El abogado José Duarte, defensor de uno de los menores acusados en el juicio que continúa este viernes en los juzgados de Ronda Norte de Badajoz por la muerte de una educadora social, ha avanzado que mantendrá en sus conclusiones finales la absolución del menor, que en el momento de los hechos el pasado mes de marzo tenía 15 años, en el caso del homicidio.
En declaraciones a los medios antes del inicio de la tercera jornada del juicio, José Duarte González, acompañado de Aurelia Martín del Viejo, ha explicado sobre sus conclusiones finales que la idea inicial en el escrito de defensa provisional «hace meses ya se planteó» que la petición fuera de una sentencia absolutoria. A lo largo de la práctica de las pruebas, entienden que «se ha consolidado esa posibilidad» y en su informe «lógicamente» van a sostener que la jueza dicte una sentencia absolutoria para su defendido en el caso del homicidio.
En el caso de otros delitos que se imputan a los tres menores acusados, ha matizado sobre la sentencia que «por otras razones» y como se trata de una medida que es sancionadora, pero también educativa, lleva tiempo sufriendo una medida cautelar por la que está privado de libertad. «Por tanto, en el caso de que se pudiera condenar, vamos a imaginar por la sustracción de algún objeto o por conducir sin carné, esa medida realmente quedaría sin efecto por la compensación de la privación de libertad que lleva desde entonces», ha indicado.
En este punto y preguntado por en qué se basaría la absolución que pide para su defendido, Duarte ha considerado que, «al principio», se plantearon unas cuestiones previas, algunas de las cuales fueron admitidas por su señoría y otras desestimadas, que «hacen relación a la posible vulneración de algún derecho fundamental que puede afectar a algún tipo de práctica de prueba». «Entonces, en ese sentido lo vamos a hacer valer», ha dicho.
También «las evidentes contradicciones entre lo que se intenta acreditar por parte de las acusaciones y lo que da de sí la prueba practicada en estos días». «Nosotros teníamos la esperanza de que esas contradicciones fueran insalvables y entendemos que así lo son; son contradicciones entre lo que dicen los que han intervenido, tanto los agentes como las periciales, como las pruebas que se han practicado», ha dicho.
DIEZ DÍAS SIN ABOGADO
Sobre dicho derecho fundamental, ha matizado que «hay algunos aspectos que son muy importantes» y que «se ha dado mucha trascendencia» a un tipo de prueba que se practicó durante la instrucción de la Fiscalía, cuando «esa prueba realmente se tenía que haber practicado en presencia letrada», de manera tal que en el caso de algunas pruebas «cuando afectan a derechos fundamentales tiene que estar presente el abogado».
En este caso, además, concurrió que hasta que se le designó como abogado del menor por el turno de oficio pasaron diez días, en los que «lógicamente el menor no pudo ejercer sus derechos», y ante lo que ha puesto el acento en que hay pruebas que se han practicado sin la intervención del letrado y entienden que no se le puede dar por «válida». «Y lo más importante, si esa prueba arrastra a otras, también contaminaría a la siguiente», ha destacado.
Del mismo modo, José Duarte ha señalado que algunas pruebas que se han practicado «exculpan directamente» a su defendido, tras lo que ha aseverado que van a ver «exactamente al final» qué es lo que decide su señoría, así como que esperarán a la sentencia que, como ha recordado, posteriormente se puede recurrir a la Audiencia Provincial y en la que se celebrará una vista, de manera tal que «este asunto tiene recorrido».
Por otro lado, ha avanzado que tienen pensado pedir una indemnización a favor del padre del menor que defiende porque «evidentemente» y ante la situación en la que estaban los chicos en ese centro, mediante una subcontrata, «hay que buscar responsabilidades y hay que exigirlas», algo que van a hacer porque «no se puede consentir» y que podría llevar a cabo en un proceso independiente y aparte de este.
En este punto, ha apuntado que, cuando la sentencia recoja algunos hechos acreditados, estos sí van a «dar pie» a que «se tenga en cuenta» que la guarda del menor que él defiende era de la Junta de Extremadura, «entonces, la responsabilidad de cómo se encontraba, con quién se encontraba y de qué manera se encontraba, y lo que estaba sucediendo muchos días anteriores, que no se ponía coto ni freno, evidentemente el padre tiene el derecho, y lo va a hacer, de exigir esa responsabilidad». En función de la sentencia y de los hechos probados verán a quién se la exigen, ha concluido.
José Duarte es el único abogado que ha querido hacer declaraciones al inicio de la tercera jornada del juicio en torno a la muerte de la educadora social, Belén Cortés, presuntamente a manos de los tres menores que atendía en un piso tutelado.