El Valle de Aburrá aspira a contar con un nuevo escenario que busca aprovechar la popularidad de Medellín como un destino cada vez más atractivo para las giras de artistas nacionales e internacionales. Se trata del Arena Primavera, un complejo multipropósito del que ya se adelantan las obras en la localidad de Sabaneta y espera contar con una capacidad de 16.500 espectadores.
Aunque se espera que el “venue” abra sus puertas a finales de 2026, un problema jurídico puso en jaque el desarrollo de las obras por cuenta de una acción judicial interpuesta por el antiguo propietario del terreno.
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Según dio a conocer El Colombiano, la demanda busca anular la transacción y restablecer los derechos que considera vulnerados, hecho que podría ir en contravía de la viabilidad del proyecto y su licencia de construcción.
El citado medio detalló que el origen de la controversia se remonta a 2009, cuando Diego Alejandro Arango Duque, fundador de Ideas & Co S.A.S., adquirió el predio ubicado sobre la avenida Las Vegas, en Sabaneta, por $8.431 millones de pesos, con el objetivo de expandir su empresa, dedicada al procesamiento de madera reciclada, y diversificar con el emplazamiento de un parqueadero y bodegas.
El sueño empresarial se truncó en abril de 2012, cuando la Fiscalía embargó el terreno al vincularlo con bienes de la firma Franzul, relacionada con Pedro Antonio Bermúdez, alias El Arquitecto, un narcotraficante incluido en la Lista Clinton. Según Arango, el fiscal le aseguró que la medida solo pretendía verificar la buena fe en la adquisición, ya que el lote formaba parte de un proceso de extinción de dominio que involucraba más de 400 inmuebles.
Durante años, Arango intentó demostrar la legitimidad de su compra. En 2020, ante una reclamación por impuesto predial atrasado, transfirió $1.200 millones a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para que regularizara la situación fiscal del predio.
“Como yo consideraba que esa seguía siendo mi propiedad, para mostrar la buena fe y la decencia, les digo: ‘Les entrego esto como secuestres y paguen impuestos’; pero no los pagaron y ahí entraron los juzgados”, relató Arango a El Colombiano.
La situación se agravó cuando la SAE alquiló el terreno al grupo empresarial CLK, responsable del proyecto de la Arena Primavera a finales de 2023, otorgándole un contrato de arriendo por 30 años. Hace dos semanas, la SAE anunció la venta definitiva del lote al mismo conglomerado por $51.000 millones de pesos, lo que liberó a CLK de pagar $80 millones mensuales de arriendo y de invertir $85.000 millones en infraestructura para devolverla al Estado al final del contrato.
La abogada de Arango, Valeria Castaño argumenta ante el mismo medio que la SAE no cumplió los requisitos legales para la venta bajo la figura de enajenación temprana, ya que el bien no generaba perjuicio ambiental, social ni económico para el Estado, y además era rentable por estar arrendado.
El argumento de la licenciada es que la venta requería autorizaciones específicas: una de la Fiscalía, por tratarse de un inmueble inmerso en un proceso penal de extinción de dominio, y otra del agente liquidador de Ideas & Co, ya que el lote formaba parte del inventario de un proceso de insolvencia que concluyó en junio pasado sin que se pagaran acreencias valoradas en $8.738 millones de pesos, suma similar al valor de compra original.
El proceso de venta también ha levantado sospechas sobre la idoneidad de los participantes en la subasta. Según la información que se dio a conocer, entre los competidores figuraban la Asociación de Desplazados de Granada Meta —una entidad sin ánimo de lucro sin capacidad financiera para una inversión de tal magnitud—, Legal Consultant Associates que apenas registra movimientos anuales de $2.000 millones, e Inversiones & Reservas S.A.S. presentan un único registro que corresponde a una empresa de Medellín que estuvo en liquidación y no facturó en 2023.
La abogada de Arango ya presentó derechos de petición ante la SAE, la Fiscalía, la Oficina de Instrumentos Públicos, la Superintendencia de Sociedades y la Alcaldía de Sabaneta para esclarecer la situación jurídica del predio.
Hasta ahora, solo la administración municipal ha respondido, reiterando su confianza en la buena fe de los documentos presentados. Castaño advierte que la omisión de verificaciones podría haber causado un daño patrimonial al Estado, ya que la liquidación de Ideas & Co dejó deudas pendientes con la Dian, el Municipio de Sabaneta, la Alcaldía de Medellín y la Superintendencia de Sociedades. Además, una entidad bancaria acreedora, que tenía el lote en fiducia, podría iniciar acciones legales para reclamar su derecho.
Frente a este panorama se pronuncio Eduardo Olea, uno de los directivos de CLK, que defendió la legalidad de la operación: “Hay suficiente materia legal para decir que tanto la SAE como todas las entidades, incluida la Alcaldía de Sabaneta, han actuado con estricto rigor dentro del marco de la ley”, en declaraciones para El Colombiano. Olea recordó que, en caso de un fallo judicial favorable al reclamante, el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen (Frisco) asumiría la responsabilidad, ya que “esta es una ley casi de punto final para los bienes. No existe ningún recurso que apela a eso”, expresó.