Se oficializó ayer en el Boletín Oficial el pago de una indemnización de US$11.000 al asesino Guillermo Antonio “Concheto” Álvarez. El Estado deberá abonar esa suma a esa persona que cumple condena desde la década del 90 por robos y homicidios, que fue beneficiado por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2023 había dictaminado que no se cumplieron garantías mínimas en el juicio realizado en 1999. La posición de ese tribunal internacional –cuyos fallos son de cumplimiento obligatorio para nuestro país– es que Concheto Álvarez no pudo contar con una defensa adecuada. Por eso el año pasado la Sala II de la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional declaró la nulidad de ese juicio que terminó en una condena de reclusión perpetua más accesoria por tiempo indeterminado.
Por ahora, sigue detenido en el penal de Villa Devoto, pero el proceso iniciado le permitiría quedar en libertad antes del previsto 1º de febrero de 2034. Y esta decisión adquiere ahora una fuerte actualidad, pues el reclamo al que dio razón la Corte Interamericana es similar a la estrategia judicial que parece seguir Claudio Contardi, el exesposo de Julieta Prandi que ayer fue condenado a 19 años de prisión por violación. Puede ser un antecedente.
El fallo que advirtió los errores procesales cometidos en tribunales argentinos se sustenta en que Concheto Álvarez no contó con una representación legal adecuada. Un repaso de lo ocurrido en 1999 establece preocupantes similitudes con el caso resuelto ayer en Campana. Álvarez llegó a juicio por los asesinatos de María Andrea Carballido y del subinspector de la Policía Federal Fernando Aguirre, cometidos durante un robo en el pub Company, en Belgrano. Tenía 18 años, pero como uno de sus cómplices era menor el debate oral quedó a cargo de un tribunal de menores. Se fijó fecha para el 12 de agosto de 1999. Un día antes, Concheto revocó la designación de sus defensores.
El tribunal le asignó una defensora oficial, la misma que tenía su cómplice. El comienzo del debate se aplazó hasta fines de agosto, pero poco antes el acusado designó otro abogado, que pidió una nueva postergación para interiorizarse del expediente. Se pasó entonces la audiencia inicial al 12 de octubre de 1999. Cuatro días antes, Concheto se quedó nuevamente sin letrados en su defensa…
El tribunal decidió no otorgar otra prórroga, al entender que se estaba ante una maniobra para dilatar el comienzo del juicio. Designó de nuevo a la defensora oficial, que en su primera intervención en el debate pidió la nulidad del juicio. No fue aceptado ese planteo y, finalmente, llegó la condena a reclusión perpetua que fue objetada por la Corte Interamericana.
El recorrido de la defensa de Contardi es bastante parecido. Pocos días antes del comienzo del debate oral en Campana se quedó sin abogado. Entró en la audiencia con el defensor oficial asignado por el tribunal días antes, pero a la vez con un letrado contratado que finalmente quedó a cargo de la representación de Contardi y dijo no conocer el expediente para plantear una defensa eficaz. Se solicitó primero una postergación, luego que el juicio fuera con un jurado popular –situación que Contardi había rechazado antes– y se reclamó luego la nulidad del debate. Todos fue rechazado por el tribunal y llegó la condena a 19 años de prisión tras tres audiencias en las que el imputado no se apoyó en peritajes propios ni en testigos. Y de inmediato, se anunció que Contardi tendría otro abogado que ya anticipó el planteo de nulidades porque al condenado no se le permitió un mejor asesoramiento de defensa.
A Concheto Álvarez la estrategia le puede haber dado un triunfo en la Corte Interamericana, confirmado ayer con el pago de indemnización, pero ya lleva casi treinta años tras las rejas. Esa sentencia objetada por el tribunal internacional no es la única condena que tuvo ese joven al que le gustaba robar y matar. Antes de esa pena a reclusión por tiempo indeterminado había sumado una pena de 25 años por robos e intento de homicidio, y 18 años por un homicidio simple.
En la cárcel se recibió de abogado y fue uno de los presos que negociaron el final del motín en el penal de Devoto en 2020.
