Mauro Federico y Jorge Rial, los periodistas que dieron a conocer los audios atribuidos al exfuncionario Diego Spagnuolo, declararon este jueves como testigos ante el fiscal Carlos Stornelli, quien desde la semana pasada lleva la investigación de la causa que promovió el Gobierno por un presunto espionaje, luego de que circulara una segunda tanda de grabaciones que serían de Karina Milei.
Las de Federico y Rial fueron declaraciones breves, de no más de 30 minutos, y sin abogados, ya que no están imputados.
Los periodistas se pusieron a disposición de la Justicia para colaborar en todo lo que pudieran con el caso, dijeron ambos a LA NACION.
A Federico, que fue quien dio a conocer el material en su programa de streaming Carnaval, el fiscal Stornelli le solicitó la totalidad del material difundido, según señaló tras declarar.
Eso no solo comprende al último bloque de audios, en los que se escucha la voz de quien sería Karina Milei -que ya forman parte de esta causa- sino también a aquellos atribuidos a Spagnuolo, en donde el exfuncionario describe un presunto esquema de coimas montado por la hermana y secretaria del presidente Javier Milei en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), trama de la que también formaría parte Eduardo “Lule” Menem.
Estas últimas grabaciones, que son alrededor de 50, sí están incorporadas al primer expediente, que se abrió tras la explosión del caso, y en el que el fiscal Franco Picardi investiga bajo secreto de sumario la presunta maniobra de corrupción que involucraría a la droguería Suizo Argentino.
En la causa en la que hoy declararon los periodistas, el fiscal Stornelli considera como hipótesis de investigación que todo el material forma parte de una misma saga y que los audios atribuidos a Karina “encuentran su puntapié inicial en supuestas grabaciones del mismo tenor efectuadas sobre otro entonces funcionario público [por Spagnuolo]”, según dejó plasmado en el dictamen con el que abrió la investigación, en donde aclaró que no violará el secreto de las fuentes de los periodistas.
Este segundo expediente se originó tras la denuncia penal que hizo el Gobierno a través del Ministerio de Seguridad, luego de que empezaran a circular los primeros audios de Karina.
Uno de ellos no llegó a difundirse porque, tras un pedido que hizo el Gobierno en el fuero penal y comercial, el juez Alejandro Patricio Maraniello ordenó una cautelar que impedía propagar el nuevo material.
En su denuncia penal, la cartera que dirige Patricia Bullrich solicitó allanar el canal de streaming Carnaval, el primero que pasó los audios, y los domicilios de los periodistas Rial y Federico, el accionista de Carnaval Pablo Toviggino y el abogado acusado por el Gobierno, Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano.
Hoy, además de los periodistas, declaró como testigo Guido Valeri, uno de los socios de Carnaval.
Tal como contó LA NACION, el fiscal solicitó informes a la Inspección General de Justicia, que es el organismo que controla a las sociedades y a las fundaciones, para saber quiénes son los dueños del canal Carnaval.
