El drama de la emergencia habitacional en Palma se hizo visible este jueves con el desahucio de una madre y su hijo de ocho años de una de las infraviviendas de la calle Joan Miró, propiedad de un agente de la Policía Local sancionado por el Govern balear.
“Ha sido más fácil llevar a cabo el desahucio porque los policías aprovecharon la situación para conducir tanto a los activistas como al menor fuera del habitáculo”, relató Joan Segura, portavoz de la plataforma Stop Desahucios Mallorca, a los medios.
Desde primera hora de la mañana, la presencia policial era notoria. “Poco antes de las 07:00 horas comenzaron a llegar las primeras patrullas policiales, y no fue hasta pasadas las 09:00 horas cuando la comisión policial, acompañada de un procurador y cerrajeros, accedió al edificio,”, explicó Segura.
Sin ventanas, agua o suministros básicos
Dentro del habitáculo, la tensión aumentó hasta que la joven madre sufrió un desmayo y un ataque de ansiedad, obligando a la intervención de una ambulancia. Su hijo, diagnosticado con autismo, se asustó al ver a los agentes, aunque después permaneció tranquilo.
“Inmediatamente después, los ‘obreros’ contratados por el policía local han destrozado la habitación y la han tapiado para que nadie más pudiera residir en ella”, denunció Segura, mientras la familia veía como sus pertenencias eran sacadas al exterior.
Las condiciones de las infraviviendas de Joan Miró, donde decenas de personas en situación de vulnerabilidad sobreviven, pagando entre 300 y 750 euros al mes por habitáculos de 8 a 15 metros cuadrados, sin ventanas, ventilación, agua corriente o suministros básicos, representan un peligro constante. En algunos trasteros incluso se pueden encontrar bombonas de gas.
El desahucio se produjo debido a una demanda impuesta por el propietario, multado con dos millones de euros por explotación ilegal de estos habitáculos. Stop Desahucios denunció la violencia en el procedimiento y criticó la falta de atención institucional. “No dejaron a Reina (la madre) acercarse para dar información ni a la familia acompañarla. La han desprotegido por completo”, afirmó Segura.
Respuesta del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Palma argumentó que la orden judicial estaba dirigida a la titular registrada del inmueble, Reina, madre de la joven desalojada, y que ya se le había ofrecido una alternativa habitacional.
Los servicios sociales recordaron que la hija de Reina había participado meses atrás en un programa de reinserción social, que abandonó voluntariamente tras conseguir empleo.
La familia fue trasladada a oficinas de servicios sociales con la opción de alojarse temporalmente en un hostal. La madre rechazó la propuesta porque no podía llevar consigo a su perro, de avanzada edad.
Un caso común
Stop Desahucios ha reclamado la paralización de todos los desahucios vinculados al policía local, la reconexión de suministros y la expropiación de las propiedades, denunciando que los lanzamientos se ejecutan sin informes de vulnerabilidad y con servicios sociales ausentes en la mayoría de los casos.
Este caso no es aislado: el agente investigado posee habitáculos en otras zonas de Palma, y la dificultad de acceder a una vivienda digna, agravada por los altos precios y la competencia de extranjeros con mayor capacidad financiera, ha empujado a muchas familias a residir en caravanas o vehículos en los extrarradios de la ciudad.
