Dos líderes opositores venezolanos, ambos solicitantes de refugio en Colombia, fueron víctimas de un ataque sicarial en el norte de Bogotá mientras caminaban para tomar transporte público.
El hecho se registró en la tarde del lunes 13 de octubre de 2025, cuando sicarios dispararon en repetidas ocasiones contra Luis Alejandro Peche y Yendri Omar Velásquez, defensor de derechos humanos y activista Lgbtiq+, quienes resultaron heridos y debieron ser trasladados de inmediato a centros asistenciales.
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Los reportes preliminares indican que los agresores abordaron a las víctimas sin mediar palabra y abrieron fuego antes de huir del lugar. El incidente generó alarma entre la comunidad migrante y defensora de derechos humanos, dada la condición de vulnerabilidad de quienes han debido abandonar su país por motivos políticos.
Peche y Velásquez residían en Bogotá desde hace varios meses. En el caso de Velásquez, su labor como activista Lgbti+ y defensor de derechos humanos lo llevó a solicitar refugio en Colombia tras huir de Venezuela por persecución política.
Ambos habían buscado acompañamiento de la Defensoría del Pueblo para tramitar su protección internacional, en un contexto donde la persecución y la violencia continúan marcando la vida de quienes defienden derechos fundamentales.
La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo al atentado a través de redes sociales, subrayando la gravedad del ataque contra los dos ciudadanos venezolanos y la importancia de su labor. En su pronunciamiento, la entidad destacó que las víctimas habían solicitado apoyo institucional para garantizar su seguridad y la de otros líderes sociales en situación similar.
“Rechazamos el atentado ocurrido hoy en el norte de Bogotá contra dos ciudadanos venezolanos, entre ellos Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia”, manifestó la Defensoría.
El organismo también enfatizó la necesidad de denunciar estos hechos a nivel internacional y de fortalecer la protección a migrantes y refugiados, especialmente cuando su condición de víctimas de persecución se agrava por nuevos episodios de violencia en el país de acogida.
La Defensoría recordó que muchos líderes sociales han debido recurrir a su acompañamiento para tramitar solicitudes de protección internacional, tras verse forzados a abandonar su país de origen.
En cuanto al estado de salud de las víctimas, las autoridades informaron que ambos se encuentran fuera de peligro pese a la gravedad de las heridas. No obstante, uno de los líderes deberá someterse a una cirugía y el pronóstico permanece reservado, a la espera de un parte médico más detallado en las próximas horas.
La Defensoría del Pueblo instó a la Fiscalía General de la Nación a adelantar una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos y adoptar medidas urgentes de protección para las víctimas. El organismo reiteró la importancia de que las personas migrantes y refugiadas cuenten con respaldo y acompañamiento de las autoridades colombianas, en garantía de sus derechos fundamentales.
Los ataques contra los venezolanos no paran en el país
Y es que, en Colombia, Medicina Legal reportó que entre enero y mayo de 2025 fueron asesinados al menos 367 ciudadanos venezolanos.
Se estima que cada día mueren aproximadamente dos venezolanos en territorio colombiano por homicidio, con Bogotá, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca entre las zonas con más casos.
Además de los asesinatos, venezolanos también enfrentan otras formas de violencia institucional y social, como discriminación, inseguridad, y riesgos por su estatus migratorio.
Otro foco importante está fuera de Colombia: situaciones en las que venezolanos deportados o migrantes son sometidos a detenciones masivas, denuncias de trato arbitrario y condiciones que podrían vulnerar sus derechos humanos.
Por ejemplo, EE.UU. ha deportado cientos de venezolanos al Centro de Confinamiento de El Salvador (CECOT) acusados de pertenecer al Tren de Aragua, a pesar de ordenes judiciales que buscaban frenar estas deportaciones.
Las denuncias incluyen detenciones sin debido proceso, confiscaciones de documentos, tratos discriminatorios, y alegatos de privación de libertad en terceros países.
