Después de dieciséis días de protesta en la plaza de Bolívar, en Bogotá, los campesinos que se movilizaron desde el sur de Colombia han alcanzado un acuerdo con el Gobierno nacional, poniendo fin a su permanencia en el corazón de la capital del país.
Aunque enfrentaron el clima adverso de la ciudad, estas comunidades mantuvieron su presencia pacífica para exigir soluciones concretas a sus necesidades básicas, proyectos productivos y derechos fundamentales.
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Según informó la Alcaldía Mayor de Bogotá, los acuerdos logrados permitirán el retorno digno de los manifestantes a sus territorios con garantías para abordar las demandas planteadas durante la movilización.
A través de un comunicado, el secretario distrital de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, señaló: “Es fundamental que sigan avanzando los diálogos con el Gobierno nacional, porque esta vía de hecho ya llevaba bastante tiempo y estaba causando serias afectaciones. La ciudad capital ha hecho su parte. Es momento de que la Nación escuche, actúe y dialogue”.
Desde su arribo a la capital, los manifestantes contaron con el acompañamiento de diversas instituciones distritales, que ofrecieron atención en salud, suministro de agua potable y apoyo humanitario. Estas acciones, coordinadas por la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de Salud (SDS), el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), garantizaron condiciones mínimas durante su estadía. Aunque la administración local recalcó que “estas medidas no sustituyen el diálogo político y estructural que deben liderar los ministerios del orden nacional”.
Las comunidades campesinas, provenientes de distintas regiones del sur del país, llegaron a Bogotá con el objetivo de obtener compromisos del Estado en torno a la atención integral para su desarrollo. Durante la movilización, resistieron a la intemperie bajo temperaturas bajas y lluvias típicas de la capital. El acuerdo alcanzado entre las partes marca un paso significativo hacia el reconocimiento y la solución de las problemáticas rurales.
Quintero Ardila destacó el proceso como una muestra del potencial del diálogo social: “Celebramos no solo un acuerdo, sino una victoria del diálogo social. Agradecemos al Gobierno Nacional por su voluntad política, y a todas las entidades del Distrito que hicieron posible una respuesta coordinada y solidaria”. A su vez, la alcaldía reiteró su compromiso con la protección del derecho a la protesta pacífica y la defensa de los sectores rurales.
El Gobierno nacional, en conjunto con la administración distrital y demás actores involucrados, espera que los compromisos adquiridos durante las negociaciones sean cumplidos a cabalidad, permitiendo no solo la solución de las demandas inmediatas, sino también avances sostenibles para las comunidades afectadas en sus territorios.