Argentina, un país marcado a través de la historia, por profundas desigualdades económicas y sociales, se enfrenta en general, a complejos desafíos en la aceptación de los fallos judiciales, especialmente cuando estos apuntan a la corrupción política.
La contradicción entre una justicia eficaz y la indiferencia provocada por años de impunidad y desilusión se expresa de múltiples formas en nuestra sociedad, sobre todo en la relación entre los medios y la percepción pública, junto con el enfoque pensando en lo que le dejaremos como legado de país, a las generaciones venideras.
Somos conscientes cada vez más, que la corrupción está socavando desde hace décadas, la confianza en las instituciones y profundizando las brechas sociales.
En este contexto, cada sentencia condenatoria contra un político corrupto es recibida con una mezcla de “alivio y escepticismo”. Por un lado, genera una esperanza tangible: la posibilidad de que el sistema judicial, a pesar de sus falencias, pueda efectivamente rendir cuentas a quienes abusan del poder. Esta esperanza se alimenta de la creencia en la igualdad ante la ley y en la necesidad de limpiar la esfera pública para construir un futuro más justo.
Sin embargo, esta expectativa es a menudo frágil: la historia reciente muestra casos donde las condenas fueron revocadas, los procesos se extendieron indefinidamente o las penas no se percibieron como proporcionales al daño causado, y menos la devolución de los defalco económicos contra la administración pública, que en concreto pudieron ser fondos de todos los argentinos de bien.
El resultado es que la mayoría de la gente de a pie, se acostumbra a la noticia de un nuevo escándalo, y la capacidad de sorpresa y de indignación disminuye, transformándose en “resignación”.
Los medios de comunicación – muchas veces y no todos – juegan un papel ambivalente en la aceptación de los fallos judiciales, porque, por un lado, son fundamentales para la difusión de la información y la transparencia, pero también exponen los casos de corrupción, presionan por la acción judicial y mantienen viva la conversación pública sobre la necesidad de justicia, porque “mide y genera rating”. Esto puede o no, reforzar la esperanza en la justicia, pero ciertamente moviliza a la opinión pública.
Las consecuencias de la sobreexposición de casos complejos, a menudo con largos procesos judiciales, puede llevar a la fatiga informativa, y los medios tradicionales lo saben por la caída en las planillas de las mediciones de audiencia a lo largo de los años. Además, sabiendo que son empresas privadas, la cobertura selectiva o sesgada puede alimentar aún más, la desconfianza en el sistema judicial, presentándolo como una herramienta política o como un escenario donde la justicia es lenta e ineficaz.
Lo que pretendemos decir es que esta especie de “dualidad mediática” contribuye tanto a la esperanza de un cambio, como a la apatía por la aparente recurrencia de estos problemas.
Sumado al contexto de desigualdad social y económica en Argentina, y con brechas que se agudizan, se añade una capa de complejidad a la aceptación de los fallos judiciales que se viven a través de los medios.
Entonces, para amplios sectores de la sociedad que luchan día a día por satisfacer sus necesidades básicas, la corrupción política no es solo un concepto abstracto; se traduce en menos recursos para salud, educación, seguridad o infraestructura básica como tener agua, gas, y asfalto. Ergo, ven cómo los fondos públicos, que podrían mejorar sus condiciones de vida, son desviados para beneficio de unos pocos.
A pesar de todo lo malo, hay desafíos, y podemos decir que deberemos apuntar a sembrar semillas de esperanza; esperanza en las generaciones futuras como un motor poderoso ¿de qué manera? Con Madres, padres, docentes y líderes sociales, que busquen inculcar en los más jóvenes la importancia de la honestidad, la transparencia y el respeto por las instituciones, con la idea de que una sociedad más justa es posible.
Las nuevas generaciones, con mayor acceso a la información y una creciente conciencia cívica, pueden ser el motor de este cambio. Si perciben que la justicia es efectiva y que los corruptos rinden cuentas, es probable que su esperanza en las instituciones se fortalezca y que en el futuro se comprometan activamente en la construcción de un país más equitativo.
En definitiva, la aceptación de los fallos judiciales contra la corrupción de los políticos en la Argentina, es un reflejo de la compleja relación existente entre la sociedad y sus instituciones.
Navegar entre la esperanza de un futuro más justo y la apatía generada por las decepciones pasadas requiere un compromiso constante con la transparencia, la independencia judicial y una ciudadanía activa y comprometida, ya que solo así se podrá construir una base sólida para que las generaciones próximas hereden un país donde la justicia no sea una aspiración, sino una realidad palpable.
