ROSARIO.-Luego de que a fines de marzo pasado quedaran detenidos cuatro directivos de Vicentin, comenzó ayer la audiencia de apelación de las medidas que se dictaron contra Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, en la que la defensa de los acusados planteó un fuerte cuestionamiento a los argumentos que llevaron a la cárcel a los directivos de la agroexportadora.
Uno de los puntos más fuertes que habían usado los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno fue que los honorarios de los abogados se solventaron con fondos de la empresa agroexportadora, que está en concurso de acreedores.
En ese momento, los cuatro directivos de Vicentin quedaron detenidos en una causa por estafa y asociación ilícita, porque los fiscales consideraron que cometieron delitos estando en libertad y por lo tanto, por peligrosidad procesal, correspondía que fueran enviados a prisión.
Esa causa arrancó en 2020 y a fines del año pasado, el fiscal Moreno pidió penas de hasta 17 años de prisión para varios directivos, entre los que se encontraban Buyatti, Macua, Gazze y Scarel. El mayo de 2023, cuando la fiscalía imputó a estos ejecutivos, planteó que conformaron una asociación ilícita destinada a la “planificación y comisión de una pluralidad de delitos”, entre los que se encuentran defraudación, estafas y administración infiel.
Este nuevo capítulo se abrió a partir de la documentación que presentó un grupo de accionistas minoritarios de la empresa que pedían ser querellantes. La justicia rechazó ese planteo, pero la Fiscalía de Delitos Económicos analizó la información que presentaron y abrió una investigación sobre el uso de fondos que hacían directivos de la agroexportadora para solventar gastos personales, como, por ejemplo, el pago de honorarios a sus abogados, por un valor estimado de 1,5 millones de dólares.
Se detectó también que facturaban viajes en avión de una aeronave que era de la compañía. Los accionistas minoritarios, muchos de ellos con el mismo apellido de los fundadores de la agroexportadora, fueron quienes acercaron esa información. “Los datos estaban en el expediente. Lo que hicimos nosotros fue detectar una serie de irregularidades en desmedro de la empresa”, afirmó a LA NACION una fuente ligada a una de las familias fundadoras.
Cuando el fiscal Narvaja analizó la información, detectó y confirmó estas irregularidades, y ordenó la detención, en momentos en que el foco de la atención estaba en Scarel, expresidente de Vicentin, a quien el extitular de ARCA Carlos Vaudagna había nombrado en su declaración como arrepentido en otra causa penal. Narvaja le ganó de mano a los fiscales federales, entre ellos, Roberto Salum, de Reconquista, que investigan la relación tóxica que tenía Vaudagna con Scarel y los favores que le había hecho a la agroexportadora con la liquidación de impuestos.
El argumento de la fiscalía que generó mayor conflicto fue el de los honorarios de los abogados. Incluso, luego, el colegio de Abogados de Rosario, manifestó en un comunicado “su desaprobación a cualquier práctica proveniente de los poderes del Estado que pueda vulnerar principios fundamentales, como el secreto profesional, la confidencialidad cliente-abogado, y la autonomía en la función de defensa”.
Sobre este punto se paró este martes el abogado defensor Jorge Ilharrescondo, que hizo una fuerte denuncia contra la fiscalía, a la que acusó de haber investigado la facturación de cinco años de todos los clientes de su estudio, al igual que la de otros letrados, en un hecho que calificó de “grosera violación de las garantías constitucionales”.
Cuando hace dos meses se realizó la audiencia imputativa, se dio a conocer el detalle de las facturas cobradas por los abogados de los directivos (4 están en prisión y otros 11 imputados) con un detalle de los valores pagados por las distintas empresas del conglomerado Vicentin a sus letrados defensores.
“Esto me sublevaba como letrado de casi 30 años de ejercicio profesional. Nunca me pasó que una fiscalía me investigue, que investigue a mis socios y a otros letrados. Es así que la facturación de mi estudio jurídico del 2019 al 2024, sin diferenciación, está en manos de los fiscales, de sus empleados, de sus auxiliares, asistentes contables y de quien sabe quien más, porque incluso hubo una publicación en la prensa”, detalló Ilharrescondo.
Para reforzar esta posición, Ilharrescondo y el abogado Daniel Cuenca solicitaron un dictamen especializado a la directora de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNR, y de la carrera de especialización de Derecho Tributario de la UCA, Gabriela Tozzini. La conclusión de la especialista, según desgranaron los abogados, es que no se puede investigar a los defensores “sin una orden judicial”.
La defensa de los directivos de Vicentin hizo notar que “gran parte de la fundamentación de apariencia de responsabilidad que está cimentada en la audiencia imputativa -sobre todo los tópicos que tienen que ver con los pagos a los letrados- se construyó al amparo de una grosera violación del secreto profesional. Estamos hablando que en el caso rige una indudable exclusión probatoria”, concluyeron.
Ilharrescondo reveló que pidieron una veeduría del Colegio de Abogados de Rosario por considerar que está vulnerado el ejercicio profesional, algo que sostuvo puede afectar a cualquiera de los abogados que ejercen el derecho en el ámbito privado.
“Acá se atacó el ejercicio de la profesión, se pretende condicionar, se esgrimió una espada de Damocles contra los abogados”, apuntó, y reveló que la situación fue informada también al fiscal regional y general, además del Colegio de Magistrados y del Colegio de Abogados. “Nuestros clientes están presos por severas violaciones a las garantías constitucionales”, reiteró.
La situación es complicada para los exdirectivos que venían siendo investigados. Porque las maniobras que reveló la Fiscalía probarían que estando en libertad podían realizar operaciones para beneficiarse con dinero de la firma, que se encuentra en una situación crítica. Eso es lo que ahora objeta la defensa en la audiencia de apelación.
A la par de esta causa penal, se encuentra el concurso de acreedores de Vicentin, que también está en una situación delicada, luego de que la Corte Suprema de Santa Fe anulara el 18 de febrero pasado la sentencia que homologaba el acuerdo de la empresa con los acreedores.
En mayo pasado, el Juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, quien está a cargo del concurso, avaló que se acordaran diez contratos para el procesamiento de maíz, soja y girasol en las plantas que Vicentín tiene en las localidades de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone. Esto le dará un poco de oxígeno a la empresa para enfrentar el pago de salarios de unos 1200 operarios, que durante los meses de marzo y abril tuvieron problemas para cobrar los sueldos, algo que provocó protestas y medidas de fuerza en las plantas.
