Baleares figura entre las comunidades que destinan un mayor porcentaje de la renta media de sus hogares a las Rentas Mínimas de Inserción (RMI), alcanzando el 33,6%. Este dato, destacado en el informe difundido este martes por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, revela contrastes significativos en la asignación de recursos para apoyar a familias en situación de pobreza, una situación que también se replica en otros territorios como Cataluña, Canarias, Asturias y Comunidad Valenciana, mientras que Murcia, Madrid y Aragón presentan un esfuerzo considerablemente más bajo respecto a la renta media de sus hogares. Estas diferencias evidencian la disparidad regional y son parte de la realidad descrita en el último reporte de la asociación, donde solo tres comunidades autónomas han logrado aumentar el número de beneficiarios de la RMI en los últimos tres años frente a un panorama general de disminución de cobertura y recursos.
Según publicó la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y recogieron diversos medios, solo un 6,1% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España accede a las rentas mínimas autonómicas, lo que equivale a 532.070 personas. Frente a esta cifra, el 93,9% permanece excluido de este respaldo, conforme al informe. Las diferencias entre regiones resultan muy marcadas, con comunidades como Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía en los niveles de cobertura más bajos, alcanzando apenas al 0,1%, 0,4% y 0,6% de sus respectivas poblaciones en situación de pobreza. Por el contrario, el País Vasco destaca por una cobertura del 62,9%, mientras que Navarra registra el 35,4%. El documento de la asociación señala que estas brechas ponen de manifiesto cómo varía la capacidad de respuesta social según el territorio y la configuración de sus sistemas autonómicos.
La presentación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a escala estatal, implementado en 2020, coincidió con una disminución notable tanto en el número de beneficiarios de las RMI como en los fondos disponibles para estas ayudas en la mayoría de las comunidades autónomas. Según la información proporcionada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el número total de personas que reciben la renta mínima ha caído en más de 170.000 personas desde entonces. El informe registra además que trece comunidades han recortado su inversión en estos programas, y la reducción global de beneficiarios se sitúa en el 33,1%.
Madrid encabeza el descenso de beneficiarios con una caída del 95,3% en el número de personas atendidas por la RMI. En Castilla-La Mancha, según señaló la asociación, nueve de cada diez usuarios han dejado de recibir la ayuda. Andalucía y Castilla y León reportaron caídas del 87,2% y 81,7% respectivamente. Esta tendencia generalizada responde a un traslado de recursos y atención hacia el IMV estatal y a la redefinición de criterios y prioridades en las políticas autonómicas.
Frente a este retroceso, únicamente Comunidad Valenciana, Canarias y País Vasco incrementaron el número de personas que accede a la renta mínima durante el periodo examinado, con aumentos del 87,8% en la Comunidad Valenciana, 35,8% en Canarias y 2,5% en el País Vasco, según confirmó la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. En el caso de la inversión económica, Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana y País Vasco elevaron sus presupuestos para las RMI. Entre ellas, Canarias destaca por un aumento del 139% en los recursos asignados a estas prestaciones.
El contraste es aún más marcado en Madrid, que redujo el presupuesto destinado a la renta mínima en un 95%, lo que supuso dejar de asignar más de 130 millones de euros a estas ayudas. Por su parte, Aragón disminuyó su dotación un 93%. Estas decisiones contribuyeron a agrandar la brecha existente en la cobertura y la cuantía de las prestaciones proporcionadas en función del lugar de residencia.
El informe también apunta a una bajada en el importe medio que reciben los beneficiarios de la RMI, que representa actualmente el 15,3% de la renta media de los hogares en todo el país. Esta proporción supone un descenso respecto al año anterior y oculta diferencias relevantes entre comunidades, ya que, además de Baleares (33,6%), Cataluña (18,8%), Canarias (18,1%), Asturias (16,2%) y Comunidad Valenciana (14,3%) sobresalen por encima de la media. Murcia (9,2%), Madrid (9,4%) y Aragón (1,4%) se sitúan en los valores más bajos, según especificó la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
En cuanto al perfil de las personas que acceden a la RMI en las diferentes autonomías, el informe determina que seis de cada diez titulares son mujeres. Dentro de la muestra de usuarios, el 23,4% tiene menos de 35 años. Más de 87.000 menores forman parte de familias beneficiarias de estas rentas, lo que refleja el alcance de estas ayudas en hogares con menores a cargo.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales también exploró la cobertura conjunta entre los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y las rentas autonómicas. Si se considera a quienes reciben cualquiera de estas dos prestaciones, excluyendo los beneficiarios del complemento de infancia asociado al IMV, la cobertura alcanza a 1,4 millones de personas en situación de pobreza en España. Pese a este volumen, la organización resalta que la mayoría de la población vulnerable sigue al margen de la protección social directa, especialmente derivado del progresivo descenso en la cobertura autonómica descrito en su análisis.
Finalmente, la asociación sostiene que la creación del Ingreso Mínimo Vital se presentó como una ocasión para que las comunidades autónomas orientasen los programas de RMI hacia estrategias de inclusión social más efectivas, superando la simple transferencia de ayudas a quienes cuentan con rentas bajas. Según el informe, este objetivo no se ha consolidado, pues los recortes y la reducción de la cobertura dominan el panorama en la mayoría de regiones, limitando el impacto y el alcance de los sistemas autonómicos de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad social.
