Los dirigentes piqueteros de la provincia de Chaco Marcos Antonio Cáceres, Lucas Alexis Torales Cordeiro, Diego Armando Rolón y Juan Carlos Rolón fueron detenidos ayer luego de una serie de allanamientos realizados en una causa por lavado de activos. La Justicia Federal considera que utilizaron en beneficio propio fondos públicos que les llegaban a sus cooperativas y fundaciones mayoritariamente a través del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular de Chaco (Iafep), que manejaba Carlos Mauricio Andión en el último mandato de Jorge Capitanich.
En octubre del año pasado Andión fue detenido, acusado de violación de los deberes de funcionario público y fraude contra la administración pública. A los piqueteros apresados ayer se les secuestraron camionetas, autos, motos y ganado. Capitanich se defiende y sostiene que el gobierno actual de Chaco, a cargo de Leandro Zdero (UCR), busca hacerlo responsable de sus propios problemas y que los dirigentes involucrados mantienen vínculos con la gestión actual.
Los allanamientos que derivaron en las detenciones de los dirigentes piqueteros se realizaron entre las 23 del lunes y las 6 del martes. Los solicitó el fiscal federal Patricio Sabadini, en una investigación que tiene delegada y cuya jueza es Zunilda Niremperger. Las denuncias contra Cáceres, y Diego y Juan Rolón llegaron a la fiscalía de Sabadini de forma anónima, en un sobre de papel madera; la que involucra a Torales Cordeiro se inició por información publicada por los medios provinciales Infoqom y Portal Móvil y datos enviados al teléfono personal del fiscal.
Marcos Antonio Cáceres fue identificado en la causa como “referente del Movimiento Juan Domingo Perón”. Junto a familiares, se lo ubica a cargo de la Cooperativa de Trabajo Central Progreso Limitada, de la Fundación Rosana Solidaria, de la Fundación Peronismo Unido y de la Fundación Juan Domingo Perón. “Las organizaciones antes mencionadas sumaron un total de $220.327.655,94 percibidos del Estado provincial especialmente durante el periodo anual 2022 y 2023, mayoritariamente provenientes del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular”, se describe en el expediente, al que tuvo acceso LA NACION.
La hipótesis del fiscal sobre Cáceres es que utilizó como testaferros a familiares. El detenido adquirió, según la investigación una camioneta Dodge Journey SE 2.4, modelo 2011 (en junio de 2022); una Dodge RAM 1500 5.7 V8, modelo 2013 (la compró en enero de 2023); un Toyota Corolla XEI 1.8 CVT, modelo 2016 (lo adquirió en 2019), y un Volkswagen Up, modelo 2015, que sumó a su flota “recientemente”.
Otra pata de la maniobra investigada es la de las propiedades. La pesquisa de Sabadini puso el foco sobre tres inmuebles que son propiedad de la Provincia de Chaco y que Cáceres utilizaría como quincho (ofrecido en alquiler para eventos) e incluso tendría en venta.
En el expediente, consta que el instituto que manejaba Andión “asignó el 93% del total de los subsidios recibidos por el Sr. Cáceres, es decir la suma de $204.935.272,54″. Además, se indica que “en los meses de octubre y noviembre del año 2023, previo a la finalización de la gestión del Sr. Mauro Andión como presidente del instituto, le fue asignada la suma de $52.195.615,26 del monto total antes mencionado”.
En tanto, Torales Cordeiro, integrante, entre otras asociaciones, de la Fundación Árbol de la Vida, recibió por esa entidad $64.498.138,23 del Estado chaqueño entre 2019 y 2023. La Fundación 11 de Febrero, que en la causa se adjudica a los tíos de Cordeiro, recibió más de $22 millones del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular conducido por Andión.
Además de la compra de vehículos como un Ford Focus, en la investigación de Sabadini se sostiene que Torales Cordeiro realizó “una maniobra materializada a través de la acreditación de grandes sumas de dinero en cuenta bancaria” y en la “constitución de un plazo fijo”. Así, según la causa, “registró en el periodo 2024 la acreditación de una suma de $32.754.857, de los cuales $16.926.105 se corresponden con la acreditación de un plazo fijo”. La pareja de Torales Cordeiro fue allanada en un domicilio de la provincia de Misiones.
El también detenido Diego Rolón es identificado en la causa como un referente de las cooperativas “Conformar” y “Jóvenes Sin Trabajo”, y de la Fundación “El valor del Esfuerzo”. En la investigación, le atribuyen la compra, en 2023, de una camioneta marca Toyota, modelo SW4 4X4, modelo 2018; en 2021, un camión marca Ford del año 1991 y, en 2021, una moto Honda XR 150.
Según reza el expediente, Rolón es acusado también de realizar “importantes mejoras en bienes inmuebles que pertenecerían al municipio [de Resistencia] y al Estado provincial, que se traducen en una gran inversión económica y aplicación de dineros ilícitos, siendo actualmente destinadas a uso y beneficio personal del investigado y/o a la obtención de un rédito económico”. Se mencionan cuatro inmuebles, entre ellos, un “quincho con piscina” y otro que se ofrece “en venta”. En un establecimiento rural del padre de Rolón, se secuestraron 36 bovinos, una escopeta y municiones.
A las organizaciones vinculadas a Diego Rolón, el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular les otorgó, en 2022 y 2023, $234.689.256,79, “el 81,19% del total de los subsidios recibidos por el Sr. Rolón”, según consta en el expediente judicial.
El cuarto detenido es Juan Carlos Rolón, identificado en la investigación como “referente del Movimiento La Roca Sólida”. Las acusaciones son similares a las que pesan sobre el resto: la adquisición de vehículos (Toyota SW4; Toyota Hilux 4×2; Dodge RAM), la construcción de un galpón en su casa con “fondos del erario público” y su utilización como “salón de fiestas”. Según consta en el expediente, el detenido “posee vínculo estrecho con el Sr. Mauro Andión, quien lo atendía de manera particular, y hasta realizaba visitas en el domicilio del nombrado”.
A través de cinco fundaciones, Juan Carlos Rolón recibió $205.897.770,08 provenientes del Estado provincial, se especifica en la causa. Son “fondos provenientes del Iafep, principalmente”, se añade.
La defensa de Capitanich
El exgobernador Capitanich, actual candidato a diputado provincial por el peronismo, se defendió de las acusaciones. “Hacernos responsables a 16 meses de haber dejado la gestión, de las mercaderías, las herramientas y el dinero en efectivo que encontraron, es una excusa más del gobierno para desligarse de los problemas con la excusa ‘del gobierno anterior’. Según los trascendidos periodísticos, entre los imputados hay sujetos que constituyeron plazos fijos en 2024, año en que no gobernábamos más, y hay fotos de los dirigentes sociales haciendo campaña para Leandro Zdero, son de 2023, de la campaña a intendente de la ciudad de Fontana”, dijo Capitanich a LA NACION.
“En cuanto al programa Ñachec, programa fallido de alimentos para hogares vulnerables, acopiaban mercaderías allí y realizaban actividades semanales. Lo mismo surge de las declaraciones realizadas en el momento de los allanamientos a personas de la organización, donde nombran que Dino Ortiz manejaba sus becas, esta persona es funcionario del gobierno de Zdero. Al final lo del año sin piquetes del actual gobierno era a costa de pactar con esos personajes”, acusó el exgobernador.
