En reiteradas ocasiones, nos hemos referido al valor de la ley sancionada el año pasado que habilita castigos para quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos por incumplir las obligaciones de manutención de sus hijos. Corresponde incluir en él a quienes adeuden total o parcialmente dos cuotas consecutivas o tres alternadas de alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados por una sentencia firme.
El “deber alimentario”, regulado por el Código Civil y Comercial, contempla mucho más que la comida y está acertadamente considerado una forma de “violencia económica”. La manutención de un menor supone su educación, esparcimiento, vestimenta, habitación y asistencia. El registro expide de manera gratuita certificados sobre la situación de morosidad en los pagos ante el requerimiento de personas físicas o jurídicas, invitando a que la comunidad colabore en esta tarea de control.
En una prueba piloto, en los controles realizados el 16 de marzo en un partido de fútbol disputado en la cancha de Boca, no se habían identificado ingresantes que figuraran en este padrón. Otro reciente operativo, efectuado en el estadio de River durante el match entre las selecciones de la Argentina y de Brasil, volvió a incluir estos controles. Los convenios entre la ciudad de Buenos Aires y 14 provincias permitieron la consulta en tiempo real del registro, y se detectó la presencia de tres morosos, dos provenientes de Neuquén y uno de Salta, que pretendían ingresar al espectáculo. El intercambio, la consulta y la coordinación entre registros similares de distintas jurisdicciones fueron claves.
Las autoridades porteñas prometen extender los operativos de manera progresiva a distintos espectáculos masivos, ofreciendo también asesoramiento a los afectados que lo soliciten. En principio, planean cubrir los 18 estadios ubicados en jurisdicción de la ciudad en las distintas categorías deportivas.
Con un total de más de 11.000 deudores alimentarios morosos, algunos con más de un hijo a cargo, debe celebrarse que se arbitren los medios para que, con un nuevo enfoque, se redoblen los esfuerzos para proteger los derechos de tantos niños y adolescentes afectados. Los métodos tradicionales claramente no han mostrado ser efectivos y el valor disuasorio de estas nuevas herramientas puede conducir a que algunos deudores regularicen su situación. Si no hay vergüenza o dolor moral por el incumplimiento, no deberían faltar otras formas creativas de sanción.
