Uno de los pilares de nuestra economía, reconocido a nivel internacional, ha sido la fortaleza macroeconómica. Una inflación baja, un manejo responsable de la deuda pública y un déficit fiscal reducido han contribuido a consolidar la estabilidad fiscal de nuestro país, ubicándolo entre los más sólidos de la región, incluso a nivel global. Durante bastante tiempo, el Perú fue reconocido por su estabilidad macroeconómica en los reportes de competitividad del Foro Económico Mundial.
Sin embargo, en los últimos años esa fortaleza viene siendo amenazada a raíz de una serie de normas aprobadas por un Congreso desatado que, ante la debilidad del Ejecutivo, hipoteca las finanzas públicas por intereses particulares. De espaldas al pueblo, impulsa leyes que generan gastos superfluos para el Estado, sin considerar sus fuentes de financiamiento.
Así lo confirma un reciente informe del Consejo Fiscal: solo desde agosto de 2024, la implementación de las cinco leyes promulgadas con mayor impacto sobre las finanzas públicas tendría un costo fiscal adicional cercano a S/ 22,000 millones anuales. Además, actualmente el Congreso viene promoviendo iniciativas legislativas con impacto fiscal adverso. El costo anual de las diez más onerosas superaría los S/ 25,000 millones.
Mucha ligereza para plantear iniciativas de gasto. No solo porque hacerlo contraviene el artículo 79 de la Constitución Política del Perú, que establece que el Legislativo no puede crear o aumentar el gasto público, sino también porque tales recursos podrían destinarse a cerrar brechas o asegurar servicios públicos de calidad. Si hacemos un juego de equivalencias, los S/ 25,000 millones servirían para cubrir un 31% de la brecha de infraestructura en saneamiento para el periodo 2022-2026, o para construir y equipar 5,000 postas médicas o 20 hospitales de alta complejidad.
Atrás quedarían los resultados que mantenían la deuda pública apenas por encima del 30 % del PBI, y ni qué decir del cumplimiento de la regla fiscal, que en 2025 también se rompería, con un déficit fiscal superior a la meta del 2.2%. Recordemos que la regla fiscal —herramienta que busca un manejo responsable de las finanzas públicas— se incumplió en 2023 y en 2024, incluso habiendo elevado la meta del déficit. En 2023 la regla fiscal fue de 2.4% del PBI y el déficit alcanzó 2.8%; mientras que en 2024 la regla fue de 2.8% y el déficit ascendió a 3.6%.
Pérdida de confianza, aumento del costo del crédito y restricciones presupuestarias para cumplir funciones fundamentales del Estado (como asegurar servicios públicos de calidad) son las consecuencias a las que conduciría esta situación. El déficit se cubre con deuda o con mayores impuestos. Por un lado o por el otro, se perjudica el bienestar general. Defender la estabilidad fiscal no es una cuestión de técnicos, sino un elemento fundamental para asegurar el crecimiento y desarrollo de la economía.
Un mensaje adicional. No se trata solo de un Ministerio de Economía y Finanzas que habría perdido fuerza para hacer frente al populismo que emana del Congreso. La génesis del problema estaría en un sistema de administración de poderes que no está funcionando. Ya no existiría tal cosa como el “equilibrio y contrapeso de poderes”. Cada vez se hace más evidente que el Ejecutivo termina tragando sapos para asegurar la continuidad de su gestión. El Congreso tiene la sartén por el mango: ya olió sangre y no le importan las consecuencias de largo plazo de sus decisiones. Están en modo “que pague el que sigue”.
