Las billeteras digitales, los pagos mediante códigos QR y el sistema Bre-B quedan excluidos del cobro de retención en la fuente del 1,5% que el Gobierno nacional contemplaba para las transacciones hechas por medios electrónicos. Así lo anunció el Ministerio de Hacienda y el director de la Dian al presentar los cambios al proyecto de decreto que evaluaba la nueva norma tributaria.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, comunicó la decisión: “La intención de nivelar las reglas del juego entre medios de pago con tarjetas débito y crédito, por una parte, y los sistemas electrónicos de pago de bajo valor, por otra, se mantiene, pero ya no según una retención del uno punto cinco por ciento, sino una retención del cero por ciento”.
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Esto implica que la tarifa sobre los pagos que se realicen mediante billeteras como Nequi, Daviplata y plataformas QR será de 0%. El ajuste alcanza también a las operaciones con tarjetas de débito y crédito.
El Gobierno justificó la medida en línea con el objetivo de incentivar el uso de medios electrónicos y digitales, tanto para personas como empresas. Según Ávila, el cambio busca igualar las condiciones reglamentarias y “afirmar el incentivo para el uso de medios digitales y electrónicos en clave de mayor transparencia y modernidad en las transacciones y pagos”.
En palabras del director general de la Dian, Carlos Emilio Betancourt, “el Gobierno Nacional anunció que decidió modificar el decreto de proyecto que buscaba unificar en 1,5% la tarifa de retención en la fuente, por concepto del impuesto de renta para todos los medios de pagos, incluidos los de tarjetas de crédito y débito, sistemas electrónicos de bajo valor como Nequi, Daviplata, entre otros y los sistemas de pagos inmediatos como Bre-B”.
Betancourt explicó que una de las razones para este cambio fueron las más de 170 comunicaciones recibidas durante el plazo de comentarios al proyecto. La mayoría señaló que la retención generalizada impulsaría el uso de efectivo y dificultaría el control sobre la trazabilidad de las transacciones. Según Betancourt, esta verificación resulta clave “en la lucha contra la evasión de impuestos y contrabando”.
El anuncio se produce tras varias semanas de incertidumbre en el sector financiero y tecnológico, donde representantes como Colombia Fintech y Anif rechazaron la posible retención del 1,5%.
El presidente de Colombia Fintech, Gabriel Santos, declaró: “Este es un triunfo del trabajo conjunto del ecosistema. Demuestra que cuando actuamos unidos, con datos y argumentos, logramos decisiones que benefician al país. La digitalización no debe ser castigada, sino promovida como motor de inclusión y desarrollo económico”. José Ignacio López, presidente de Anif, sostuvo: “Eliminar las retenciones en pagos en tarjeta y no tener retenciones en pagos digitales es el camino a la formalización, la inclusión financiera, y, en el mediano plazo, el mayor recaudo”.
La iniciativa del Gobierno planteaba aplicar la retención para pagos hechos por canales electrónicos, con el fin de reducir la asimetría con tarjetas y otras formas de pago.
Según la Dian, esa retención del 1,5% se activaría solamente si el dinero provenía de una venta o un servicio que resultara ingreso para efectos tributarios.
Gremios como Asobancaria rechazaron la propuesta desde su llegada al Congreso. Jonathan Malagón, presidente de la asociación, afirmó: “La reciente propuesta del Gobierno era altamente inconveniente”.
Javier Suárez, presidente de Davivienda, comentó: “Esta decisión iba en contra de un sistema que apenas está naciendo”.
Además, César Prado, presidente del Banco de Bogotá, opinó que la medida surgía por “desespero ante la situación fiscal”.
El director de la Dian recordó que el uso masivo de plataformas electrónicas pone bajo control tributario las transferencias digitales. Las reformas tributarias de los últimos años ampliaron la base gravable y reforzaron la vigilancia sobre ingresos, patrimonio y consumos a través de billeteras y cuentas digitales.
Los usuarios deben dejar documentados los movimientos y sustentar el origen de los fondos ante requerimientos oficiales, incluso si la Dian no cobra retención por las transacciones entre cuentas propias.
El umbral de control para transferencias mensuales se fija en 210,50 UVT, equivalentes a $10.482.689,50 COP en 2025, y para el año asciende a 65 UVT, cerca de $65.891.000 COP. Movimientos superiores activan alertas automáticas de la autoridad tributaria, que puede solicitar documentos que expliquen el destino y derivación de los recursos.
El Gobierno asegura que la eliminación de la retención busca facilitar la formalización y brindar estímulos a quienes optan por canales digitales. El ajuste responde, según el Ministerio de Hacienda, “a las expectativas del sector y busca crear condiciones para acelerar la transición hacia una economía más moderna, transparente e inclusiva”.
