
Las autoridades federales de Estados Unidos endurecieron el escrutinio de las solicitudes de residencia permanente luego de que se identificó que el presunto responsable del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington colaboró con una unidad respaldada por la CIA en Afganistán. Según informó la cadena CNN, el gobierno federal dispuso una revisión exhaustiva de las políticas migratorias vinculadas a extranjeros provenientes de naciones que figuran en la lista de “especial preocupación”. Joseph B. Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), explicó en la red social X que la decisión proviene de instrucciones del presidente Donald Trump, tras el ataque en la capital del país.
Tal como publicó el medio, la Agencia Central de Inteligencia estadounidense identificó a Rahmanulá Lajanwal como el agresor acusado del ataque armado a plena luz del día. Lajanwal, de nacionalidad afgana, contaba con antecedentes de colaboración militar con una fuerza aliada de Estados Unidos durante la guerra en Afganistán. Antes de su ingreso a territorio estadounidense, las agencias competentes descartaron la existencia de vínculos terroristas, por lo que no encontraron motivos para restringirle el acceso o denegarle la residencia, según detalló el medio.
El tiroteo, que dejó a dos miembros de la Guardia Nacional internados en estado crítico debido a la gravedad de las heridas, motivó una respuesta inmediata de las autoridades. Edlow afirmó que se efectuará “una reevaluación rigurosa y a gran escala de cada tarjeta verde para cada extranjero procedente de un país de especial preocupación”, según publicó el medio. Desde la administración Trump insisten en que la protección del país y de la población representa la “prioridad fundamental”, atribuyendo lo ocurrido a políticas migratorias previas consideradas menos estrictas.
La fiscal del distrito de Columbia, Jeanine Pirro, presentó cargos contra Lajanwal por tres delitos de agresión con intención de matar y uno adicional por posesión ilegal de armas. Según consignó el medio, el debate sobre las políticas de inmigración se intensificó al conocerse los antecedentes del sospechoso y las particularidades de su proceso migratorio, especialmente en cuanto a los procedimientos de revisión de antecedentes a solicitantes relacionados con fuerzas aliadas estadounidenses en zonas de conflicto.
Tras el episodio, la decisión oficial incluyó una lista de diecinueve países ubicados en la categoría de “especial preocupación”, conforme a las reglas definidas en la orden ejecutiva de junio sobre restricciones de entrada. Entre estos países se encuentran Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, entre otros, según informó CNN y reportó el medio. La inclusión de estas naciones responde a preocupaciones sobre seguridad nacional y la posibilidad de que ciudadanos de estas áreas representen riesgos adicionales, según destacaron fuentes oficiales.
El medio detalló, además, que la política de refuerzo de la presencia de la Guardia Nacional en Washington responde a una estrategia implementada desde la Casa Blanca con el objetivo de responder al aumento de la delincuencia en la capital. Esta operación se ha replicado en otras ciudades de Estados Unidos para hacer frente a situaciones similares, de acuerdo con lo informado por las autoridades.
En cuanto a la revisión de antecedentes, la información publicada por el medio indica que el historial militar del sospechoso y su colaboración con una fuerza apoyada por la CIA no fueron considerados motivo de riesgo tras las evaluaciones iniciales. Según la revisión posterior al ataque, la confirmación de estos datos ha profundizado el debate sobre los mecanismos y criterios aplicados en casos en los que los solicitantes de residencia permanente han trabajado con organismos estadounidenses en conflictos internacionales.
El anuncio de nuevas revisiones migratorias ocurre en un contexto de amplias tensiones políticas y sociales, acentuadas tras el ataque sufrido por los uniformados de la Guardia Nacional. Funcionarios federales sostienen que esta medida busca impedir que solicitantes provenientes de zonas designadas como peligrosas constituyan una amenaza para la seguridad interna una vez autorizados a residir en el país, según reiteraron fuentes del USCIS.
Las investigaciones sobre el tiroteo continúan, mientras el proceso judicial contra el acusado avanza con la presentación de cargos graves. Según reportó el medio, el endurecimiento de los controles sobre las “tarjetas verdes” tiene como objetivo principal evitar episodios similares y fortalecer los filtros en el proceso de admisión de extranjeros.
Los funcionarios consultados por el medio coincidieron en que el caso en Washington evidencia la necesidad de revisar los procedimientos actuales para otorgar la residencia permanente, especialmente a quienes provienen de países en conflicto o bajo observación internacional por motivos de seguridad. El gobierno estadounidense insiste en que estas medidas forman parte de un esfuerzo coordinado destinado a proteger a la población y responder de manera efectiva ante nuevas amenazas.
