Las investigaciones sobre transferencias millonarias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a empresas relacionadas con familiares de Edgar José Lama intensificaron el escrutinio público y generaron un entorno de presión sobre el funcionario, quien comunicó su renuncia este martes. Según el reporte de Primicias, la salida de Lama ocurrió en el contexto de una serie de renuncias en el gabinete del presidente Daniel Noboa, vinculadas directamente a los resultados desfavorables para el gobierno en el reciente referéndum ecuatoriano.
De acuerdo con la información publicada por Primicias, Edgar José Lama dejó la dirección del IESS, cargo que ocupaba desde mayo, tras varios días de denuncias sobre presuntos pagos por parte del organismo a compañías con nexos familiares suyos. La dimisión tuvo lugar mientras otros seis altos funcionarios del Ejecutivo presentaron también su salida, abarcando las carteras de Gobierno, Desarrollo Humano, Trabajo, Agricultura, Sanidad, Educación y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. El propio presidente Noboa informó que la reestructuración busca reforzar la capacidad de respuesta ante demandas sociales y administrativas.
Primicias detalló que la presión mediática y política aumentó luego del referéndum realizado el domingo anterior, en el que la ciudadanía rechazó las cuatro principales propuestas impulsadas por el mandatario. Estas cuestiones incluían el retorno de bases militares estadounidenses, la eliminación del financiamiento público a partidos políticos, la reducción del número de asambleístas y la convocatoria a una asamblea constituyente. Según los datos publicados por el medio, el rechazo osciló entre el 53,47 por ciento y el 61,65 por ciento en las distintas preguntas: la reinstauración de bases extranjeras alcanzó el 60,65 por ciento de votos negativos, el subsidio a partidos políticos el 58,07 por ciento, la reducción de legisladores el 53,47 por ciento, y la asamblea constituyente el 61,65 por ciento.
La renuncia de Lama se formalizó luego de que circularan informaciones acerca de presuntas irregularidades en pagos del IESS, situación que generó cuestionamientos sobre la transparencia y el manejo de recursos públicos por parte del organismo. El diario Primicias expuso que, pese a las acusaciones, el presidente Noboa había defendido a Lama y declarado previamente que «no había evidencia de esas denuncias» sobre conflicto de intereses. Sin embargo, con el escenario político evolucionando y el incremento de las críticas tras la consulta popular, el Ejecutivo aceptó la dimisión del titular de la Seguridad Social.
En declaraciones públicas recogidas por el medio ecuatoriano, Edgar José Lama manifestó en su cuenta oficial de la red social X que su decisión respondía a un acto de responsabilidad hacia el presidente y el proyecto político que lidera. Lama expresó: «He presentado mi renuncia, convencido de que mi primer llamado es cumplir con el compromiso que asumí junto al presidente Daniel Noboa». Asimismo, agregó: «En lo público no se trata de personalismos: uno pasa, pero el proyecto político permanece». La misma red social fue empleada para subrayar la lealtad del exfuncionario a los lineamientos y metas del Ejecutivo, asegurando su continuidad en apoyo a los objetivos gubernamentales desde fuera de la función pública.
Primicias consignó que, junto a la renuncia de Lama, el gobierno llevó adelante una renovación en siete ministerios y secretarías clave, argumentando que estos movimientos buscan mejorar la eficiencia administrativa y responder a nuevos desafíos institucionales. El impacto inmediato de la salida de estos funcionarios, combinado con los resultados electorales recientes, configura un escenario en el que el gobierno de Noboa deberá reconstruir su base de apoyo político y definir nuevas prioridades ante la opinión pública y los sectores afectados.
Al dejar su cargo, Edgar José Lama expresó confianza en que «los intereses de los afiliados seguirán vigilados y defendidos», según recogió Primicias. Con estos movimientos, el Ejecutivo enfrenta la tarea de demostrar mayor transparencia y fortalecer su gestión, en medio de cuestionamientos sociales y políticos que se intensificaron tras el revés en la consulta popular y las acusaciones de manejo irregular de los recursos de la seguridad social.
