No es obvio remarcar la complejidad de la situación de pobreza en la Argentina. A la foto de los niveles relacionados con el ingreso, se suman las dificultades estructurales acumuladas por los más pobres para salir adelante. Baste mencionar los indicadores educativos que muestran las limitaciones muchas veces insuperables para contar con herramientas que permitan construir una vida de progreso. La solución de este drama tiene como eje una economía desarrollada, estable, que brinde oportunidades. Y también una administración de los recursos públicos que acelere el proceso de inclusión que brinde esa economía, en una carrera contra el tiempo.
Los gobiernos populistas, además de aumentar la pobreza desde la economía, lo han hecho desde sus políticas sociales, usando una concepción de los derechos solo interesada en consolidar el discurso político y la acumulación de poder. Lo que en buena parte del mundo expresa una concepción ética acerca de los modos de generar capacidades y progresar, en la Argentina sirvió para consolidar privilegios en perjuicio de los más pobres; o para justificar despilfarros sin control alguno de efectividad.
En un discurso y una acción política infestados de derechos, los más pobres perdieron el acceso a las herramientas más elementales para construir una buena vida –la educación de calidad o el acceso a un trabajo digno– agredidos por leyes totalmente insensibles a sus necesidades. En la realidad los derechos proclamados como herramientas de “liberación” se convirtieron en dádivas que denigran.
No se trata solo de países muy desarrollados los que combinaron la realización de derechos con otras variables relevantes, como lo muestra la temprana aplicación de criterios de control en los programas sociales de Brasil, o la obligación de devolver a la universidad pública los costos de la educación en Uruguay, que fueron sostenidos por varias generaciones de gobiernos de diverso signo político.
Un ejemplo de aquellos desvíos es constatar que el populismo pone, en el discurso y en la acción, más énfasis en las cantidades que en las calidades de sus intervenciones, de modo que el uso político de los derechos permitió establecer un sistema de relaciones clientelares como sustituto de la necesaria regla de buen funcionamiento; pero también un abuso de las posibilidades sociales para sostener el conjunto de los derechos.
Una mirada sistémica a la relación entre recursos y necesidades muestra que la Argentina se convirtió en una suma de derechos que el conjunto no puede soportar, como se hizo con el sistema de seguridad social que fue destruido como resultado de la universalización de derechos de acceso, combinado con un sistema de derechos laborales que lo desfinanció. A estas dimensiones “macro”, se suman múltiples acciones en el quehacer cotidiano de los Estados locales que sostienen el carácter excluyente de una administración política de recursos y decisiones.
La solución a este problema esencial es muy compleja. El Gobierno está avanzando con fuerza en la economía y en las cuestiones más importantes de las políticas sociales. Pero una parte relevante del sistema político argentino mantiene un discurso –y una capacidad de veto– que dificulta avanzar en las reformas que permitan en todo el territorio cambiar las condiciones que han generado tanta exclusión. Los frenos a las reformas en el Congreso, las prácticas primitivas en muchos territorios y el discurso populista cotidiano muestran que además de la esencial buena administración, es posible y necesario avanzar, sin tapujos, en la discusión sobre el sentido y la relevancia de los derechos para beneficio de los excluidos, desplazando de tal manera la centralidad del discurso populista. Para eso, será muy bueno que dirigentes políticos y sociales abran esta conversación, tanto en sus aspectos conceptuales como en los operativos, de modo de sanear un espacio que tanto daño ha causado a los más pobres, sin dejarse silenciar por una supuesta superioridad ética del populismo.
Es posible que los argumentos de este artículo sean cuestionados como un ataque al mismo concepto de “derechos”, esencial en el buen funcionamiento de una sociedad. Nada mas lejos. Amartya Sen, premio Nobel de Economía, enfatizó la importancia de la libertad entendida como la capacidad de elegir y actuar, como un elemento central en la realización de los derechos humanos. Pero si no se potencia esa capacidad en los hechos, ¿de qué sirve la proclamación de los derechos humanos como eje del proyecto? Sin ejecución, los derechos quedan en lo meramente declarativo, o, peor, la idea de “derecho” ha perdido el sentido de herramienta para el progreso, para convertirse en un eslogan vacuo que solo sirve para definir pertenencia política. Retomar este concepto valioso de los derechos debería ser un objetivo social asumido en plenitud por los sistemas social y político.
