En la tarde del 29 de septiembre del año pasado, Lautaro Burgos despertó esposado a la cama del único hospital de Cruz del Eje, un pequeño pueblo atravesado por la ruta 38 y la cabecera del municipio en donde está su hogar, en San Marcos Sierras, provincia de Córdoba. No se olvida la sensación de asfixia por el calor de aquel día. Tampoco del desconcierto que le provocó ver al policía que resguardaba la puerta del cuarto en donde estaba internado para impedir cualquier intención de escape.

“Me dijo que yo era una persona peligrosa”, describió en diálogo con LA NACION. Lo habían detenido esa misma mañana en un operativo frente a su casa que la policía armó.

Para su familia y los vecinos de su pueblo, de peligroso, Burgos no tiene mucho. Nadie lo conoce como Lautaro. Lo llaman “Lalo”. Es un hombre de familia, de baja estatura, tiene 39 años, el pelo canoso, sin antecedentes penales y es conocido como el mecánico de San Marcos Sierras. Según su pareja, Noelia Pernuzzi, no es raro que acudan a él en busca de ayuda.

“Desde hace años ayudamos a mucha gente. A los bomberos les arreglamos sus camionetas, la policía nos ha pedido ayuda para asistir a gente varada en la ruta. Y ni siquiera cobramos”, aseguró Pernuzzi. Ambos forman parte de las brigadas autoconvocadas de la zona, con quienes desde hace años ayudan a combatir los incendios forestales allí.

Burgos tiene problemas cardíacos, de riñones y además es asmático. Los policías que lo detuvieron lo sabían. Se enteraron unos minutos después de ejecutar el operativo. Pernuzzi se encargó de gritarlo y pedirles a los oficiales que le dieran sus medicamentos mientras se lo llevaban.

El operativo policial ocurrió durante la mañana del 29 de septiembre. Seis policías equipados con armas —cortas y largas— y una orden judicial, entraron al patio de su casa, secuestraron la camioneta familiar y se llevaron al mecánico a Cruz del Eje. “La orden decía que me detenían por pasar un retén sin permiso”, aseguró Burgos.

Es verdad que el mecánico había pasado un retén policial la tarde anterior desobedeciendo lo que le ordenaron en ese momento las fuerzas de seguridad. En el expediente judicial que se abrió en la Fiscalía de Instrucción y Familia de la Séptima Circunscripción Judicial de Cruz del Eje, tanto los policías como los brigadistas que testificaron lo confirmaron. Pero Burgos justificó su desacato por una emergencia. Llevaba varios días asistiendo en distintos focos que aparecieron en la zona junto con vecinos autoconvocados que hoy se agrupan en las Brigadas de Observación Comunitarias (BOC). En aquel momento había un incendio activo a unos kilómetros del pueblo.

El pasado fue un año seco. Hacía nueve meses que no llovía en la zona y desde mediados de septiembre empezaron a registrarse distintos focos de incendios. Los bomberos y brigadistas del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes de la provincia de Córdoba (ETAC) se movilizaron, pero no fue suficiente.

Durante septiembre, en todo el norte del Valle de Punilla las llamas dejaron daños en viviendas, problemas en las redes eléctricas y en el sistema de agua potable. Entre Calamuchita y Punilla, ardieron alrededor de 47.000 hectáreas en poco más de diez días. A nivel provincial, según el informe de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Córdoba (Idecor), hubo 586 focos el año pasado y el 76% de las áreas quemadas ocurrieron en el mes septiembre.

Alrededor de 130 autoconvocados de San Marcos Sierras, las Varillas, Villa de Soto, Cruz del Eje y Malagueño, empezaron a combatir el fuego con equipos donados, y con una bomba improvisada que Burgos había construido con un tanque de agua, un pickup vieja y mangueras. El día del incidente, el mecánico estuvo yendo y viniendo del pueblo para asistir a sus compañeros. No fue hasta la tarde que apareció el retén. Se instaló sobre el único paso hacia un incendio que había aparecido aquella tarde, a 12 kilómetros del pueblo.

