En un contexto político y económico complejo para el Gobierno, un amplio abanico opositor le propinó un nuevo golpe al oficialismo en la Cámara de la Diputados al convertir en ley la reforma de la ley que reglamenta el tratamiento legislativo de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y decretos delegados que dicta el Poder Ejecutivo.
La votación finalizó 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones, en su mayoría de la UCR.
El oficialismo calificó la ofensiva opositora de “desestabilizante” y rechazará la reforma de la ley que reglamenta el uso de los DNU, que ya cuenta con media sanción del Senado. Es que, de ser convertido en ley, el Poder Ejecutivo estará obligado a conseguir, en un plazo de 90 días, el apoyo de ambas cámaras legislativas para sostener la validez de sus decretos. Si no lo logra, el decreto queda derogado.
La iniciativa empodera al Congreso pues dispone, además, que bastará con que una sola cámara rechace un DNU o decreto delegado para dejarlo sin efecto; la norma actual exige el rechazo de las dos cámaras. En definitiva, la reforma pretende erradicar el artilugio de la “sanción ficta” contenida en la ley 26.122 que impulsó la entonces senadora Cristina Kirchner: la convalidación de los decretos a partir del silencio del Congreso.
“Nadie puede pecar de ingenuo ni creer que el kirchnerismo con su dictamen de mayoría quiere mejorar las instituciones de la república. Al contrario, se propone desestabilizar al Gobierno, generando una mayor inseguridad jurídica”, advirtió Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
“Con este diseño (que plantea la reforma de la ley), que viola la Constitución, se pretende instalar el gobierno del Congreso, una suerte de democracia parlamentaria, en el que ya no será el Poder Ejecutivo el que tome las decisiones”, agregó.
“Esta ley tiene claramente un interés de desestabilizar al gobierno nacional. Cada vez que el kirchnerismo no gobierna, entorpece. Cuanto peor, mejor”, alertó el también libertario Álvaro Martínez.
Los opositores, en sus discursos, aseveran que la intención de la reforma no es limitarle las facultades al presidente Javier Milei de dictar decretos, sino evitar que el Poder Ejecutivo haga uso y abuso de esta herramienta; junto con los vetos a las leyes opositoras, el Gobierno ha buscado esquivar sistemáticamente al Congreso, alegaron.
“Esta ley no atenta contra la gobernabilidad, al contrario, es a favor -replicó Nicolás Massot (Encuentro Federal)-. Esta reforma sirve para que el Gobierno entienda que no se puede gobernar con un tercio de legisladores en una de las cámaras y que necesita formar mayorías. Si no lo hace, no hay tercio que los salve.”
Por su parte, Miguel Pichetto (Encuentro Federal) indicó que si bien él votó la norma en 2006, cuando la impulsó la entonces exsenadora Cristina Kirchner, consideró pertinente su reforma por el uso excesivo que, a su juicio, hicieron de esta herramienta los distintos gobiernos.
“En el tiempo que estamos viviendo, esta mecánica del Gobierno, con el abuso de los vetos, de los DNU, es un dato muy negativo y constituye una visión muy limitada de la democracia -sostuvo-. Este no es una iniciativa contra el Gobierno ni contra el presidente, los DNU son un elemento necesario pero deben ser tratados con seriedad por parte del Ejecutivo”.
El diputado Juan López (Coalición Cívica) cuestionó al kirchnerismo por el uso y abuso de los DNU mientras ejerció el gobierno -pese a que dominaba ambas cámaras- pero también a la administración libertaria “por el abuso total en el uso de los decretos, una práctica que vuelve a alertar sobre la institucionalidad”.
El radicalismo, que ha sido un histórico detractor de la ley 26.122, mostró posiciones divididas en esta oportunidad. En el Senado votó a favor de la reforma, pero en la Cámara de Diputados el bloque que conduce Rodrigo De Loredo no hizo lo mismo y buscó una diagonal para zafar del dilema: pedir que la reforma rija a partir de 2027.
“Exigirle en tiempo récord a un gobierno que no tiene un solo gobernador, un solo intendente y cuenta con un puñado de legisladores, lo que no se le exigió a los gobiernos anteriores constituye un hecho que los desestabiliza institucionalmente”, alegó De Loredo.
En cambio, el radical Julio Cobos se desmarcó de su bloque y anticipó su apoyo a la reforma. “Es necesario que que los DNU tengan la misma jerarquía de una ley tradicional”, sostuvo.
