El jueves 15 de mayo, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en conjunto con agentes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, ejecutó un operativo de desalojo en el sector de El Poblado, en Medellín (Antioquia).
Según informó la SAE, esta acción se llevó a cabo tras dos intentos previos fallidos y tuvo como objetivo recuperar el penthouse 1002 del Edificio Praderas, así como tres parqueaderos del mismo edificio, propiedades que habrían sido incautadas a estructuras criminales.
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De acuerdo con la información proporcionada por la SAE, el inmueble desalojado estaría vinculado a Carlos Escobar Marín, señalado como el líder de la denominada “bodega uribista”.
Este término hace referencia a una presunta red de manipulación de información en redes sociales.
La entidad gubernamental detalló que las propiedades estaban siendo ocupadas por personas que fueron identificadas, lo que permitió avanzar con el procedimiento legal correspondiente.
Uno de los aspectos que despertó sospechas y motivó la investigación fue el contrato de arrendamiento del penthouse, firmado en 2021 a nombre de una mujer identificada como Jennifer Blanco Nieto “y fue suscrito por solo $3.340.000, una cifra desproporcionada para la ubicación y características del inmueble”.
Además, se reportó que en el lugar se realizaban fiestas que alteraban la tranquilidad de los vecinos: “La investigación encendió las alertas y se logró comprobar que la arrendataria nunca vivió en el inmueble. En cambio, era usado para fiestas escandalosas, afectando a la comunidad vecina”, agregó la SAE.
Durante más de tres años fue ocupado por diversas personas y empresas, a pesar de que la arrendataria original nunca habitó el inmueble. Según informó la SAE, entre los ocupantes se encontraban individuos como Fabián Rodríguez Lemus, Andrés Jiménez Restrepo y Carlos Escobar Marín, este último involucrado en un tenso enfrentamiento durante el procedimiento de desalojo.
El operativo, que contó con una orden de desalojo emitida por la Policía, se desarrolló en un ambiente de tensión. Escobar Marín, uno de los residentes, acusó que la acción tenía motivaciones políticas y solicitó más tiempo para retirar sus pertenencias del lugar. A pesar de estas declaraciones, las autoridades procedieron con el desalojo, cumpliendo con los lineamientos establecidos.
