La Argentina tuvo un protagonismo casi nulo durante las dos semanas de negociaciones climáticas de la COP30 en Belém do Pará, Brasil. Es un avance si se lo compara con el papel del año pasado, cuando el Poder Ejecutivo decidió retirar a su delegación dos días antes del inicio de la cumbre en Azerbaiyán. Pero en relación con años anteriores, la presencia del país fue prácticamente fantasmagórica, salvo contadas intervenciones.

Desde la Casa Rosada enviaron a tres representantes: dos técnicos y a Eliana Saissac, directora de Asuntos Ambientales de Cancillería y única figura política de la delegación. Ni el secretario de Ambiente y Turismo, Daniel Scioli, ni el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, viajaron a la conferencia, pese a que ambos estaban previstos en la comitiva.

Durante meses, Brom había planificado su viaje para presentar un documento clave dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: la nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), que reúne las metas actualizadas de acción climática del país. Tras casi dos años de trabajo, el subsecretario incluso convocó a una conferencia de prensa, una semana antes del inicio de la COP30, para anunciar su inminente publicación.

Sin embargo, una semana después —y en medio de la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete— el documento nunca fue enviado a Naciones Unidas y Brom tampoco viajó a Belém. Para colmo, desde la Casa Rosada le solicitaron la renuncia, que hasta hoy no presentó. Aún no está claro qué motivó esa orden ni por qué la NDC quedó sin remitirse, aunque desde el área de Ambiente admitieron a LA NACION que el reporte quedó detenido en la Cancillería, a la espera de la firma del nuevo ministro, Pablo Quirno.

“Críticamente insuficientes”

El Climate Action Tracker calificó las políticas y compromisos climáticos de la Argentina como “críticamente insuficientes”, y el Observatorio Nacional de Acción Climática señaló que los avances recientes fueron leves o inexistentes. En 2024, la delegación abandonó la COP29 sin explicaciones y, poco después, el Gobierno evaluó retirarse del Acuerdo de París. Los recortes presupuestarios, la degradación a secretaría del Ministerio de Ambiente y declaraciones del presidente Javier Milei —quien propuso “revisar la serie histórica” de temperaturas— consolidaron la imagen de un Poder Ejecutivo negacionista.

Pese a ese escenario, el Gobierno anunció que presentaría una nueva NDC en la COP30, con un límite de 375 millones de toneladas de CO₂ equivalente para 2035, frente a los 359 millones fijados para 2030. La métrica en CO₂ equivalente se utiliza porque integra distintos gases de efecto invernadero —como metano u óxido nitroso— bajo la misma unidad. Aunque el Gobierno justificó el aumento del límite como una “actualización metodológica”, especialistas advierten que implica una virtual meseta en la acción climática. “La Argentina llegó a Belém sin una hoja de ruta clara y con más retrocesos que avances”, resumió Camila Mercure, de la Fundación Ambiente y Recursos naturales (FARN).

Ni género ni derechos humanos

La delegación argentina no dialogó con la prensa y se expresó en las salas de negociación sobre dos temas centrales. Primero, junto con Paraguay y Rusia, cuestionó la perspectiva de género incluida en un documento específico de la Convención. Durante la reunión plenaria de cierre, Saissac pidió incorporar aclaraciones sobre la interpretación de género en términos estrictamente binarios.

“La Argentina comienza oponiéndose a la inclusión de lenguaje de derechos humanos y género, en línea con la política diplomática de Milei de socavar esa agenda, alegando que esas cuestiones corresponden a la legislación nacional. Luego cuestiona las actualizaciones de ambición del Acuerdo de París y critica la Agenda 2030, sugiriendo —de manera incorrecta— que su lenguaje se usa para impulsar la ambición climática”, explicó el argentino Oscar Soria, director ejecutivo de Top Social y observador en la COP30, quien calificó la intervención de “pobre”.

El otro eje del discurso argentino fue la “defensa de la soberanía”. No la protección territorial o ciudadana, sino la soberanía como argumento para no comprometer reducciones de emisiones.

Aunque la NDC no se entregó a la ONU, el Gobierno sí comunicó su nuevo límite de emisiones: 375 millones de toneladas de CO₂ equivalente en 2035. En el informe anterior, el tope era de 359 millones para 2030, un número que debería ir bajando. Sin embargo, el nuevo techo se amplía y se proyecta cinco años más allá. Para dimensionar: en 2022, la Argentina emitió 401 millones de toneladas, según datos oficiales.

El aumento podría asociarse con la expansión de sectores altamente emisores. En la Argentina, el principal responsable del calentamiento es el sector energético (50%), seguido por el agroganadero-forestal (25 a 40%). Aunque el país aporta menos del 1% de las emisiones globales, eso no lo exime de compromisos de reducción.

Para Soria, el discurso en la asamblea plenaria “repite de forma fosilizada y superficial la narrativa de defensa de la soberanía, intentando presentar los consensos internacionales como imposiciones sobre los Estados”. Y concluyó: “Es una política aislacionista y defensiva, que usa la soberanía como excusa legal y procedimental para cuestionar consensos que incluso la Argentina y Paraguay habían promovido desde el Acuerdo de París”.