Las autoridades estadounidenses han señalado por incitación antisemita a la secretaria general de Podemos y exministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, por haber organizado un acto en el Congreso de los Diputados bajo el título ‘Defensa de Palestina y criminalización en Europa’, en el que intervinieron dos activistas propalestinas.
«El 3 de junio (de 2024), la diputada y exministra de Derechos sociales Ione Belarra organizó un evento en el Parlamento durante el cual las oradoras invitadas glorificaron el ataque de Hamás del (7) de octubre de 2023 contra Israel y afirmaron que Israel no tenía derecho a existir», señala el informe anual de Derechos Humanos publicado este martes por el Departamento de Estado.
En el apartado del documento sobre ‘actos de antisemitismo e incitación antisemita’, la cartera diplomática ha recogido que «grupos de la comunidad judía expresaron su preocupación por el uso de lemas que consideraban antisemitas por parte de políticos».
De hecho, ha subrayado que el Ministerio del Interior ha registrado «un aumento significativo en el número de delitos de odio antisemitas», al pasar de trece en 2022 a 23 en 2023, lo que representa un incremento del 77 por ciento; y que el Observatorio de Antisemitismo de la Federación de Comunidades Judías de España denunció «múltiples incidentes antisemitas durante el año».
En este sentido, ha recogido que dichos incidentes incluyeron discursos de odio antisemitas en redes sociales, así como amenazas de violencia contra personas judías y vandalismo. Además, ha recordado que la Red Académica contra el Antisemitismo observó «un ambiente hostil en los campus» universitarios, denunciando acoso a estudiantes y académicos judíos.
El mencionado informe, que aborda otros temas como la libertad de prensa y los derechos laborales, ha recordado que varios organizaciones no gubernamentales siguen denunciando que la Policía continúa restringiendo la libertad de expresión, en el marco de la ley Mordaza.
No obstante, Washington ha concluido que en España no se han producido «cambios significativos en la situación de los Derechos Humanos», considerando que no ha habido «informes creíbles de violaciones significativas» en este sentido y que el Gobierno ha tomado «medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que han cometido abusos contra los Derechos Humanos.
