Casi una veintena de empleados de una empresa de Malgrat de Mar recibieron el aviso de no volver a sus puestos de trabajo tras una inspección conjunta llevada a cabo el 24 de julio. Los Mossos d’Esquadra y la Inspección de Trabajo de la Generalitat de Catalunya detectaron graves irregularidades laborales y documentales, que desembocaron en la detención del propietario de la compañía el pasado 6 de agosto.
Según han informado los propios Mossos, la empresa, dedicada a la gestión de residuos y servicios de limpieza, operaba en varios municipios de las provincias de Barcelona y Girona.
De acuerdo con los detalles difundidos por la policía catalana, la investigación comenzó a raíz de una comprobación sobre uno de los empleados. El 27 de junio, los agentes solicitaron información sobre el horario laboral de un trabajador que se encontraba bajo investigación.
El propietario de la empresa les presentó su contrato y aseguró que esa semana trabajó con normalidad, algo que resultó imposible, puesto que el empleado había estado detenido. Para los investigadores, este hecho destapó las primeras evidencias de fraude en la contratación y el uso de datos ajenos.
Jornadas abusivas y explotación sistemática
La nota de prensa de los Mossos d’Esquadra subraya que la empresa “se aprovechaba de la vulnerabilidad de los trabajadores irregulares”, quienes soportaban “una media de 90 horas semanales por aproximadamente 850 euros al mes”. Los empleados, según relataron tanto a la policía autonómica como a la Inspección de Trabajo, trabajaban por debajo de las condiciones reflejadas en sus contratos y no disfrutaban de los días de descanso obligados por ley.
Además, varios de ellos carecían de contrato, mientras en otros casos, la empresa utilizaba datos de personas residentes legales en España para formalizar contratos fraudulentos con quienes en realidad desempeñaban la labor.
Irregularidades documentales y situación administrativa
Durante el registro practicado por los agentes de la comisaría de Arenys y personal de la Inspección de Trabajo, se localizaron a nueve empleados sin documentos identificativos o portadores de copias de documentación perteneciente a terceros.
Tras su identificación definitiva, la Policía Nacional confirmó que todos se encontraban en situación administrativa irregular en territorio español. Quedó probado que habían empezado a trabajar sin papeles y, posteriormente, se les solicitó arreglar contratos facilitando datos personales de otras personas con residencia legal.
Despidos tras la inspección
Al conocerse la repercusión de la inspección, la empresa tomó medidas inmediatas. Según la comunicación oficial de los Mossos, “al día siguiente de la inspección, la empresa notificó a casi una veintena de empleados con contratos irregulares que no volvieran a trabajar”.
En paralelo, avanzaba la investigación liderada por la policía autonómica, que culminó con la detención del propietario -un hombre de 47 años, vecino de Blanes-, al que se le atribuyen delitos contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental.
Trabajadoras denunciadas y extensión del fraude
Además del empresario, tres empleadas de la compañía fueron igualmente denunciadas por los Mossos d’Esquadra, implicadas por su participación en los mismos hechos delictivos. El operativo policial y administrativo ha permitido sacar a la luz una red de contratación fraudulenta de inmigrantes en situación de especial vulnerabilidad, explotados en sectores laborales de alta demanda en distintas localidades de Barcelona y Girona.
