La presidenta Dina Boluarte declaró toque de queda en la provincia de Pataz en La Libertad. Su decisión se da a un día de haberse hallado los cadáveres de 13 mineros, los mismos cuyo secuestro había sido negado el último fin de semana por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.
Las horas en las que los ciudadanos estarán impedidos de transitar por las calles de Pataz serán anunciadas en las próximas horas y confirmadas a través del decreto supremo que se publicará en el diario oficial El Peruano.
La declaratoria se dio luego de la reunión entre la jefa de Estado, el gobernador de La Libertad, César Acuña, y el alcalde de Pataz, Aldo Mariño. La propuesta del líder de Alianza para el Progreso era la declaratoria del estado de sitio. Este indicó que se trata de “una medida extrema pero necesaria para recuperar el control del territorio y erradicar las redes criminales que amenazan la seguridad del Estado”.
Dina Boluarte sí hizo caso al pedido de inaugurar una base militar en la provincia de Pataz ante la ausencia de la Policía Nacional del Perú (PNP). La jefa de Estado también confirmó que durante los próximos 30 días se suspenderá toda actividad minera en la Pataz.
¿Qué sucedió en Pataz?
Casi una semana después de los primeros reportes sobre el secuestro de 13 mineros en Pataz, región La Libertad, se confirmó que todas las víctimas fueron halladas sin vida dentro de un socavón. Hasta el mediodía del 5 de mayo, la presidenta Dina Boluarte no se había pronunciado pronunciado oficialmente al respecto.
La confirmación coincidió con la difusión de un video en redes sociales, presuntamente grabado por los secuestradores, en el que se muestra cómo cada uno de los mineros fue ejecutado a quemarropa. Los cuerpos fueron encontrados en un mismo lugar y, según sus familiares, llevaban varios días allí.
Las víctimas eran trabajadores contratados por la empresa R&R, propiedad de un minero artesanal que realiza labores legales para la minera Poderosa, una de las principales compañías auríferas de la provincia. Esta empresa también ha sido blanco de ataques por parte de mineros ilegales que intentan tomar el control de la zona.
La negativa y el silencio del premier
El miércoles 30 de abril, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, indicó que “se recibieron audios que presuntamente daban cuenta de estos secuestros”, pero su despecho no contaba con denuncia alguna.
Sus declaraciones han generado la indignación de los familiares de los mineros asesinados, quienes aseguran que la denuncia se había presentado con anterioridad. Al igual que algunos congresistas, han pedido la renuncia de Adrianzén.
“Usted es un patán, un desgraciado porque no ha tenido la contemplanza con aquellos que han estado retenidos por estos delincuentes; sin embargo, usted sale a decir que el día viernes no sabía nada, que no había ninguna denuncia y esa es una mentira grande. Que sepa la nación. El día martes a las 10:00 p.m. se presentó una denuncia», dijo Enrique Carbonel, padre de un minero.
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