David Racero, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, emitió el 22 de septiembre un comunicado en el que rechazó las acusaciones que lo vinculan con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
En su pronunciamiento, Racero defendió su gestión y denunció una campaña de desprestigio, señalando que la controversia responde a una estrategia política orientada a afectar la imagen de los dirigentes del proyecto del cambio y a condicionar el ambiente electoral de cara a 2026.
El congresista afirmó que los señalamientos han sido desmontados por distintas fuentes, entre ellas, la representante Luz María Múnera, quien, según Racero, desmintió las versiones difundidas en medios y redes sociales.
“Hoy Luz María Múnera tumba el montaje, como antes han desmentido las acusaciones por parte de mi equipo de UTL del Congreso. El afán de atacar los expone a que los desmientan inmediatamente”, expresó Racero en su comunicado.
El dirigente insistió en que no se sumará a lo que calificó como una “agenda mediática a punta de conjeturas malintencionadas” y reiteró que su prioridad es sacar adelante un proyecto político colectivo, más allá de intereses individuales.
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Racero subrayó que la oposición mantiene una campaña sistemática para minar la confianza ciudadana en el Pacto Histórico, dosificando informaciones negativas en los medios con el objetivo de “dinamitar el buen nombre” de los dirigentes y afectar el desarrollo de la actual campaña electoral.
“Pretenden deslegitimarme, presionar a los jueces y a los militantes del Pacto”, señaló el congresista, quien también expresó su confianza en la objetividad de la justicia y en la capacidad de sus seguidores para identificar lo que considera maniobras de desprestigio.
El representante enfatizó que su compromiso está orientado a la transformación social y política, y que su trabajo se ha reflejado a lo largo de su vida pública.
Investigación de la Corte Suprema de Justicia y transferencias cuestionadas
El origen de la polémica se remonta a una investigación judicial en curso por presunto uso indebido de recursos públicos.
De acuerdo con información revelada por el periodista Daniel Coronell, la Corte Suprema de Justicia cuenta con pruebas documentales que detallan operaciones financieras entre 2018 y 2020, involucrando a colaboradores y familiares de Racero.
Entre los hechos investigados figura un depósito de 5.320.000 pesos realizado el 24 de diciembre de 2018 desde una sucursal bancaria en Puerto Carreño, Vichada, a la cuenta personal del congresista.
La transacción fue ejecutada por Yidis Gahona, miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Racero, quien junto a su esposa Estefanía Montoya —también integrante de la UTL— aparece como protagonista de varias transferencias. Montoya justificó estos movimientos como “préstamos temporales”.
La investigación también abarca transferencias a otros familiares del representante. El 29 de abril de 2019, Viviana Marcela Moreno, asesora de la UTL, transfirió dos millones de pesos al hermano de Racero, Jorge Luis Racero, y nueve días después, otros dos millones de pesos a la cuenta de Mariana Hernández, compañera permanente del congresista en ese momento.
Ese mismo día, Racero retiró 1.780.000 pesos desde un cajero en Bogotá, utilizando la cuenta de Hernández para recibir y extraer los fondos transferidos por su subalterna.
Los registros de la Cámara de Representantes muestran que Moreno percibía un salario de 9.937.392 pesos antes de deducciones, lo que implica que en menos de dos semanas entregó a familiares del congresista el equivalente a una quincena.
Además, en diciembre de 2019, Moreno transfirió cuatro millones de pesos al padre de Racero, Jorge Eliécer Racero, en lo que los investigadores califican como un “aguinaldo” navideño.
Durante la pandemia, el uso de fondos públicos para gastos personales quedó documentado en pagos recurrentes realizados por Moreno para cubrir el mercado de la casa de Racero.
El 1 de abril de 2020, Mieco Despensa recibió 1.913.184 pesos provenientes de la cuenta de Moreno para compras de alimentos destinadas al hogar del representante.
El 6 de mayo, la asesora pagó 162.180 pesos a Agrosolidaria, una tienda agrícola en Bogotá, y tres días después, Mieco Despensa recibió otro pago de 396.814 pesos.
Existen al menos seis pagos adicionales realizados por Moreno a Agrosolidaria, todos respaldados por documentos en poder de la Corte Suprema.
Estado de la investigación y reacciones institucionales
La Corte Suprema de Justicia mantiene abierta la investigación sobre estos hechos, mientras que la Procuraduría y el partido Pacto Histórico no han adoptado medidas frente a las evidencias presentadas.
Aunque las denuncias llevan un año en curso, la respuesta institucional ha sido limitada y la colectividad política a la que pertenece Racero no ha emitido pronunciamientos oficiales sobre el caso.
En el trasfondo de la controversia, Daniel Coronell ha sido el principal periodista en exponer los movimientos financieros y la falta de respuesta institucional, mientras que Luz María Múnera, mencionada por Racero, ha desmentido públicamente las acusaciones.
Por su parte, Yidis Gahona, uno de los implicados, dejó su puesto en la UTL de Racero tras un escándalo por acoso sexual y posteriormente fue contratado en la Consejería Presidencial para las Regiones, bajo la dirección de Múnera.
