Un total de 1.863 personas ingresaron en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en 2024, una cifra inferior a las 2.085 de 2023, si bien se ha registrado un ligero aumento de mujeres, 85 frente a las 64 internadas de hace dos años, además de casos de especial vulnerabilidad. Este es uno de los datos del informe ‘Raíces tras los muros’, presentado este lunes por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que analiza los datos obtenidos de la Dirección General de la Policía sobre estos centros, establecimientos de carácter no penitenciario donde ingresan migrantes que están pendientes de que se ejecute una orden de expulsión a su país de origen.
Según este informe, que también indica que se recibieron 853 solicitudes de protección internacional, la mayoría de los internamientos, casi un 84%, se produjeron por causa de expulsión: 1.563 personas frente a 300 por devolución (16%). Otro dato relevante es que las personas acompañadas por el SJM “contaban con largo tiempo de arraigo e inclusión en España”, de forma que el 59,6% llevaba de 1 a 7 años. Además, tenían una edad comprendida entre 25 y 46 años, destacando las nacionalidades de Colombia y Marruecos.
Por ello, el SJM, red de entidades que trabaja por la defensa de los derechos de los migrantes, considera que la privación de libertad en este tipo de centros “penaliza a las personas con arraigo, familia y trayectorias de inclusión” en el país, “aplicándose a menudo de forma innecesaria y con liberaciones lejos de su lugar de residencia”.
A pesar de que la Ley de Extranjería establece que el ingreso en los CIE debe ser un recurso no penitenciario, de carácter excepcional, concebido como medida para facilitar la repatriación, el SJM asegura que los casos que ha acompañado muestran que “esta excepcionalidad no se respeta y que, en demasiadas ocasiones, se priva de libertad a personas con largas trayectorias de arraigo, sin valorar las circunstancias personales ni contemplar alternativas ya previstas en la legislación”.
Según el informe, a lo largo de 2024 se registraron un total de 3.286 repatriaciones forzosas. De ellas, 2.923 correspondieron a expulsiones (88,9%) y 363 a devoluciones y salidas obligatorias (11%). Por otro lado, un 31% de esas 3.286 repatriaciones forzosas se ejecutaron desde los CIE, mientras que el resto se llevaron a cabo desde espacios como comisarías, Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) o aeropuertos.
Un proceso “arbitrario”
La organización señala que no todas las personas en situación administrativa irregular acaban en un CIE. El ingreso depende de factores como acuerdos de repatriación entre países o ser detenidas en la vía pública, lo que hace que “el proceso sea arbitrario y difícil de justificar en términos de proporcionalidad y justicia. El informe también explica que casi la mitad de las personas que entran en un CIE no son deportadas, bien porque quedan en libertad por decisiones judiciales o administrativas, o al cumplirse el plazo máximo de internamiento, lo que según esta ONG “implica una privación de libertad sin sentido”. Además, añaden, existen serias dificultades para acceder a la protección judicial, ya que los trámites legales y administrativos resultan muy complejos para personas en situación de alta vulnerabilidad.
Un ambiente “hostil”
El SJM advierte que las personas internas tienen restricciones para comunicarse debido a las limitaciones en el uso de teléfonos y las dificultades para recibir visitas de familiares u organizaciones sociales. La atención médica resulta insuficiente y la gestión sanitaria depende de empresas subcontratadas, mientras que los recursos para la salud mental permanecen limitados, pese a los reclamos reiterados de los jueces. A ello se suman, según el informe, “ambientes hostiles”, pues no existen canales seguros para denunciar abusos y persisten irregularidades en los procesos de repatriación.
Tampoco existe información pública regular sobre lo que ocurre dentro de los CIE, advierte la organización, y esa falta de transparencia dificulta conocer la realidad de estos centros.
El informe de 2024 también indica que se aplicaron 14 protocolos de prevención de suicidio y de otras formas de autolisis, 166 separaciones preventivas y 358 quejas, concentradas sobre todo en Madrid y Barcelona, los centros con mayor internamiento. Cabe también recordar que a lo largo del año pasado estuvieron activos los CIE de Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Murcia, Valencia y Madrid (tras la reapertura de Aluche a finales de 2023), mientras que el de Tenerife permaneció inactivo por tercer año consecutivo.
