La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este miércoles la entrada en vigor de una polémica ley de Florida impulsada por Ron DeSantis, que imponía duras sanciones penales a extranjeros que cruzaran la frontera de manera ilegal. El fallo llega en medio de una disputa nacional sobre hasta qué punto los estados pueden involucrarse en la aplicación de normativas migratorias, una potestad que históricamente recayó en manos del gobierno federal.
Bloquean la SB 4-C en Florida: una ley migratoria cuestionada desde su inicio
La norma, conocida como Senate Bill 4-C, fue firmada por Ron DeSantis en febrero de 2025 y establecía que cualquier adulto que ingresara a Florida tras haber evitado un control migratorio federal incurriera en un delito estatal, castigado con una pena mínima de prisión obligatoria. Además, exigía a la Policía local a notificar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cada vez que se realizara una detención de un extranjero sin autorización.
El juez federal de distrito Kathleen M. Williams ya había suspendido en abril la aplicación de esta ley, al argumentar que probablemente contravenía la Constitución de los Estados Unidos al invadir competencias exclusivas del poder federal. Esa decisión fue luego respaldada por la Corte de Apelaciones del 11° Circuito, que también negó la posibilidad de que la normativa se aplicara mientras continuaban las demandas judiciales.
El fallo de la Corte Suprema en contra de Ron DeSantis y a favor de los migrantes
El máximo tribunal de EE.UU., sin emitir fundamentos ni revelar cuántos votos respaldaron la medida, se limitó a dejar en pie la orden del tribunal inferior: Florida no podrá aplicar la nueva ley hasta que finalice el proceso judicial que evalúa su constitucionalidad. Esta breve, pero contundente decisión, citada por The Washington Post, representa un importante freno a las ambiciones de DeSantis de convertir a su estado uno de los más severos contra los migrantes indocumentados.
Uno de los elementos más debatidos fue la ausencia de excepciones humanitarias dentro del texto legal. Según quedó expuesto en los documentos judiciales, la SB 4-C no contemplaba a las personas con solicitudes de asilo pendientes ni a quienes buscaban refugio por razones humanitarias, lo cual generó fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
La defensa de James Uthmeier, declarado en desacato
El procurador general de Florida, James Uthmeier, intentó revertir la paralización de la ley al alegar que esta no pretendía contradecir la normativa federal, sino basarse en ella para fortalecer el control migratorio en el estado. En sus presentaciones ante la Corte Suprema, advirtió que la imposibilidad de aplicar la ley dejaba a la administración estatal “incapacitada para combatir los graves daños derivados de la inmigración ilegal”.
Sin embargo, sus declaraciones posteriores generaron controversia. Luego de que la jueza Williams le ordenara cesar toda comunicación institucional que sugiriera lo contrario, Uthmeier fue declarado en desacato civil tras haber enviado una carta a las fuerzas de seguridad del Estado donde indicaba que, en su opinión, la orden judicial “no impedía legalmente” aplicar la ley.
La Corte de Apelaciones no solo tomó nota de ese acto de rebeldía, sino que lo utilizó como argumento para mantener la suspensión de la ley. Según el fallo, aun cuando el fiscal pudiera tener razón sobre el alcance de la orden de la jueza, “eso no justifica lo que al menos parece una amenaza velada de no acatarla”.
