Un fallo de una corte federal de apelaciones reabrió este miércoles un debate que afecta de manera directa a más de 60.000 migrantes que residen en Estados Unidos desde hace décadas. Tras una decisión emitida por el Noveno Circuito, la administración Donald Trump quedó habilitada a retomar la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de Nepal, Honduras y Nicaragua.

El fallo del Noveno Circuito contra los migrantes hondureños y nicaragüenses

El miércoles 20 de agosto, un panel de tres jueces del Noveno Circuito concedió al gobierno federal la suspensión de una orden previa que había frenado la terminación del TPS. Esa medida había sido dictada el 31 de julio por la jueza de distrito Trina L. Thompson, quien determinó que el programa debía extenderse al menos hasta el 18 de noviembre para permitir un análisis más profundo del caso. Sin embargo, la corte de apelaciones dio lugar al pedido del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y abrió el camino para que el Ejecutivo continúe con su plan.

De acuerdo con lo publicado por Courthouse News Service, los magistrados no ofrecieron una justificación detallada de su decisión. La resolución se limitó a ordenar que las partes presenten, en un plazo de siete días, un calendario para los próximos pasos del proceso judicial. Los jueces que integraron el panel son Michael Hawkins, designado por Bill Clinton; Consuelo Callahan, nominada por George W. Bush; y Eric Miller, propuesto por Donald Trump.

El impacto de la medida se traduce en fechas concretas. Para los migrantes de Nepal, la pérdida del estatus se produjo de inmediato, ya que el vencimiento estaba fijado para el 6 de agosto. En el caso de hondureños y nicaragüenses, la terminación se aplicará el 8 de septiembre, momento en el cual expirará la autorización de empleo y quedarán expuestos a detención y deportación en ausencia de otra vía legal.

Cómo se llegó al fallo que permite a Trump ponerle fin al TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua

El TPS es un programa aprobado por el Congreso estadounidense que otorga permisos de residencia temporal y de trabajo a ciudadanos de países que enfrentan situaciones de crisis, como conflictos armados, catástrofes naturales o colapsos económicos. La protección no habilita un camino hacia la ciudadanía, pero durante décadas brindó estabilidad a miles de familias.

En julio de este año, la National TPS Alliance y varios beneficiarios individuales presentaron una demanda contra la administración Trump. El recurso judicial cuestionó la legalidad de la decisión del DHS, dirigida por la secretaria Kristi Noem, de cancelar el estatus para Nepal, Honduras y Nicaragua.

Según el escrito, la determinación violó el Acta de Procedimiento Administrativo porque el gobierno actuó de manera arbitraria, sin seguir el marco de revisión establecido por la ley, y estuvo motivada por prejuicios raciales.

La jueza Thompson, que había otorgado la extensión temporal del programa, abrió su resolución con una frase contundente: “La libertad de vivir sin miedo, la oportunidad de la libertad y el sueño americano. Eso es todo lo que los demandantes buscan”.

Pese a esa postura, el gobierno recurrió de inmediato al Noveno Circuito y alegó que sufría un “daño irreparable” al verse imposibilitado de aplicar su política migratoria. El propio representante del Departamento de Justicia, Drew Ensign, argumentó que la suspensión le impedía ejecutar acciones de control migratorio que ya deberían estar en marcha.

El Ejecutivo también defendió que la cancelación del TPS es una prerrogativa exclusiva del gobierno federal y que las cortes no tienen facultad de revisar esa determinación. Para reforzar su posición, citó un fallo de la Corte Suprema emitido en marzo pasado que habilitó a retirar protecciones temporales a migrantes venezolanos.

Críticas de las organizaciones defensoras ante el nuevo fallo por el TPS: “Sufrimiento inmenso e innecesario”

El fallo del Noveno Circuito provocó una inmediata reacción de las organizaciones que litigan en favor de los migrantes. En un comunicado, la ACLU calificó la decisión como devastadora y denunció que la corte no ofreció explicación alguna de por qué la situación fue considerada una “emergencia”.

Diversos testimonios de los propios beneficiarios reflejaron la angustia que genera la medida. Sandhya Lama, originaria de Nepal y madre de dos hijos ciudadanos estadounidenses, expresó: “He vivido en Estados Unidos durante años y mis hijos nunca han estado en Nepal. Este fallo nos deja a miles de familias en incertidumbre. No somos una emergencia, somos vecinos, trabajadores y familias que construimos nuestra vida aquí”.

La abogada Jessica Bansal, de la National Day Laborer Organizing Network, advirtió que más de 40.000 niños ciudadanos estadounidenses viven con padres bajo TPS y que esta decisión generará “un sufrimiento inmenso e innecesario para decenas de miles de familias”.

De igual manera, Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Políticas Migratorias de la Universidad de California en Los Ángeles, sostuvo que la resolución “simplemente avala un abuso de poder, exponiendo a miles de personas a detenciones y deportaciones ilegales”.

Para quienes vivieron durante décadas bajo la protección del programa, la decisión significa la amenaza de perder todo. Jhony Silva, hondureño con TPS, expresó: “No puedo creer que el gobierno quiera quitarme mi estatus y separarme de mi hijo. No he estado en Honduras desde que era un bebé. Mi trabajo, mi familia y toda mi vida están aquí”.

Los grupos que encabezan la demanda, entre ellos la National TPS Alliance, la ACLU de California y el Haitian Bridge Alliance, remarcaron que continuarán con las acciones legales y la organización comunitaria.

Teófilo Martínez, líder hondureño y uno de los demandantes, enfatizó: “No dejaremos de luchar por permanecer en el único hogar que muchos de nosotros hemos conocido. Seguiremos peleando por protecciones permanentes y contra la separación cruel de nuestras familias”.