El caso de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, ha adquirido matices complejos tras la presentación de un nuevo recurso que pone en pausa la extradición solicitada por Perú. A pesar de que la justicia paraguaya ya admitió uno de los requerimientos para su traslado, la defensa insiste en que se vulneraron sus derechos fundamentales durante el proceso. La situación cobra particular relevancia ante la serie de cargos internacionales que enfrenta Moreno, detenido desde septiembre y considerado uno de los más buscados en la región.
La disputa legal se desarrolla entre las salas de un tribunal en Asunción y las exigencias de cumplimiento de normas internacionales, en medio de la atención sobre el historial delictivo de Moreno y la presión por parte de las autoridades peruanas. El proceso revela los obstáculos que surgen cuando confluyen tratados de extradición, garantías constitucionales y una defensa que explota cada resquicio legal para retrasar su desenlace, tal como destacó la Unidad de Investigación de América.
Incidente de nulidad y argumentos de la defensa
El equipo jurídico de Erick Moreno impulsó un incidente de nulidad ante el Juzgado Penal de Garantías N°1, buscando invalidar las actuaciones judiciales iniciales. El principal argumento sostiene la supuesta afectación a garantías fundamentales, entre ellas la ausencia durante siete días de un abogado de su preferencia. El letrado afirmó que las primeras diligencias se habrían realizado sin la defensa adecuada, lo que, a su juicio, vicia el procedimiento.
En el mismo escrito, la defensa hizo hincapié en que Moreno debió adaptarse a un sistema penitenciario que desconoce y que habría sido sometido a rutinas ajenas a sus derechos. Estas observaciones forman parte del esfuerzo por frenar la extradición y mantener al acusado en territorio paraguayo mientras se resuelven las apelaciones.
Respuesta judicial y admisión parcial de extradición
El tribunal de Paraguay respondió de manera enfática al rechazar los argumentos expuestos por los abogados, fundamentando que Moreno siempre dispuso de asistencia técnica, ya que contaba con un defensor público. Durante una audiencia, el acusado manifestó que necesitaba más tiempo para preparar su defensa, además de rechazar la posibilidad de una extradición abreviada.
A pesar de estas diferencias, la Justicia de Paraguay validó uno de los pedidos de extradición emitidos por Perú, en particular el que corresponde a secuestro y organización criminal. Sin embargo, la resolución judicial no implica la entrega inmediata de Moreno, ya que los otros expedientes vinculados a extorsión y robo agravado aún no han recibido un pronunciamiento definitivo.
El principio de especialidad y la triple complejidad del caso
Uno de los elementos que agrega complejidad al caso es el principio de especialidad. Este criterio impide que el extraditado sea juzgado por delitos distintos a los aprobados por la justicia que concede la entrega. De acuerdo con expertos consultados, la extradición de Moreno está bloqueada hasta que los tres pedidos oficiales —por secuestro, extorsión y robo agravado— sean resueltos en cada instancia.
En ese sentido, los jueces Raúl Florentín y Francisco Acevedo quedan encargados de dictar fallo sobre los expedientes restantes. Solo cuando todos estos procedimientos sean concluidos y las eventuales apelaciones tramitadas, se podrá fijar un plazo para el traslado del acusado.
De acuerdo con la legislación paraguaya, una persona en proceso de extradición no puede ser entregada mientras existan causas abiertas, independientemente de que todos los requerimientos provengan del mismo país. Paralelamente, se deben cumplir con las garantías formales que Paraguay exige antes del traslado, entre ellas el respeto a derechos fundamentales y el reconocimiento de cualquier condena dictada por la justicia local.
El contexto criminal y las advertencias de especialistas
Sobre Moreno pesan graves cargos internacionales, entre los que figura su presunta jefatura en una red dedicada al secuestro, la extorsión y el asalto en varias zonas de Lima. Informes policiales detallan que, antes de ser ubicado en Paraguay, logró eludir a la justicia en Bolivia y Brasil. Desde su detención permanece recluido en la prisión de máxima seguridad de Emboscada.
Expertos han advertido que la ausencia de una resolución definitiva podría estimular la reconfiguración de bandas delincuenciales en la región, si bien las autoridades peruanas advierten la urgencia en concretar la extradición definitiva. El seguimiento judicial y la presión internacional mantienen abierto un proceso cargado de aristas jurídicas y políticas.
