Tras las revelaciones sobre presuntos vínculos entre miembros del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf) de las disidencias de las Farc, al mando de Alexander Díaz, alias Calarcá, junto con integrantes de la fuerza pública y funcionarios estatales, la Defensoría del Pueblo de Colombia manifestó su profunda preocupación y ha llamado a una reflexión sobre los fundamentos y objetivos del proceso de paz en curso con este grupo armado.
En un comunicado difundido el 25 de noviembre de 2025, la entidad subrayó la necesidad de examinar con rigor tanto la legitimidad de los mecanismos empleados por el Gobierno como la autenticidad de los compromisos asumidos por el grupo armado.
En su llamado, la entidad liderada por Iris Marín recalcó las funciones del presidente Gustavo Petro para preservar la seguridad y el bienestar de los colombianos.
“El Presidente de la República tiene la facultad y obligación de garantizar el orden público en todo el país. Para ese fin tiene a su disposición, de una parte, los mecanismos relacionados con la acción de la fuerza pública y la colaboración con la rama judicial. De otra parte, de manera complementaria puede acudir a los procesos de paz negociada. Es de su resorte evaluar la conveniencia de acudir a estos mecanismos. En todo caso, nunca puede renunciar a su deber de proteger a la población”, expresó la entidad.
Noticia en desarrollo…
