Con la jura de la reforma constitucional de Santa Fe ha culminado el proceso reformista promovido por el gobernador Maximiliano Pullaro. Se reformaron 42 artículos y se agregaron 46. Pero lo más importante para el mandatario provincial es que se aprobó la cláusula que habilita su reelección inmediata -incluyendo una disposición transitoria que le permite al actual gobernador competir nuevamente en 2027- y además posibilita que, transcurrido un período, puede aspirar a postularse nuevamente a ese cargo.
Queda Mendoza como la única sabia provincia que no admite la reelección inmediata del gobernador, situación en que estaban todas las provincias hasta los primeros años del regreso de la democracia en 1983. Cabe agregar que en la reforma aprobada en Santa fe no se incluyó la cláusula anti nepotismo que también impera en la provincia cuyana que gobernara José de San Martín, lo que tal vez explique su apego a la institucionalidad cuando muchas de sus hermanas, incluso Buenos Aires, soportaron caudillos que se creían indispensables y se eternizaban en el poder. Por eso la Constitución de 1853 no aprobó cláusulas reeleccionistas y figuras del pasado como Urquiza, Roca o Yrigoyen se negaron a escuchar los cantos se sirena de los adulones del poder que proponían la reforma constitucional para que fueran reelegidos, tentación que no resistió el general Perón en el que tal vez fue su peor error, según reconocen en privado algunos de sus partidarios de entonces.
El tema del nepotismo lo hemos visto en San Luis, con los hermanos Rodríguez Saá sucediéndose y alternándose en el gobierno. También en Catamarca, tanto en gobiernos del justicialismo como radicales en el que el poder pasaba de padres a hijos; en Santiago del Estero con pases matrimoniales tanto con el juarismo como el zamorismo, o recientemente en Corrientes, donde el gobernador Gustavo Valdés será sucedido por su hermano.
Con la reforma constitucional, el gobernador de Santa Fe puede ahora nombrar otros dos miembros de la Corte provincial, pues en otro grosero error se ha ampliado el número de sitiales de cinco a siete.
Merece destacarse que la llamada Ficha Limpia, que impide que accedan a cargos políticos quienes tengan condenas confirmadas, se ha incorporado a la constitución. Así, su vigencia no dependerá de una ley que una circunstancial mayoría pueda derogar o desvirtuar con algún cambio que la neutralice.
Las constituciones se promovieron en el mundo como una manera de limitar a los gobiernos estableciendo la división de poderes y controles a lo que pueden hacer para evitar que afecten libertades y derechos individuales. La primera constitución escrita, la de los Estados Unidos, habla de la búsqueda de la felicidad; no la garantiza, aunque sí promueve que se la busque. Pero desde mediados del siglo pasado se impuso la costumbre de incluir toda un serie de vaguedades sobre supuestos derechos bastante difusos y de dudosa concreción, como los que ciertamente abundan en el nuevo texto de Santa Fe, en el que se habla del derecho a la ciudad o el derecho al agua potable.
Toda esa parafernalia de artículos que parecen dibujar un ambiente de progresos sociales sirven principalmente para enmascarar el verdadero sentido de estas reformas, que pasa por las ansias reeleccionistas de los gobernadores y es lo que ha provocado en el país la consolidación de gobiernos patrimonialistas, feudos de grupos familiares que nos hacen retroceder al país preconstitucional en el que la libertad, la vida y las propiedades estaban a merced de los gobernantes de turno, como sucede hoy en varias provincias argentinas como Formosa, Santiago del Estero y Misiones.
