El 7 de octubre organizaciones sociales, asociaciones civiles y referentes de distintos puntos del país se autoconvocaron frente al Congreso Nacional para expresar su tan enérgico como justificado rechazo al intento de designar a María Paz Bertero como Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Desde este espacio días atrás, también LA NACION cuestionó editorialmente la opacidad y las irregularidades que rodearon el vergonzoso proceso de designación de candidatos que la comisión bicameral definiera durante el mes último.
La lista de 69 postulantes a ocupar el cargo contaba con numerosos perfiles de destacado nivel profesional y con conocimiento de la materia, algo que la discrecionalmente designada Bertero, cercana a Axel Kicillof, lejos está de poder exhibir. Proteger los derechos de los menores debería ser una prioridad en manos de alguien idóneo.
Un día después de la convocatoria, la Cámara de Díputados aprobó el cuestionado nombramiento y el de los dos adjuntos –Eduardo Robledo y Héctor Vito– con 156 votos afirmativos, 44 negativos y 4 abstenciones.
Poco importaron las denuncias de concurso amañado que realizó el oficialismo, desconociéndose que las designaciones pudieron estar definidas desde antes de la ponderación de los exámenes mediante arreglos por debajo de la mesa. Se terminó votando de forma exprés por un cargo de enorme trascendencia que debía haber contemplado un debate serio y responsable para sortear cualquier duda.
La diputada y presidenta de la Comisión del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Natalia Sarapura (UCR), defendió el procedimiento ignorando todas las críticas. Negó que hubiera impugnaciones que no se trataron, negó que no se hubieran revisado los exámenes y llegó a argumentar que habían intervenido consejos asesores como para validar lo actuado. Al celebrar la media sanción en sus redes habló incluso de que “el compromiso con la institucionalidad y el respeto por el interés superior de los niños y niñas primaron por encima de las disputas políticas”. Triunfaron las componendas, debió más bien decir.
Nicolás Mayoraz, diputado santafesino de La Libertad Avanza, le salió reiteradamente al cruce y denunció que Sarapura le había negado el acceso a las 690 actas con las ponderaciones finales de los postulantes. La acusó de “mentirosa” y de “violar la ley” que expresamente fija que los adjuntos los debe proponer el defensor elegido. Citó, en tal sentido, el ejemplo de Robledo, que llegó a ser designado adjunto luego de haber quedado entre los cuatro últimos en el examen. Algo vergonzoso.
Durante el proceso de selección, concursantes y entidades especializadas habían ya denunciado la falta de transparencia, la no publicación de exámenes y puntajes, y la definición de los criterios de evaluación una vez concluido el concurso, lo que motivó presentaciones judiciales y recursos de amparo para frenar el polémico nombramiento.
“No se puede votar una defensora de la niñez en medio de sospechas de manipulación política y concursos amañados. Los derechos de los chicos no se defienden con acuerdos entre cuatro paredes”, señalaron organizaciones de la sociedad civil. Advirtieron que la votación acelerada buscó evitar que la Justicia llegara a pronunciarse sobre los amparos en trámite para convalidar un proceso viciado de nulidades. Supimos inexplicablemente tener vacante el cargo por negligencia o desidia durante 14 años, pero en esta ocasión, todo parece alinearse rápidamente detrás de espurios intereses ideológicos que se disputan una caja y un espacio militante.
El reclamo por un nuevo concurso, transparente y participativo, en el que prime la idoneidad técnica y no la conveniencia partidaria, está hoy más vigente que nunca. La Justicia debe dar rápido curso a las presentaciones efectuadas para evitar que la política pretenda, una vez más, imponer sus intereses por sobre los de los ciudadanos. En manos de los senadores está ahora custodiar los derechos de los niños en la Argentina.