El mecánico tenía a su cargo 30 vecinos, que junto a él estaban trabajando para apagarlo. Cuando se encontró con los dos móviles estacionados, Burgos volvía con cinco relevos, herramientas y víveres. La policía les pidió que detuvieran el vehículo, dijeron que entorpecerían el trabajo que los bomberos también estaban haciendo en la zona. Los agentes de las fuerzas de seguridad tenían la orden de evitar que civiles entraran a la zona de los incendios. El mecánico y el grupo de brigadistas voluntarios que lo acompañaban cruzaron igual.

Burgos pisó el acelerador y se llevó por delante a dos de los conos que formaban el cordón. En su testimonio, los policías dijeron que además de los conos, el mecánico le pisó el pie a uno de los policías. Dentro de la denuncia se estipuló que dicho agravio le provocó un esguince al oficial, por eso lo imputaron por lesiones leves calificadas. Esto es algo que todos los brigadistas que estaban en esa camioneta negaron en su testimonio. “Le habría destrozado el pie con todo el peso que llevábamos”, argumentó Burgos.

En el expediente, hay varios argumentos encontrados. Los brigadistas también dijeron que en el retén había dos policías en lugar de cuatro, como declararon los oficiales ante la fiscalía. Los cuatro policías tampoco mencionaron la persecución que tanto Burgos, como el resto de los testigos brigadistas dijeron que sufrieron. Según ellos, los siguieron a toda velocidad con la sirena encendida durante 18 kilómetros, pero cuando llegaron al predio en donde estaba el incendio, el patrullero se detuvo y se marchó.

“Yo estaba en el pueblo y nuestro hijo más grande estaba en los incendios. Fui a la comisaría a preguntar si había un problema con mi compañero y primero me dijeron que no sabían. Después llegó otro policía y me dijo que con Lalo no había pasado nada”, aseguró Pernuzzi.

El abogado de Burgos, Pablo Olmos, argumentó también que la orden de detención fue firmada por la prosecretaria del fiscalía a cargo de Néstor Lingua. Sin embargo, ella no tiene el poder de firma para dicha orden. A pesar de esto, al día siguiente, por la mañana, desplegaron el operativo. Se llevaron a Burgos al hospital de Cruz del Eje para después depositarlo a la prisión preventiva de la cabecera municipal.

Como lo narró Burgos, a él lo mantuvieron afuera del hospital en el patrullero estacionado bajo el sol con las ventanas cerradas. “Cuando me quisieron bajar de la camioneta me agarró un síncope. Por supuesto que me desplomé”, describió.

Una doctora del hospital salió con un tensiómetro y demostró que lo que Burgos sentía no era ficción. “Cuando me midieron la presión, tenía 23 de presión y 280 de pulsación”, añadió el mecánico. LA NACION contactó a la médica, pero prefirió no dar su testimonio.

Según narró Pernuzzi, a su esposo lo ingresaron, le dieron una habitación y lo esposaron a la cama. Estuvo así por 16 horas hasta que después fue procesado. En el expediente hay errores de procedimiento. En un primer momento no tomaron las huellas de Burgos y le registraron un número de documento de alguien que vive en Don Torcuato, provincia de Buenos Aires. Olmos también denunció que en la investigación judicial declararon tres personas que habían dado falso testimonio; que no habían estado la tarde de los hechos. LA NACION trató de contactarlos para conocer su testimonio, sin embargo, no pudo contactar a dos de ellos. Otro respondió, pero decidió no hablar.

En San Marcos Sierras, mientras Burgos seguía detenido, los vecinos del pueblo protestaron y exigieron su liberación. “El siguiente día me levanté y con los vehículos que quedaban me fui al monte”, aseguró el mecánico, que sobre la causa abierta también tomó medidas.

