Las relaciones diplomáticas entre España y Estados Unidos atraviesan un momento marcado por el distanciamiento y la cautela mutua. Las posturas del Gobierno español en asuntos como el reconocimiento a Palestina, la vinculación con empresas tecnológicas chinas y la ausencia de gestos hacia la Casa Blanca han provocado ralentización en los contactos bilaterales.
Por su parte, en el escenario político de Washington se ha intensificado la especulación sobre posibles acciones en Venezuela. Según informaciones recogidas por diversos medios, en Estados Unidos no se descarta una intervención de alcance limitado – calificada en ambientes políticos como “quirúrgica” – cuyo desarrollo dependería de la reacción del Gobierno de Caracas. El trasfondo de estas tensiones apunta tanto a motivos estratégicos como a diferencias en la gestión de intereses compartidos.
El presunto papel de Zapatero en Venezuela
La anterior administración estadounidense, bajo el mandato de Donald Trump, adoptó una línea de mensaje directa sobre la gestión del caso venezolano. Durante una comparecencia en la Casa Blanca, Trump respondió a una pregunta sobre el posible uso de la fuerza en Venezuela con la frase: “Simplemente vamos a matar a las personas que están trayendo drogas a nuestro país”. En la última reunión de su Gabinete, reiteró que evitaba la guerra convencional, pero subrayó la opción de iniciar “con los ataques por tierra. Será mucho más fácil así”. Durante ese encuentro, señaló el objetivo de “cargarnos a esos hijos de puta”, en referencia a quienes, según su administración, participan o protegen el tráfico de drogas, incluyendo tanto a presuntos narcotraficantes como a altos cargos chavistas.
En este contexto, informes internos de la Casa Blanca, citados por El Debate, identifican a José Luis Rodríguez Zapatero – expresidente del Gobierno español – como uno de los principales apoyos internacionales del Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, junto a Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Varios congresistas estadounidenses han llegado a considerar medidas como la prohibición de entrada a EE. UU. para Zapatero o la emisión de una declaración de condena pública. El secretario de Estado, Marco Rubio, habría priorizado el desmantelamiento de la red internacional de apoyos al chavismo.
Según información publicada por Vozpópuli, la Administración estadounidense lleva tiempo reuniendo pruebas para abrir un eventual procedimiento judicial contra Zapatero por su presunta colaboración en la legitimación del Gobierno venezolano ante organismos internacionales, incluyendo la Corte Penal Internacional. Estas acciones habrían estado financiadas, según fuentes citadas, con recursos procedentes del petróleo y el oro de Venezuela y con apoyo logístico de procedencia cubana.
Las investigaciones también se extienden a otros políticos españoles, como el exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos y el exembajador en Caracas Raúl Morodo, condenado en España por delitos fiscales relacionados con pagos de PDVSA, la petrolera venezolana. También figuran supuestas conexiones con el exministro de Defensa José Bono y el exjuez Baltasar Garzón, a raíz de su asesoría en asuntos vinculados al chavismo.
El foco sobre Venezuela se intensificó tras el anuncio de futuras revelaciones del exjefe de inteligencia Hugo “El Pollo” Carvajal. El exmilitar, actualmente en prisión en EE. UU., ha manifestado su intención de entregar información detallada a la Fiscalía estadounidense sobre presuntas redes de corrupción donde, supuestamente, aparecerían mencionados altos exfuncionarios españoles.
Esta revelación se acompaña de un documento que Carvajal remitió al expresidente Trump, describiendo la estructura del llamado “Cártel de los Soles”, una organización que, según su testimonio recogido por ABC, habría gestionado tráfico masivo de cocaína, influencia política internacional y vínculos directos con servicios de inteligencia extranjeros.
El contrato de Huawei y el recelo por la tecnología china
En paralelo, la adjudicación de un contrato por parte del Ministerio del Interior español a la empresa Huawei – valorado en 12,3 millones de euros – ha generado inquietud en el seno del Partido Popular y especialmente entre responsables estadounidenses. El acuerdo contempla el almacenamiento digital de grabaciones obtenidas por fuerzas de seguridad bajo autorización judicial.
Ante el riesgo de que información sensible pudiera llegar a China, los presidentes de los comités de inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes, Tom Cotton y Rick Crawford, remitieron una carta a la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard solicitando una revisión de los acuerdos bilaterales de intercambio de información con España.
El Gobierno español ha defendido la seguridad del sistema, explicando que constituye una infraestructura cerrada y sin acceso externo, y que las grabaciones no se relacionan con investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sino con actuaciones policiales enfocadas al delito común. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, enfatizó ante los medios que “el riesgo de una mala utilización o de una mala praxis es cero”.
La preocupación estadounidense no se reduce a los argumentos técnicos. Fuentes diplomáticas explican que la Administración mantiene sus reservas por motivos políticos y estratégicos, considerando la presencia de tecnología china en infraestructuras críticas como una “línea roja”. La polémica viene precedida por instrucciones similares durante la cumbre de la OTAN en Madrid y se alinea con las recomendaciones recientes de la Comisión Europea, que pide restringir o excluir a Huawei de las redes 5G debido a los posibles riesgos para la seguridad.
Política de defensa, gasto militar y bases estratégicas
La política de defensa representa otro de los capítulos sensibles en la agenda común. La Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump, según documentos oficiales y comunicaciones citadas por varios medios, establece que los países aliados deben destinar al menos el 5% de su PIB al gasto militar para acceder a acuerdos bilaterales preferenciales en los ámbitos comercial y tecnológico. España, que no alcanza ese umbral, quedaría fuera de esas ventajas. Trump ya ha increpado al ejecutivo español en alguna ocasión, amenazando con “echar” a España de la OTAN – algo que no es posible – o invitando a Mark Rutte (secretario general de la Alianza) a “tomar medidas”.
La estrategia marca un giro respecto a décadas anteriores: Washington afirma que “los días de que Estados Unidos sostenga el orden mundial como Atlas han terminado” y fija un marco de cooperación donde la Unión Europea aparece como bloque en crisis. El texto advierte sobre riesgos como la presión migratoria, la reducción de la natalidad o el posible debilitamiento de la identidad nacional en Europa, así como la necesidad de que cada país asuma la plena responsabilidad de su defensa.
En este contexto, la contribución de España a la seguridad occidental mantiene su eje en las bases de Rota y Morón de la Frontera. Fuentes militares han confirmado la utilización de estas instalaciones para operaciones logísticas recientes, como el apoyo al despliegue de aviones estadounidenses en misiones sobre Oriente Próximo, bajo titularidad y control español conforme a acuerdos bilaterales vigentes.