La confirmación por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, del decreto con el que se convocará la consulta popular, llevó al concejal de Bogotá y veedor ciudadano Daniel Briceño, del Centro Democrático, presentar una denuncia formal por prevaricato contra el jefe de Estado. Lo hizo ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en un recurso jurídico que interpuso junto a la exdirectora del Instituto Colombiana de Bienestar Familiar (Icbf) Cristina Plazas Michelsen y el abogado Alberto Boek Huyke.
A través de sus redes sociales, Briceño destacó su preocupación por lo que describe como un “abuso flagrante de poder”, luego de que el jefe de Estado firmó el decreto 0639, el miércoles 11 de junio de 2025, con el que dejó en firme su intención de que los colombianos acudan a las urnas para que se expresen sobre los cambios en el régimen laboral que quieren que se lleven a cabo. Y no se apartó, con ello, de la estrategia final con estas determinaciones; forzar un escenario idóneo para ir por una asamblea constituyente.
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“Le hemos pedido a la Cámara de Representantes que esté a la altura de la situación y que le ponga la cara al país”, aseveró el cabildante distrital, que argumentó que “no podemos seguir permitiendo que Gustavo Petro, su gobierno y sobre todo el señor Eduardo Montealegre (ministro de Justicia), con interpretaciones absolutamente acomodadas, violen el Estado de derecho”. Y agregó que el decreto firmado por Petro, que convoca a una consulta popular, es ilegal, ya que el Congreso rechazó previamente tal iniciativa.
El blanco de la controversia es el documento que, según los denunciantes, fue expedido “sin contar con el concepto previo, favorable y vinculante del Congreso de la República”. La denuncia ante el órgano cameral sostiene que esta acción no solo transgrede los límites legales, sino que además “afecta la separación de poderes, compromete gravemente el erario y se ejecutó con conocimiento pleno de su ilicitud”, según se detalló en el documento radicado dentro de los procedimientos legales del país.
En consecuencia, Briceño, que ha liderado diversas causas cívicas, y que en esta ocasión cuenta con el respaldo de una exfuncionaria del Estado, como Plazas Michelsen, añadió que “es necesario que se investigue y se tomen medidas ante estos actos que claramente desafían la estructura jurídica de nuestra nación”. Su participación añade peso a la denuncia, resguardada legalmente por Boek Huyke: un letrado que ha liderado casos de alta trascendencia jurídica en el territorio nacional.
¿Por qué acusaron a Gustavo Petro de incurrir en prevaricato?
La denuncia interpuesta por el concejal capitalino, que se suma a otras como la del exsenador David Luna, acusa a Petro de prevaricato por acción: un delito que en Colombia se considera cuando un funcionario público dicta una resolución contraria a la ley, y que está consagrado en el artículo 413 del Código Penal colombiano. Con ello se pide a la Comisión de Acusaciones que inicie una investigación “exhaustiva y rápida” para establecer responsabilidades con este tipo de conductas del primer mandatario, sujetas a señalamientos.
“La actuación no solo vulnera el principio de legalidad, sino que desnaturaliza los límites constitucionales de la participación ciudadana”, se leyó en un segmento de la acusación formal. Este argumento hace énfasis en las preocupaciones sobre la separación de poderes y el respeto a las normativas democráticas; en medio de un caso que ha suscitado un amplio debate en el país sobre la legalidad de las decisiones presidenciales y el marco de acción permitido al Ejecutivo, que estaría desconociendo la autoridad del Senado.
Y es que aunque algunos defensores del presidente ven la firma del decreto como un intento de Petro por avanzar en su agenda política, frente a lo que ha señalado es el bloqueo institucional a sus reformas en el cuerpo legislativo, los críticos, entre ellos Briceño, perciben esta proceder del jefe de Estado como un desafío directo a la autoridad que tiene el Capitolio en dar un concepto desfavorable al mecanismo de participación ciudadana llamado. Se aproxima, pues, una disputa jurídica que espera definirse antes del 7 de agosto.
