Dos días después de que el menor de 17 años vinculado al caso por el atentado del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay escapara del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la directora de la entidad, Astrid Cáceres, entregó nuevos detalles del caso.
Aunque el Icbf ya había aclarado que el menor, que se entregó voluntariamente al ente acusador asegurando ser testigo del plan, no se encontraba detenido, Cáceres reafirmó en diálogo con la revista Cambio que “no está fugitivo, no está capturado, no está acusado” y que las acciones en curso apuntan prioritariamente a garantizar su protección y la búsqueda de su familia mientras permanece en Colombia.
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La funcionaria explicó que el joven se ausentó irregularmente del centro de emergencia Villa Javier, contratado por esta entidad y ubicado en la localidad de San Cristóbal en Bogotá, la noche del lunes 28 de julio, lo que activó los protocolos pertinentes de búsqueda.
Según detalló la directora del Icbf a la revista Cambio, el adolescente había acudido de manera voluntaria a la Fiscalía para colaborar en las investigaciones sobre el ataque ocurrido el 7 de junio contra Miguel Uribe Turbay.
Autoridades del ente acusador confirmaron que el menor fue entrevistado y llegó a proporcionar información relevante, aunque finalmente se verificó que no tuvo participación alguna ni en la preparación ni en la ejecución del atentado.
La Fiscalía aclaró que el joven estaba siendo indagado por su posible vinculación en actos preparatorios, pero esa línea de investigación se cerró tras su declaración.
“Por eso rindió entrevista cuando se presentó y aportó información a la Fiscalía sobre el atentado. Pero se verificó que él no tuvo participación como tal ni en la preparación ni en el atentado”, señaló una fuente reservada de la Fiscalía al diario nacional.
Frente a los detalles de la salida del adolescente del centro, Astrid Cáceres precisó que, aunque por el momento no cuenta con información sobre si el escape ocurrió por una puerta o una ventana, la prioridad inmediata consistió en activar la búsqueda, la cual según los protocolos de la institución, se mantiene con intensidad hasta por seis meses o hasta que se logre una ubicación.
“Los detalles de la salida no los tengo en este momento. El punto central que se activa es buscarlo, porque ellos tienen unos protocolos de salida del sitio y se tienen que cumplir en acompañamiento de los adultos. Seguramente uno de esos protocolos debió evadirlo. Vamos a averiguar más el detalle”, comentó la directora del Icbf a Cambio.
La funcionaria también resaltó que la Policía de Infancia y Adolescencia tiene autorización formal para operar en estos casos y sigue normativas estrictas para ello.
Sobre el origen de la protección estatal hacia este menor, la directora del Icbf especificó que el joven, al ser migrante no acompañado, ingresó a un proceso institucional de restablecimiento de derechos y se le asignó defensoría, con el objetivo prioritario de localizar a sus familiares o adultos responsables.
Cáceres recalcó que la permanencia de niños y adolescentes en centros de emergencia es temporal, destinada a ofrecer abrigo y alimentación mientras se determinan soluciones más estables, como la ubicación de familiares o el traslado a centros de protección.
“¿Qué esperábamos desde anoche? Pues que la búsqueda vaya dando resultados y no porque él esté fugitivo. Aquí hay que tener claridad y darle este mensaje al adolescente. Él no está fugitivo, no está capturado, no está acusado. Y lo que queremos es poder continuar con el proceso de restablecimiento y que podamos ubicar a su familia y darle garantías en este país mientras esté en Colombia”, comentó Cáceres.
Con relación al vínculo del menor con el atentado a Miguel Uribe Turbay, Cáceres aseguró que toda la información manejada por el Icbf proviene del comunicado de la Fiscalía, en el cual se menciona que el adolescente aportó información tras haber presenciado o escuchado sobre una reunión vinculada al caso.
Sin embargo, la funcionaria entregó su versión sobre las posibles motivaciones del menor para fugarse del centro de protección, argumentando que podría tratarse de la presión que le generaría la información que ha circulado en medios de comunicación y redes que lo tachan de señalado y acusado, cuando no es un hecho comprobado.
“Hay que tener mucho cuidado. La Defensoría de Familia venía trabajando para poder darle las condiciones de restablecimiento de derechos. Creo que cuando hablamos de captura, evasión o fuga, lo que estamos haciendo es sembrar mucho temor en ellos. Yo realmente tengo mucho temor por los términos en que se han puesto las cosas porque eso sí puede poner en riesgo al adolescente”, señaló la directora del Icbf al diario nacional.
Asimismo, solicitó a la ciudadanía colaborar con la comprensión del rol de estas instituciones y reiteró que el diálogo y el acompañamiento profesional han permitido transformar la percepción de los adolescentes respecto a las medidas de protección.
“Lo ponen en riesgo, lo ponen como si fuera parte de las capturas que se han hecho. Espero que nos ayude la ciudadanía a entender que los centros de protección no son cárceles para niños. Es relativamente usual que los adolescentes estén en contra de medidas de protección, pero siempre con el diálogo hemos logrado transformarlos”, concluyó la funcionaria.