En la otra vereda, el libertario Santiago Santurio embistió contra los bloques opositores que acuerdan las ofensivas con el kirchnerismo. “Dicen que nosotros somos iguales a los kirchneristas; iguales son aquellos que votan con ellos. Tienen la misma agenda; son una estafa”, alegó.
En la misma línea, desde el bloque Pro el diputado Damián Arabia les pidió a los bloques opositores que no sean funcionales al kirchnerismo en su intento de bloquear al Gobierno. “Les pido que pensemos en el sentido de la ética de la responsabilidad de (Max) Weber: que más allá de nuestras intenciones, lo que importan son las consecuencias”, exclamó Arabia levantando la Constitución Nacional con el brazo.
En una posición más neutral, el diputado Ricardo López Murphy advirtió que si se llegó a esta instancia fue por la incapacidad del oficialismo para dialogar con la oposición. “Los errores políticos se pagan”, alertó. Y si bien se mostró contrario al abuso de los DNU, admitió que su temor es que esta reforma sea considerada inconstitucional.
El debate, por momentos intenso, no deja de desnudar ciertas paradojas. Una de ellas, que el oficialismo defienda con uñas y dientes una ley que lleva el sello de la exsenadora Cristina Kirchner, demonizada por los libertarios. La otra, que el kirchnerismo no abrió la boca en toda la sesión: la única del bloque de Unión por la Patria que defendió la reforma fue Mónica Litza, quien responde a Sergio Massa.
“El problema no es el instrumento (los DNU) sino cómo se han utilizado. Hubo decretos que ampliaron derechos, como el de la Asignación Universal por Hijo”, enfatizó.
Una sesión agitada
El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, intentó, en vano, desactivar el debate, el último antes de las elecciones. Desde que se conoció el pedido de sesión, pasó horas al teléfono con gobernadores aliados buscando una salida: que sus legisladores se ausentaran para impedir el quorum. No lo logró.
El quorum se consiguió con el grueso de Unión por la Patria (UP), el bloque de Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), los radicales de Democracia y la Coalición Cívica.
Fue determinante la presencia de los cuatro cordobeses de Martín LLaryora. Se sentaron tras acordar que se adelantara el tratamiento del proyecto de coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), cuyo debate estaba previsto para el final.
Se ausentaron, en cambio, los legisladores de otros mandatarios provinciales: Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y Albert Weretilneck (Río Negro).
La sesión arrancó bajo la sombra incómoda -para el oficialismo- del escándalo en torno al diputado José Luis Espert por sus vínculos con Federico “Fred” Machado, investigado en los Estados Unidos por pertenecer a una estructura ligada al narcotráfico y lavado de activos.
Si bien Espert renunció el lunes pasado a su candidatura a renovar su mandato por La Libertad Avanza, la decisión no descomprimió el clima de tensión que se avizoraba en el recinto. Varios legisladores de la oposición pretendían forzar el tratamiento de los proyectos para removerlo de la banca; aunque no contaban con la mayoría de dos tercios que exige la Constitución para hacerlo, buscaban al menos caldear el ambiente y poner en aprietos a los libertarios.
El oficialismo cortó de cuajo sus pretensiones. Ni bien arrancó la sesión, Espert –quien no estuvo presente en el recinto– hizo circular el pedido de licencia que había presentado el diputado hasta el 8 de diciembre próximo. Ese día vence su mandato.
Si bien los libertarios lograron desactivar la ofensiva sobre Espert, no pudieron dar de baja algunas de las iniciativas contenidas en el temario de la sesión.
Entre esas iniciativas figura designación de la Defensora de los Derechos del Niño, María Paz Bertero, identificada con el sector “verde”, junto a Eduardo Robledo y Héctor Vito como adjuntos. El oficialismo cuestiona el proceso que llevó adelante la radical Natalia Sarapura y evalúa impugnarlo. De avanzar, podría erosionar más los vínculos con aliados circunstanciales. María Sotolano, aliada de Jorge Macri, votó a favor esta terna.
Otra discusión latente es la posibilidad de interpelar a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, por los audios filtrados de Diego Spagnuolo, extitular de la Andis, que mencionan presuntas coimas en el organismo. También al jefe de Gabinete por no reasignar las partidas correspondientes a la emergencia en Discapacidad, que el Presidente dejó en suspenso.
Finalmente, como anzuelo para mantener a los referentes de los gobernadores hasta el final, la oposición buscará aprobar el nuevo esquema de coparticipación del ICL, que aumentaría los recursos provinciales. El proyecto ya cuenta con media sanción del senado y se convertirá en ley si Diputados avanza, aunque se descuenta que será vetado por Milei.