Después de eso, según denunció la pareja, empezaría una jornada de intenso hostigamiento contra ellos y sus hijos por parte de la policía de San Marcos Sierras. Este medio trató de contactar a la jefa de la comisaría de San Marcos Sierras, Maricela Acuña, también a los policías que testificaron, sin embargo, no obtuvo respuesta.

Hace tan solo unos días, la nueva fiscal, Luciana Ardiles, solicitó al juez de control desistir de la acción contra Burgos a través de la figura de criterio de oportunidad.

Hostigamiento policial

Después de la detención pasaron pocos días antes de que Burgos se encontrara con los funcionarios que lo detuvieron en el pueblo. San Marcos Sierras es chico y el mecánico vive tan solo a tres cuadras de la estación policial. La pareja denunció que durante 15 días, mientras el proceso judicial tomaba su curso, tanto ellos como su familia sufrieron hostigamiento por parte de la policía.

“Una de las oficiales que detuvo a Lalo pasó una vez y tomó fotos de la casa y de los autos que teníamos. Luego vi que otro policía estuvo observando la casa en un auto particular. Nos persiguieron en la ruta con un patrullero. Se pegaron al paragolpes de nuestra camioneta por varios kilómetros. Nos tuvimos que correr para que pasaran. Estábamos con los nenes”, aseguró Pernuzzi.

Según Burgos, una mañana fue a dejar a su hija, que en aquel momento tenía 11 años, al colegio y dos policías que estaban allí la siguieron con la mirada. “Cuando entraron, nos miraron a mi pareja y a mí, y pusieron su mano en su arma”, denunció el mecánico.

Según Pernuzzi, después de eso hablaron tanto con la directora como con el intendente del pueblo. LA NACION se contactó con ambos y no pudieron corroborar dicha versión.

La directora del colegio dice que es usual que a la hora de entrada y de salida del colegio primario haya policías resguardando la seguridad de los estudiantes. Confirmó que habló con Pernuzzi sobre esto, pero no vio nada concreto, por lo que no se atreve a corroborar que haya sucedido.

Por su parte, Luciano Vrancic, intendente de San Marcos Sierras, confirmó que recibió a la pareja junto con su hija de 11 años en la municipalidad. “Lalo me contó que sintió hostigamiento de la fuerza provincial. También sintió que la policía tenía un ensañamiento contra él y su familia. La versión de la policía es que para nada hubo hostigamiento y que ellos actuaron conforme la justicia”, describió Vrancic.

El intendente transmitió la preocupación de la familia a la comisaría a cargo de la policía del pueblo, Maricela Acuña. LA NACION trató de hablar con ella, sin embargo, al cierre de esta edición, no recibió respuesta. También se contactó con la persona superior a ella en el escalafón policial. Se trata de la comisaria de Cruz del Eje, Natalia Moreta, que en el momento en el que respondió, consignó que esta causa “está activa y bajo secreto de sumario”, por lo que no dio ningún testimonio.

Vrancic explicó que, desde la municipalidad, no había mucho margen para intervenir en el actuar policial. “La detención fue horrible y lo triste de todo esto es que no debería haber llegado a eso. Creo que había nerviosismo por toda la situación. Era un momento de crisis que se manejó como pudieron”, añadió.

A partir de los hechos de hostigamiento denunciados tanto por Burgos como por Pernuzzi, presentaron una denuncia frente al Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana. “Hicimos esa denuncia y a los cuatro días nos dejan de hostigar. Ahora, si paso miran para otro lado. Pero no me devolvieron la camioneta”, describió el mecánico hace unas semanas.

Este medio trató de contactarse con la nueva fiscal a cargo del caso, sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no respondió. El proceso judicial siguió en curso hasta el viernes de la semana pasada. También le devolvieron la camioneta a Burgos. Él aseguró que a partir del cambio de fiscal, la presión de los vecinos y las consultas de LA NACION para este informe fue que la fiscalía solicitó el criterio de oportunidad y soltó el caso.