La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió a comisiones la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que plantea la expedición de una nueva Ley General de Aguas y la reforma integral de la Ley de Aguas Nacionales.
El documento fue turnado para dictamen a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento y para opinión a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El objetivo central de la iniciativa es fortalecer la rectoría del Estado sobre el dominio y la administración de las aguas nacionales.
Según el texto, se busca garantizar una distribución más justa del agua, asegurando tanto a las generaciones actuales como a las futuras el acceso a este derecho fundamental.
La propuesta pretende dotar de certeza jurídica a la actuación de las autoridades y brindar seguridad a las personas usuarias, privilegiando el interés general.
En lo relativo a la Ley General de Aguas, el proyecto establece las acciones que deben asumir las autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar el acceso, disposición y saneamiento del agua destinada al consumo personal y doméstico.
Además, sienta las bases para un uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, reconociendo su interdependencia con otros derechos fundamentales.
El documento también plantea reglas claras para la distribución de competencias entre autoridades federales, estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
Un apartado específico se dedica a la promoción de la cultura del agua, con el fin de generar conciencia sobre su importancia para la vida y la dignidad humana.
Se propone fomentar el uso racional y eficiente del recurso, incentivar la participación social en su conservación y reconocer los sistemas comunitarios de gestión del agua.
En cuanto a la Ley de Aguas Nacionales, las reformas propuestas buscan que el agua deje de ser considerada y administrada como una mercancía.
El texto establece que el Estado mexicano será el único responsable de regular el uso del agua, eliminando el régimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares.
Toda concesión de agua que no se utilice para los fines autorizados deberá regresar a la Conagua, que decidirá su redistribución y aprovechamiento. Se revisará que el agua se destine efectivamente al uso para el que fue solicitada y concesionada.
La iniciativa incorpora el concepto de responsabilidad hídrica en el catálogo de derechos, con el objetivo de reconocer las buenas prácticas de concesionarios o asignatarios.
Bajo ciertas circunstancias, este criterio podrá ser considerado favorable o atenuante en procedimientos administrativos.
Además, el Registro Público de Derechos de Agua evolucionará hacia un Registro Nacional del Agua, lo que permitirá un mayor control y transparencia en el régimen de concesiones y asignaciones.
Se modifican las reglas para la determinación del pago de la cuota de garantía, con el propósito de erradicar prácticas de acaparamiento y asegurar que el agua llegue a quienes realmente la necesitan y utilizan.
También se establecen reglas claras para las concesiones de uso agrario, con el fin de garantizar la soberanía alimentaria, reconocer los derechos de los titulares y evitar distorsiones en su objeto.
El procedimiento para detectar usos irregulares del agua y el incumplimiento de obligaciones se fortalece, al igual que el régimen de sanciones para desalentar estas conductas. El documento incluye un catálogo de delitos hídricos que complementa el esquema sancionador de la autoridad.
