La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, reiteró este 11 de septiembre un llamado al Gobierno nacional para que se mantenga la ruta de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, contemplada en el acuerdo de paz, en lugar de evaluar nuevamente la aspersión aérea con glifosato.
Durante un acto conmemorativo del Día Nacional de los Derechos Humanos, la funcionaria destacó que la estrategia debe enfocarse en soluciones integrales que combinen seguridad, desarrollo social y atención a comunidades rurales.
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En declaraciones recogidas por El Tiempo, Marín afirmó que “ha habido un crecimiento de los cultivos de uso ilícito debido a muchos factores, entre ellos, el incumplimiento del acuerdo final de paz en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito.(…) Hay que volver al original”.
Para la Defensoría, el incremento en las siembras no solo está vinculado con la falta de cumplimiento en los programas, sino también con la carencia de oportunidades económicas y la limitada presencia del Estado en varias regiones.
El pronunciamiento de Marín surge en medio del debate generado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien señaló que el Ejecutivo analiza la posibilidad de solicitar una “sentencia interpretativa” que habilite la discusión sobre el eventual regreso del glifosato como herramienta en la política antidrogas. La propuesta ha reabierto tensiones en distintos sectores sobre los riesgos ambientales y de salud que implica la aspersión aérea.
La defensora también se refirió a la situación de orden público registrada en Nariño. En Ipiales se produjo un nuevo intento de asonada contra tropas del Ejército, lo que motivó su llamado a que la fuerza pública mantenga estricta observancia de los principios del derecho internacional humanitario. En sus palabras, recogidas por El Tiempo, subrayó que resulta indispensable “privilegiar la proporcionalidad en el uso de la fuerza y limitar el empleo de armas largas frente a la población civil”.
En su intervención, Marín aprovechó para presentar un balance de varios indicadores que reflejan los desafíos actuales del país en materia de garantías sociales. Según informó, la participación femenina en las altas cortes pasó de 29 % a 27 % en el último año, lo que muestra un retroceso en términos de paridad de género.
A ello se suma que el desempleo juvenil alcanzó el 17,4 %, mientras que más de 400.000 jóvenes han requerido atención psicológica por cuadros de ansiedad y depresión. Estos datos, según destacó, muestran la necesidad de fortalecer políticas públicas que atiendan de manera prioritaria a sectores poblacionales en situación de vulnerabilidad.
La funcionaria insistió en que los problemas asociados a los cultivos de uso ilícito no pueden abordarse únicamente desde un enfoque de represión. Para la Defensoría, se requiere impulsar programas productivos, garantizar la presencia institucional y ofrecer acompañamiento a las familias campesinas que dependen de estas economías.
En ese sentido, advirtió que las medidas deben ser sostenibles en el tiempo y acompañadas por inversión social, con el fin de generar alternativas reales de ingreso para los cultivadores.
Durante la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos, Marín enfatizó en que la protección de la vida y la dignidad de los ciudadanos debe ser el eje transversal de todas las políticas estatales. Señaló que la Defensoría seguirá vigilante frente a cualquier medida que pueda impactar de manera negativa a las comunidades, en especial aquellas que se encuentran en zonas rurales afectadas por el conflicto y la pobreza.
La posición expresada por la Defensora del Pueblo se suma a otras voces que en los últimos años han advertido sobre las consecuencias de retomar el uso del glifosato. Tanto organizaciones sociales como académicos han señalado que la sustitución voluntaria genera mayores niveles de confianza entre el Estado y las comunidades, y contribuye a la construcción de paz en territorios históricamente golpeados por la violencia.