Un juez federal de Baja California negó el descongelamiento de las cuentas bancarias de la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, quien es señalada por autoridades estadounidenses de tener presuntos vínculos con la facción criminal “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa.
El fallo se produjo después de que la legisladora solicitara una suspensión provisional tras su inclusión en la lista de personas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), medida tomada en atención a una alerta financiera emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Según información de Milenio, el juzgado Décimo de Distrito en Baja California, a cargo del juez Marco Antonio Arreola Herrera, resolvió que Brown Figueredo no presentó pruebas documentales que acrediten su titularidad sobre las cuentas bancarias congeladas.
La legisladora de Baja California promovió el recurso de amparo el 2 de octubre de 2025, después del bloqueo de una de sus cuentas. La solicitud buscaba “que sea otorgada la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que se elimine de la lista de personas bloqueadas a la suscrita y, con ello, pueda acceder a los fondos de las cuentas que me fueron bloqueadas con motivo de actos inconstitucionales”, se leía.
En la resolución, el juez ordenó que la UIF debe entregar un informe sobre este caso dentro de 48 horas. Si no cumple con ese plazo, el juez dará por válido el reclamo de la diputada solo para efectos del trámite de suspensión, es decir, asumirá que lo que ella afirma sobre el acto reclamado es cierto, pero únicamente para considerar si procede o no la suspensión provisional solicitada.
Las acusaciones contra Hilda Brown
A mediados de septiembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Hilda Araceli Brown en una lista de personas y empresas sancionadas por presunta colaboración con el grupo criminal conocido como “La Mayiza”, especialmente con sus operaciones en Baja California, en donde la plaza está a cargo de los hermanos Alfonso y René Arzate García, alias “El Aquiles” y “La Rana”, quienes operan bajo las instrucciones de Ismael Zambada Sicairos.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, durante su periodo como alcaldesa en Rosarito, Brown habría facilitado el control del ayuntamiento mediante designaciones estratégicas en la administración local, cobros de extorsiones y protección institucional para los líderes criminales.
Pese a los señalamientos de EEUU, Brown Figueredo negó en su momento tanto el congelamiento de sus cuentas como la existencia de sanción alguna dictada por el gobierno mexicano y afirmó que, hasta esa fecha, tampoco había sido formalmente notificada en México respecto de las implicaciones judiciales de las sanciones estadounidenses.
La acusación estadounidense sostiene que la operación de la red criminal identificada como “Boardwalk Empire” involucra el uso de una quincena de empresas y decenas de negocios turísticos, bares y restaurantes, como plataformas para el lavado de dinero generado por narcotráfico, extorsión y cobro de piso.
El empresario Jesús González Lomelí, propietario de establecimientos como Bombay Beach Club y Coco Beach Club, es señalado como operador financiero de Los Arzate y presunto vínculo con otros cuadros de la organización criminal y sectores económicos de Rosarito.
Candelario Arcega Aguirre es otro de los identificados por autoridades estadounidenses como un operador político clave en la estructura de “La Mayiza”, habría mantenido una relación cercana con Hilda Araceli Brown durante su administración en Rosarito. De acuerdo con los reportes , Arcega facilitó la colocación de personas afines en cargos municipales estratégicos y sirvió como intermediario entre funcionarios del ayuntamiento y los líderes criminales.
La legisladora ha ocupado cargos como regidora entre 2010 y 2013, diputada local en la XXII Legislatura de Baja California, alcaldesa de Rosarito y actualmente es diputada federal por Morena.
