A un año de la primera marcha federal universitaria que movilizó, en todo el país, a docentes, estudiantes y familias en contra de los recortes en los fondos públicos destinados a las casas de altos estudios, la oposición en la Cámara de Diputados volvió a presentar un proyecto que busca garantizar la estabilidad presupuestaria del sistema universitario, iniciativa similar a la que fue vetada por el presidente Javier Milei.
La iniciativa, elaborada por los diputados Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Danya Tavela (Democracia para Siempre) se presentó luego de dos jornadas de protesta impulsadas por los gremios universitarios ante la demora del Gobierno en convocar a paritarias para actualizar los salarios de docentes y no docentes, como así también ante la continuidad del desfinanciamiento del sistema científico, la parálisis delas obras de infraestructura, la reducción de las becas y la desactualización de los gastos de funcionamiento.
El proyecto, que cuenta con el guiño de los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), propone la actualización automática de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales retroactiva al 1° de enero de 2025 y según el índice de precios al consumidor (IPC). Para el resto del año establece un mecanismo de ajustes bimestrales combinando inflación (50%), variación del tipo de cambio oficial para importaciones (25%) y tarifas de servicios públicos (25%).
El texto también prevé la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes universitarios dentro de los cinco días posteriores a la sanción de la ley, con el fin de recomponer los salarios en base a la inflación acumulada. Asimismo, propone actualizar los programas de becas estudiantiles por inflación desde diciembre de 2023 y establecer mecanismos automáticos de actualización para evitar que pierdan poder adquisitivo.
“Frente a un contexto de ajuste fiscal que desfinancia a nuestras universidades, proponemos una ley que garantice previsibilidad, calidad educativa y acceso igualitario en todo el país”, indicó Tavela. “La educación superior es una inversión estratégica para el futuro del país. Garantizar su financiamiento adecuado es una condición indispensable para promover el desarrollo científico, tecnológico, cultural y social de la Argentina”.
Por su parte, Ferraro aseguró que “destruir las universidades es destruir el futuro del país. Su desfinanciamiento no es un simple ajuste, es una decisión política que asfixia a nuestras universidades, compromete su funcionamiento, el pago de salarios y la calidad educativa. No nos da lo mismo. Por eso impulsamos este proyecto, para garantizar su sostenimiento. Esta decisión no es aislada ni accidental: forma parte de un rumbo elegido que pone en riesgo uno de los pilares fundamentales del desarrollo nacional. Por eso, defender la universidad pública es una causa irrenunciable para quienes creemos en un país con futuro, igualdad y oportunidades”.
Advertencia de los rectores
Fuentes legislativas anticiparon que los rectores nucleados en el CIN avalaron la iniciativa de los legisladores y que en los próximos días presentarán un proyecto propio de carácter integral.
“Sin salarios dignos no hay universidad pública”, advirtieron el martes pasado los rectores de las 61 universidades nacionales. Allí señalaron que el desfasaje entre inflación e incrementos recibidos desde noviembre de 2023 supera el 80% y que, en muchos casos, los salarios se ubican por debajo de la línea de pobreza.
“No hay universidad pública sin salarios dignos”, advirtieron, y calificaron la situación como “la más grave desde la recuperación democrática en materia salarial”.
El proyecto de los diputados opositores plantea también la modificación del artículo 58 de la Ley de Educación Superior, incorporando criterios objetivos para la distribución presupuestaria, tales como el número de estudiantes, tipo de carreras, áreas estratégicas, egresos, actividades científicas y de extensión, garantizando además la equidad regional y la transparencia en la asignación de recursos.
Además, otorga un rol protagónico a la Auditoría General de la Nación, que deberá remitir al Congreso informes de seguimiento y control sobre el uso de los fondos, reforzando la transparencia del sistema.
La iniciativa fue acompañada por diputados de Encuentro Federal y de Democracia para Siempre, entre ellos Marcela Antola, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Fernando Carabajal, Mariela Coletta, Marcela Coli, Mónica Fein, Mónica Frade, Melina Giorgi, Pablo Juliano, Facundo Manes, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer y Nicolás Massot.
