El tribunal especializado CRIET (Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme) emitió nuevas órdenes internacionales de detención contra figuras señaladas de participar en actividades para desestabilizar el marco constitucional de Benín. Según informó La Nation, el activista Kémi Seba y el líder político Sabi Sira Korogoné figuran entre los principales objetivos, en el marco de las acciones tomadas tras el fallido intento de golpe de Estado. Estas órdenes suman presión sobre el espectro opositor, que vive una intensificación de los controles por parte del gobierno. En este contexto, ocurrió la detención de Candide Azzanai, ex viceministro de Defensa y líder del partido Restaurar la Esperanza, durante una reunión partidaria, bajo sospecha de conspiración contra la autoridad del Estado e incitación a la rebelión, según consignaron tanto La Nation como Radio France Internationale (RFI).
El arresto de Azzanai se inscribe en el marco de una respuesta estatal reforzada tras la intentona golpista de la semana previa. El gobierno de Patrice Talon reforzó los patrullajes, amplió procedimientos judiciales y desplegó nuevos operativos para identificar y ubicar a individuos relacionados con la preparación del golpe, de acuerdo con la información de ambos medios. La vigilancia sobre actores disidentes, principalmente líderes de la oposición y movimientos civiles, aumentó de forma significativa, instaurándose un esquema de control más estricto.
El fallido golpe de Estado ocurrió en la madrugada del domingo, con un grupo armado que se atrincheró en el cuartel de Togbin, en las afueras de Cotonú. De acuerdo con Radio France Internationale, los atacantes intentaron apoderarse de la estructura militar y lograron ocupar la antena de la televisión estatal por unas horas, proclamando la destitución del jefe del Estado. El operativo fue respondido con la intervención de fuerzas de seguridad beninesas, apoyo aéreo de Nigeria y respaldo de los servicios de inteligencia franceses, lo que permitió la restitución del control institucional en pocas horas, según detalló La Nation.
Las medidas adoptadas tras el golpe incluyeron la intensificación de los controles sobre actividades políticas y la judicialización de opositores. La presión judicial y la vigilancia policial han recaído especialmente sobre el partido Restaurar la Esperanza, cuyo líder, Azzanai, fue detenido durante una actividad interna. Este partido, según reportó La Nation, ha mantenido una postura crítica frente al presidente Talon y fue objeto de una vigilancia constante por parte de agencias estatales, según testimonios de voceros y expertos consultados por RFI. Analistas interpretan que la reciente detención de varios opositores ha generado un entorno donde se restringen las posibilidades de acción política de los sectores disidentes.
Kémi Seba, uno de los principales señalados por las recientes órdenes de detención, enfrenta investigaciones por supuestos actos dirigidos a modificar la estructura constitucional de Benín. De acuerdo con La Nation, Seba sostiene vínculos conocidos a nivel local e internacional con el respaldo a golpes militares en otros países africanos y con la promoción de la influencia rusa en la región. El líder opositor Sabi Sira Korogoné también está en la lista de buscados, tras ser acusado de intentar subvertir el orden gubernamental, de acuerdo a informes recogidos por RFI.
El refuerzo de las medidas de vigilancia, la emisión de órdenes internacionales de arresto y la ampliación de los operativos de búsqueda han impactado en la dinámica política del país. Según los medios citados, tanto organismos locales como internacionales llevan un monitoreo permanente sobre la evolución de los procesos jurídicos, así como sobre las condiciones y derechos de las personas detenidas o buscadas. Organizaciones de derechos humanos han mostrado inquietud por las consecuencias que estas medidas puedan tener en la protección de las garantías legales y en los espacios democráticos, en vista de la tensión e incertidumbre generadas tras el intento de derrocamiento.
La intensificación del control estatal en Benín ha provocado una atmósfera de alerta dentro de la oposición y sus simpatizantes, quienes denuncian limitaciones al ejercicio político y un cerco sobre sus libertades civiles. Las investigaciones y los operativos policiales seguían activos, con el enfoque puesto en consolidar la identificación y posterior arresto de quienes resultaran sospechosos de instigar el levantamiento militar.
La coyuntura postgolpista permanece bajo la observación de actores nacionales e internacionales, debido a las implicaciones que los hechos recientes y las respuestas estatales pueden tener sobre la estabilidad de las instituciones y las condiciones políticas y sociales del país. El desarrollo de los procesos iniciados tras el golpe y el curso de los procedimientos contra opositores como Candide Azzanai, Kémi Seba y Sabi Sira Korogoné siguen marcando la agenda pública y política en Benín, según reflejan tanto La Nation como Radio France Internationale.
