La excanciller Laura Sarabia, la fiscal general Luz Adriana Camargo y los fiscales delegados ante la Corte Suprema María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval Vargas fueron denunciados el jueves 14 de agosto por su presunta participación en escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) en la situación judicial de Carlos Ramón González.
La denuncia señala supuestas irregularidades en el manejo del caso y posibles delitos asociados con la fuga del exdirector del Dapre.
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Las acusaciones incluyen la presunta comisión de los delitos de fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento.
El recurso judicial fue interpuesto por Pablo Bustos Sánchez, en calidad de representante y apoderado judicial de la Red de Veedurías de Colombia (Red-Ver), así como representante de víctimas de la comunidad Pororu, sector Murujuy, de La Guajira.
“(…) interponer denuncia penal en contra de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón; Laura Camila Sarabia Torres, en su condición de ministra de Relaciones Exteriores de Colombia; y contra María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval Vargas, en calidad de fiscales nueve y 11 delegados ante la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, por la presunta comisión de los delitos de fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública, favorecimiento y los demás que se llegaren a establecer”, indicó el documento.
El caso de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia (Dapre), involucra acusaciones de encubrimiento en su salida del país después de enfrentar cargos relacionados con el escándalo de corrupción en la Ungrd.
Según Noticias RCN, la Embajada de Colombia en Nicaragua solicitó regularizar el estado migratorio de González en ese país el mismo día que fue imputado por la justicia colombiana.
El documento conocido por el medio citado señala que la solicitud para facilitar la residencia de Carlos Ramón González fue presentada el 21 de mayo, antes de que las autoridades colombianas emitieran una orden de captura el 3 de julio. De acuerdo con la información publicada por ese medio, el trámite habría contado con el respaldo de la Cancillería de Colombia y de la sede diplomática en Managua.
Daniel Briceño también interpondrá demanda por la fuga del exdirector del Dapre
Cabe señalar que Daniel Briceño, concejal de Bogotá, también anunció que próximamente formalizará una denuncia penal contra los funcionarios presuntamente implicados en el trámite, entre ellos la entonces canciller Laura Sarabia y varios miembros de la Embajada de Colombia en Nicaragua.
“Carlos Ramón González, uno de los cabecillas del escándalo de corrupción más grande del gobierno de Gustavo Petro, obtuvo la residencia en Nicaragua con la ayuda de la Embajada de Colombia en Nicaragua y de la propia Cancillería del país el día 21 de mayo”, señaló el concejal del Centro Democrático.
Según Briceño, los eventuales delitos se relacionan con fraude a resolución judicial y posible prevaricato, ya que habrían ayudado a que Carlos Ramón González obtuviera la residencia nicaragüense para eludir la justicia colombiana.
En respuesta a las declaraciones y la denuncia anunciada por Briceño, la abogada Lina Sandoval Echavarría, defensora de Laura Sarabia, expresó públicamente que también interpondrá una denuncia penal contra el concejal por falsa denuncia.
“Concejal, bien pueda. Inmediatamente procederé a presentar denuncia penal en su contra ante la Fiscalía por falsa denuncia”, afirmó Sandoval Echavarría sobre el anuncio de Briceño. Asimismo, la representante legal de Sarabia negó la participación de su defendida y especificó que “la excanciller no fue informada ni participó en dichas solicitudes, eso es competencia de los embajadores”.
