Un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado, concluyó el caso de Gustavo Sastoque Alfonso, exfuncionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que fue víctima de una condena injusta tras ser vinculado al asesinato de Hernando Pizarro Leongómez, hermano del también asesinado candidato presidencial Carlos Pizarro.
La ceremonia, presidida por la fiscal general Luz Adriana Camargo y organizada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), junto con la Fiscalía General de la Nación, representó el final de un proceso en el que se reconocieron graves violaciones a los derechos humanos contra Sastoque Alfonso.
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“Tenía muchos planes, tenía muchos sueños de estudiar derecho, comprar mi vivienda y tener hasta un hogar. Pero todo quedó en ilusiones, ya que el ocho de marzo de mil novecientos noventa y cinco empezó una terrible pesadilla en mi vida. La mal llamada Justicia Sin Rostro me vinculó como presunto autor material del señor Hernando Pizarro Leongómez. Utilizaron testigos falsos para sindicarme y luego condenarme por un delito que jamás cometí”, comenzó diciendo Sastoque en el acto de reconocimiento.
Una captura arbitraria ejecutada por un testimonio
El origen de este caso se remonta a febrero de 1995, cuando Hernando Pizarro Leongómez fue localizado en un edificio del norte de Bogotá. Un grupo que se identificó como perteneciente a la Fiscalía acudió al lugar y, al no poder llevarse a Pizarro, lo asesinó en el sitio.
Un mes después, en marzo de 1995, Gustavo Sastoque fue arrestado en la capital colombiana mientras trabajaba como funcionario administrativo del CTI de la Fiscalía. La acusación se basó en el testimonio de una mujer que lo señaló como parte del grupo responsable del homicidio, a lo que se sumaron declaraciones de testigos anónimos.
“Desafortunadamente, fui el elegido de la Fiscalía, como le hubiera podido ocurrir a cualquier funcionario de la Fiscalía, para tan macabro plan. Porque desafortunadamente acabaron con mis sueños, con mis proyectos, con todo lo que tenía planeado en mi vida cuando tenía 26 de edad. Aporté infinidad de pruebas para demostrar mi inocencia, pero en forma inexplicable nunca fueron valoradas”, continuó diciendo el exfuncionario del CTI.
A pesar de que varias personas aseguraron que Sastoque se encontraba en otra zona de la ciudad comprando zapatos en el momento del asesinato, la detención se llevó a cabo de manera ilegal y arbitraria por agentes estatales.
En ese entonces, Sastoque tenía bajo su responsabilidad el archivo de la sección de criminalística y la correspondencia del CTI, sin desempeñar funciones operativas: pese a ello, fue vinculado al proceso penal por el homicidio de Hernando Pizarro Leongómez.
“Fueron once años de sufrimiento, humillaciones, vejámenes, que un ser humano jamás lo merece. El crimen de Hernando Pizarro me socorrió el 27 de febrero de 1995, once días después del ocho de marzo de 1995. Fui capturado, privado de la libertad con las prácticas más perversas. El 26 de marzo de 1997, fui condenado en primera instancia y el 6 de marzo de 1998, se cumplió mi condena. El sistema judicial tardó dos años y tres meses en fabricar la culpa de un inocente sobre pruebas falsas”, aseveró Sastoque.
El documento que cambió todo para Gustavo Sastoque
La situación dio un giro en octubre de 2020, cuando excomandantes de las extintas guerrillas de las Farc presentaron una carta ante la JEP en la que reconocieron su autoría en el asesinato de, entre otros, Hernando Pizarro Leongómez. Este reconocimiento fue un elemento clave para la revisión del caso de Sastoque.
La Asociación para la Promoción Social Alternativa (Minga) llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que concluyó que el Estado colombiano era responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, garantías judiciales y protección judicial, establecidos en la Convención Americana.
La Cidh recomendó dejar sin efecto la condena impuesta a Gustavo Sastoque y otorgarle una reparación integral, que incluyera compensación económica, medidas de satisfacción y, si lo solicitaba, atención en salud física y mental.
En cumplimiento de estas recomendaciones, el 24 de marzo de 2022, el Estado colombiano, representado por la Andje, y la Asociación Minga, en nombre de Gustavo Sastoque, firmaron un Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones.
Este acuerdo estableció la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, que finalmente se llevó a cabo el lunes 6 de octubre de 2025, bajo la dirección de la fiscal Camargo.
“Pasé 10 años, 8 meses y 28o silla días en distintas cárceles, sobreviviendo a todas las humillaciones posibles. Pagué con los mejores años de mi vida un crimen que jamás cometí y mientras yo moría en vida, entre rejas, lejos de mi familia, de mi madre, el sistema judicial colombiano también asesinó a mi madre, mi madrecita, privándola del consuelo de ver libre a su hijo. Mi madre murió por culpa de la justicia. No quiero hablar más.“, concluyó, entre lágrimas, Gustavo Sastoque.
