El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció este domingo un incremento para los haberes previsionales de la provincia. La jubilación mínima ascenderá a $700.000 y se entregará un bono bimestral. La medida se financia con fondos que la Nación comenzó a girar tras una intervención de la Corte Suprema de Justicia por la deuda con el sistema local.
¿De cuánto es el aumento en las jubilaciones cordobesas anunciado por Llaryora?
El gobernador Llaryora detalló que el haber mínimo jubilatorio en la provincia pasará de $380.000 a $700.000. La suba representa un aumento del 84,21%. La administración provincial también confirmó el pago de un bono trimestral de $100.000. Este beneficio alcanza a todos los beneficiarios que perciban haberes de hasta $1.300.000.
En un mensaje grabado y difundido a través de la red social X, el jefe provincial explicó los motivos de la decisión. “He tomado la decisión de otorgar una suma fija para que ningún jubilado de Córdoba gane menos de $700.000, lo que prácticamente duplica el pago mínimo actual”, informó Llaryora. “Vamos a otorgar un bono trimestral de $100.000 para todos aquellos jubilados que tengan ingresos de hasta $1.300.000″, sumó en su comunicación.
La discusión por el origen de los fondos
La provincia reclama una deuda millonaria por el financiamiento de su Caja de Jubilaciones, por lo que Llaryora aclaró que la mejora en los ingresos de los pasivos depende de la continuidad de las transferencias nacionales. “Esta decisión se mantendrá mientras sigamos recibiendo estos fondos”, precisó.
“Como ustedes recordarán, logramos ante la Corte Suprema de Justicia que la Nación reconozca parte de la deuda que mantiene con la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba”, señaló el gobernador en el video. “Cumpliendo con la palabra que les di, esos recursos van a ir en parte a mejorar los ingresos de los jubilados cordobeses que menos ganan y más necesitan”, ratificó.
El conflicto por el financiamiento del sistema previsional cordobés comenzó en 1996, cuando la provincia de Córdoba decidió no transferir su caja a la órbita nacional y afrontar afronta el pago de jubilaciones con recursos propios. La ley nacional 27.260 establece que el Estado nacional debe compensar el déficit de las cajas provinciales no transferidas.
Las compensaciones se realizaban con regularidad hasta mediados de 2023, cuando los envíos de fondos se dilataron hasta interrumpirse por completo durante los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández. La gestión del presidente Javier Milei suspendió formalmente todas las transferencias. El argumento del Gobierno fue la necesidad de auditar los ejercicios anteriores.
Ante la falta de respuesta a los reclamos formales ante la ANSES y el Ministerio de Economía, el gobernador Martín Llaryora recurrió a la Corte Suprema de Justicia. En abril, el máximo tribunal del país convocó a las partes a una audiencia de conciliación. En esa instancia, el Gobierno nacional reconoció la existencia de una deuda acumulada con la caja cordobesa.
La administración nacional propuso una solución transitoria. Ofreció el giro de $60.000 millones a cuenta del ejercicio 2025. El monto se paga en doce cuotas mensuales de $5.000 millones cada una. Córdoba aceptó el acuerdo con reservas.
Llaryora aclaró que la cifra representa un alivio parcial y el reclamo por el monto total de la deuda continúa. Para establecer un número definitivo, la Nación y la Provincia acordaron realizar una auditoría técnica conjunta. La revisión abarcará los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y el corriente año 2024.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
