El activista propalestino Mahmoud Khalil, detenido a principios de marzo y liberado meses después en medio de la represión ejercida por las autoridades estadounidenses a las protestas contra la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, ha presentado este jueves una demanda que pide 20 millones de dólares (poco más de 17 millones de euros) por daños y perjuicios a la Administración de Donald Trump.
«Solicitamos 20 millones de dólares en daños y perjuicios contra la Administración Trump debido al arresto inconstitucional e ilegal y todas estas condiciones a las que me sometieron. Este es solo el primer paso hacia la rendición de cuentas, que esta Administración tiene que pagar por lo que está haciendo contra mí o contra cualquiera que se oponga a su agenda fascista», ha declarado Khalil a la cadena de televisión estadounidense NBC News.
El estudiante graduado por la Universidad de Columbia, que ha permanecido durante más de tres meses en un centro de detención en Luisiana acusado de apoyar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha abierto la puerta a una alternativa a la indemnización porque, según ha indicado «mi objetivo no es enriquecerme».
«O los 20 millones de dólares o una disculpa oficial de la Administración, porque, en última instancia, mi objetivo no es enriquecerme. No quiero este dinero solo porque lo necesite. Lo que quiero es una verdadera rendición de cuentas. Una verdadera rendición de cuentas por las injusticias que se cometieron contra mí con los procesos maliciosos que se me imputaron por todo esto», ha asegurado.
En caso de recibir la indemnización, Khalil ha señalado a la cadena que su intención es compartirla con otras personas que hayan sido objetivo del intento «fallido» del presidente estadounidense de reprimir el discurso propalestino.
La demanda, presentada por sus abogados basándose en la Ley Federal de Reclamaciones por Agravio, cita a los departamentos de Seguridad Nacional y de Estado, así como al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
No obstante, el caso de deportación contra el activista de 30 años continúa su camino a través del sistema judicial de inmigración, con un recurso contra su arresto presentado ante un tribunal penal federal de Nueva Jersey.
En este sentido, Khalil ha denunciado que «han hecho todo lo posible por perseguirme por mi discurso, por quién soy, y no por ningún delito que haya cometido». «No he cometido ningún delito», ha añadido, antes de asegurar que «las políticas draconianas y autoritarias» de la Administración Trump «no le impedirán alzar la voz contra el genocidio que está ocurriendo en Palestina en este momento».
Por su parte, la Casa Blanca ha calificado la afirmación de Khalil de «absurda». La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ha acusado además a este joven titular de una ‘green card’ de tener un «comportamiento y retórica odiosos» hacia los estudiantes judíos.
