El gobierno de Donald Trump limitó un programa de condonación de préstamos estudiantiles en una de sus últimas medidas. El Departamento de Educación de Estados Unidos (ED, por sus siglas en inglés) aseveró que el objetivo de esta iniciativa es “reforzar su integridad” y «asegurar que los fondos públicos no beneficien a empleados de organizaciones que participan en actividades ilegales».
A quiénes afecta la limitación de Trump sobre el programa de condonación de préstamos estudiantiles
El programa de condonación de préstamos de servicio público (PLFS, por sus siglas en inglés) está destinado a que personas calificadas puedan acceder a fondos federales para la universidad, como becas, préstamos y programas de trabajo, que pueden adquirir los empleadores elegibles. La nueva normativa del gobierno de Trump determinó la exclusión a ciertos empleadores.
La hoja informativa del Departamento de Educación que modifica la definición de “empleador elegible”, publicada el 30 de octubre, detalló que la medida:
- Excluye del programa PSFL, por sus siglas en inglés) a empleadores como gobiernos locales, ONGs, entidades religiosas o sin fines de lucro; que tengan un “propósito sustancialmente ilegal”.
- Tiene la intención de proteger los fondos de los contribuyentes para que no sean destinados de forma indirecta a organizaciones que violan las leyes federales o estatales bajo su consideración.
- Mantiene el crédito total de los pagos realizados por los prestatarios hasta la fecha en que el empleador sea declarado no elegible.
El programa perdona el saldo restante de los préstamos estudiantiles federales directos cuando la persona realizó 120 pagos al mes calificados y trabaja a tiempo completo para un empleador elegible.
Cuándo entra en vigor la nueva limitación del programa de condonación de préstamos estudiantiles
La modificación de la administración Trump reciente del concepto respondió a una orden ejecutiva emitida en marzo pasado y entrará en vigor el 1º de julio de 2026.
Por ende, la secretaria de Educación, Linda E. McMahon, tendrá la facultad (bajo la Ley de Educación Superior) para determinar “por preponderancia de la evidencia” que un empleador tiene un propósito ilegal sustancial. Bajo este concepto, se contempla:
- La ayuda o la incitación a violar las leyes migratorias federales.
- El apoyo al terrorismo o la violencia para influir en políticas del gobierno de EE.UU.
- La castración o mutilación química o quirúrgica de menores en violación de la ley.
- El tráfico interestatal de niños con fines de emancipación ilegal.
- La discriminación sistemática o violaciones reiteradas de las leyes estatales.
Si un empleador es descalificado, recibirá previamente un aviso y tendrá la oportunidad de proporcionar una respuesta al Departamento de Educación. En caso de que se apruebe la inhabilitación, los interpelados dejarán de recibir el crédito PSLF de forma inmediata pero no retroactiva.
En tanto, los empleadores podrán recuperar su elegibilidad luego de 10 años o a través de un plan correctivo aprobado, indicó el organismo gubernamental.
El efecto que causaría esta medida de Trump en los migrantes
Tras el anuncio del gobierno estadounidense, las organizaciones Democracy Forward y Protect Borrowers publicaron un comunicado para solicitar que no se ponga en marcha la nueva medida. En el escrito, detallaron el impacto que podría ocasionar en la comunidad migrante.
“La norma permitiría a la secretaria McMahon tomar represalias contra las jurisdicciones santuario, así como contra las organizaciones sin fines de lucro que brindan apoyo a familias inmigrantes», puntualizaron.
Así, también mencionaron a aquellas entidades que cooperan en materia de atención médica que afirma la identidad de género, diversidad e igualdad en el lugar de trabajo y protección de los derechos de la Primera Enmienda de los manifestantes.
