Integrantes de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Silvana Ginocchio, escucharon ayer a una veintena de expositores de diferentes localidades del país que, en su mayoría, rechazaron los decretos 345 y 346 ideados por el ministros de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que afectan a varios organismos de la Secretaría de Cultura a cargo de Leonardo Cifelli.
¿Borges fue o sería libertario?: a la hipótesis mileísta, responden los especialistas
Presentados como medidas administrativas, los decretos despojan de autonomía a organismos como la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y el Instituto Nacional del Teatro (INT), establecen el cierre y la fusión de institutos de investigación histórica y le resta quince de las dieciocho atribuciones a la Comisión Nacional de Monumentos, de Bienes y de Lugares Históricos.
Si se aprueban los decretos, todo el poder pasaría al Poder Ejecutivo, que podrá reasignar y recortar fondos, designar de manera discrecional a miembros de comisiones ad honorem y evaluar la continuidad de programas. Uno de los expositores, Gonzalo Pérez, presidente de la Asociación Argentina del Teatro Independiente, denunció que los decretos eran inconstitucionales y que el Congreso debía “voltearlos”.
La diputada Carolina Gaillard, de Unión por la Patria (UxP), sostuvo que el Congreso podía rechazar los decretos a partir del 23 de junio porque son inconstitucionales. “No necesitamos que dictamine ninguna comisión de esta cámara o del Senado, y es posible rechazarlos de plano por ser decretos que van en contra de la legalidad”, dijo. Otros diputados ratificaron esa posición.
El legislador Eduardo Valdés indicó que los decretos violaban la ley Bases, que en el artículo 3° establece que el Ejecutivo no puede disolver los organismos culturales. “Si la Justicia establece que lo que se hizo con el Instituto Nacional Juan Domingo Perón [que depende del Ministerio de Capital Humano], no corresponde a derecho, no va a corresponder a derecho lo que se hizo con los otros”, estimó. “Esto no es eficiencia ni ahorro, es crueldad”, resumió la diputada Lorena Pokoik.
Alida Ferreyra, de La Libertad Avanza, en una breve exposición, consideró que si la cultura necesitaba del Estado, no era Cultura sino “propaganda”.
Solo un expositor, el periodista Marcelo Duclos, biógrafo del Presidente con Nicolás Márquez, se mostró a favor de los decretos, y fue por más: pidió la “separación” de la cultura y el Estado. “El Estado nada tiene que hacer con la cultura”, afirmó.
Una de las exposiciones más impactantes fue la del presidente del Instituto Nacional Belgraniano, el licenciado Manuel Belgrano, descendiente del héroe, que se presentó como “expresidente” del organismo. “Vengo a repudiar el decreto 346 que ha disuelto el Instituto Belgraniano -dijo-. Se habla de una emergencia económica, pero en nuestro insituto trabajan cuatro personas, tres de las cuales cobran poco más de $ 600.000. No son razones económicas, quieren mostrar que se achica el Estado pero no se achica el presupuesto”. Junto con los institutos Newberiano y el Browniano, el Belgraniano pasaría a formar parte de un megainstituto de investigaciones históricas del que aún se sabe poco y nada.
El Belgraniano fue creado en 1944. Desde diciembre de 2023, cuando asumió Milei, no recibe dinero en concepto de “caja chica”. “Lo solventamos los miembros de número, que somos ad honorem -contó Belgrano-. No gastamos en sede porque funcionamos en el Regimiento de Infantería n° 1, el Estado no paga luz, no paga gas, no paga alquiler ni seguridad; es una afrenta a la patria destituir el único organismo del Estado nacional que honra la memoria del fundador de esta patria, el general Belgrano; han ofendido a todo el pueblo argentino y a Manuel Belgrano”. En caso de aprobarse el decreto, el instituto seguiría funcionando con los aportes de los académicos.
El caso de la Comisión de Monumentos
“Es una institución que data de 1940 y que fue remozada por ley en 2014; el decreto hace que de las dieciocho atribuciones de la Comisión hayan quedado solo tres; el cuerpo va a ser discrecional y no va a haber construcción de saber”, detalló la profesora Mónica Capano sobre los cambios en la Comisión Nacional de Monumentos, de Bienes y de Lugares Históricos, que ella preside. Reveló que, en un año, se habían hecho tres mudanzas en el organismo y que los miembros del debían comprar los materiales para trabajar. Desde marzo del año pasado, el área de Cultura intentó modificar la Comisión que se ocupa de catalogar e incorporar obras patrimoniales del país.
“Si bien está la facultad de controlar las obras, ¿quién va a hacer las obras? Porque no hay obras públicas», ironizó; luego corrigió el número de trabajadores consignado por el ministro Sturzenegger. “Son 27 y no 55; llegan a ese número a través de un malabarismo porque suman a los docentes de la Escuela Nacional de Museología, que tienen dos horas cátedra por semana”, enmendó. “Anuncio con esto la muerte de la Comisión Nacional de Monumentos”, concluyó Capano.
En diálogo con LA NACION, el arquitecto Pedro Delheye, integrante de esa Comisión, remarcó que a través del decreto 345 el Gobierno Nacional le había dado “una estocada mortal a 85 años de institucionalidad pública”.
“Las modificaciones sobre el artículo 1º, 1º bis y 1º ter de la ley 12.665 configuran a la Comisión de Monumentos como una mera unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, con un cuerpo de asesores ad honorem de hasta diez miembros, sin estabilidad y por lo tanto sin firmeza alguna en sus recomendaciones y dictámenes -informó-. El carácter vinculante de estos consejos se torna abstracto al no tener estabilidad y al depender su nombramiento de una resolución de la Secretaría de Cultura. Toda vez que un informe no sea conveniente es posible reemplazar a los expertos que lo realizaron en una suerte de disciplinamiento profesional”.
Entre las atribuciones que se recortan con el decreto, figura la principal de la Comisión: la de proponer al Poder Ejecutivo la protección de bienes patrimoniales por decreto. “Facultad que solo le quedó reservada al Congreso Nacional -concluye Delheye-. Lo mismo ocurre con la facultad para proponer inmuebles específicos a adquirir. De esta manera, la Comisión tendrá solo atributos de autorización, control y vigilancia sobre intervenciones o transacciones en los bienes protegidos. La conjunción de estas modificaciones pone en estado de alerta a los más de 1600 bienes protegidos por ley o por decreto. Flexibilizar los procedimientos por los cuales se discuten y se aceptan o rechazan las modificaciones de los bienes protegidos unido a la incapacidad de proteger nuevos bienes por decreto es un subterfugio que deja liberado a la especulación inmobiliaria y al mercado bienes de enorme valor patrimonial”.
Hubo muchas exposiciones en defensa de la Conabip y del INT. Gastón Díaz, representante de la Asamblea de Teatristas de Entre Ríos, refutó los porcentajes del Gobierno respecto de gastos administrativos, hechos en base a un presupuesto que no ha sido actualizado desde 2023. El dirigente gremial de ATE, Nicolás Rodríguez Saá, denunció un plan de vaciamiento en la Secretaría de Cultura.
La actriz Alejandra Darín, que presidió hasta su muerte la Asociación Argentina de Actores, fue homenajeada por los presentes en la sala 1 del segundo piso del anexo A de la Cámara de Diputados.
