificial en Texas

Uno de los aspectos más destacados de la TRAIGA, según DLA Piper, es la creación del primer “sandbox” regulatorio de IA en Estados Unidos, un espacio controlado donde las empresas podrán probar aplicaciones innovadoras sin necesidad de cumplir de inmediato con todas las licencias o permisos estatales.

El programa será administrado por el Departamento de Recursos de Información (DIR, por sus siglas en inglés) junto con el nuevo Consejo de Inteligencia Artificial de Texas. Los proyectos aprobados podrán operar por un periodo de 36 meses y estarán sujetos a una evaluación continua.