El ataque terrorista con drones a la casa del alcalde del municipio de Calamar, Guaviare, Farid Camilo Castañeda, reveló que los funcionarios públicos de regiones apartadas pueden ser blanco de los grupos armados al margen de la ley que usan este tipo de atentados para intimidar a las autoridades que le hacen frente a su actividad delictiva.
La ofensiva, que incluyó el uso de explosivos y drones, tuvo como blanco la vivienda del mandatario municipal, así como instalaciones de la Policía Nacional y el Batallón de Infantería de Selva N° 24 (BICAM 24). El saldo inmediato fue un trabajador y un miembro de la familia de Castañeda heridos, la muerte de todas las mascotas de la residencia y un soldado lesionado, según los reportes oficiales.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Frente a la serie de atentados, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación y rechazó las actuaciones violentas que buscan intimidar a autoridades locales, además de atentar contra la seguridad y tranquilidad de la población civil que es ajena a los reiterados enfrentamientos en esa zona del país.
La entidad aseguró que las afectaciones a una institución educativa cercana genera preocupación y pone en juego la integridad de más de mil menores de edad de la zona, por lo que un grupo de sus funcionarios se encuentra en la región para garantizar la protección de los derechos fundamentales, tanto del alcalde Castañeda como de las comunidades afectadas por los ataques.
“Rechazamos las acciones violentas que intimidan a las autoridades locales. Nos preocupa el impacto que este hecho generó en más de 1.044 niñas y niños de la Institución Educativa Carlos Mario Hoyos, cuyas instalaciones están ubicadas cerca del lugar del ataque. Nuestros equipos en terreno han acompañado al alcalde Castañeda, reafirmando la presencia y respaldo institucional para la protección de los derechos de las víctimas y de las comunidades afectadas“, explicó la Defensoría en el pronunciamiento oficial.
A la par, la entidad le hizo un fuerte llamado al Gobierno nacional para que a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y de la Policía Nacional se fortalezca la seguridad del alcalde del municipio afectado, así como de los miembros de su familia.
En su solicitud, el organismo también incluyó que se deben adelantar con celeridad y profundidad las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos que rodearon la serie de atentados que afectaron infraestructura pública e inmuebles que son propiedad del alcalde Castaño.
“Así mismo, instamos a las autoridades competentes a adelantar investigaciones exhaustivas, rápidas y efectivas que permitan identificar, capturar y judicializar a los responsables de este atentado, evitando toda forma de impunidad“, indicó el ente.
Para la entidad, los hechos de violencia no son aislados, ya que fue enfática en que en el departamento del Guaviare se encuentran activas tres alertas tempranas, emitidas en años diferentes, que dan cuenta de los riesgos a los que se exponen los funcionarios públicos, miembros de las Fuerzas Militares y la población civil que habita en la región.
Por tal motivo, el organismo considera que los ataques confirman la urgencia de una respuesta estatal integral, coordinada y sostenida que tenga como fin proteger los derechos de los ciudadanos y, asimismo, salvaguardar la democracia.
En este sentido, el ente reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos en el país, así como con el fortalecimiento de la presencia estatal en regiones apartadas que, además, son de las más afectadas por el accionar de los grupos ilegales.
Finalmente, la entidad afirmó que realizará monitoreo constante a la situación en esa región del país hasta que se garanticen los derechos de los habitantes con condiciones reales de seguridad.
“Reafirmamos nuestro compromiso indeclinable con la defensa de los derechos humanos, la protección de la vida, la paz territorial y el fortalecimiento de la presencia institucional en las zonas más afectadas por la violencia. Mantendremos un seguimiento permanente a la situación en el Guaviare hasta que se garanticen condiciones reales y efectivas de seguridad, convivencia y respeto por la vida”, concluyó el organismo.
